UN BENEFICIO (MÁS) PARA EL EMPRESARIO Y NO PARA EL USUARIO

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JORGE JUÁREZ

JORGE JUÁREZ

UN BENEFICIO (MÁS) PARA EL EMPRESARIO Y NO PARA EL USUARIO

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En El Salvador los subsidios son una estrategia para mantener contenta a la población, dejando de lado el verdadero significado: la redistribución de bienes para poder brindar la oportunidad de acceso a aquella parte de la población con mayores necesidades.

En la presente columna se hace un análisis específicamente del subsidio al transporte público, el cual pretende mantener los costos de las tarifas / pasajes en un nivel promedio, en el que a pesar de los diferentes cambios en el precio del petróleo no golpee los presupuestos y el bolsillo de los salvadoreños.  Lastimosamente, este es el único subsidio, en el cual se brinda una cantidad de dinero por parte del Estado a cada propietario de las unidades de transporte, sin tomar en cuenta al usuario. Bajo este contexto, se evidencia que es difícil el control del gasto público que genera el gobierno al hacer la comparativa con los subsidios del gas, energía y agua. Estos tres mencionados están regulados por el consumo que hagan los usuarios de estos, y están aplicados directamente al ciudadano; el de la energía depende del consumo en kilowatts, el del agua depende del consumo en metro cúbico y el del gas depende del consumo de energía eléctrica. Por otro lado, el subsidio al transporte público es el único que no relaciona directamente a la población sino por el contrario este se ve relacionado directamente con el empresario.

El problema es que estos empresarios no brindan el mantenimiento adecuado a sus unidades, no respetan los tiempos de ruta, no velan por la salud y el bienestar de sus pasajeros y se han convertido en uno de los principales causantes de accidentes de tránsito en El Salvador. Lastimosamente, a través de los años hay hechos que confirman este argumento, en los cuales muchos autobuses y microbuses, debido a sus desperfectos mecánicos han causado accidentes que han costado las vidas de muchas personas y a pesar de esto, el Estado no regula esta política, se debe empezar a velar por la seguridad y bienestar de los pasajeros. A parte, es lamentable que a pesar de las regulaciones y restricciones de años para las unidades y otras medidas maquilladas que ha generado el país, aún se vean buses y microbuses en mal estado. Y no hay que enfocarse solo en el mal estado, sino en la falta de un verdadero compromiso en ofrecer un servicio de calidad, que cuente con un verdadero control de funcionamiento ya que las famosas experticias no están certificadas o mejor dicho las empresas que las realizan no cuentan con un certificado de calidad que valide su legitimidad. Esta política necesita un mejor marco legal que le permita evolucionar hasta un nivel en donde cumpla con las condiciones necesarias para generar un verdadero impacto en la sociedad salvadoreña. Sumado a esto, los permisos para transporte de personal deberían de tener condicionales que permitan la adquisición sin tanta burocracia y por el contrario que permita cumplir con requisitos mínimos en cuanto a salud ocupacional y bienestar.

Las falencias que se ven en esta política son más vinculadas a favores políticos que a una falla en el diseño, esto se debe a que no se consideran aspectos de vital importancia y se siguen cometiendo los mismos errores por parte del gobierno, en donde para obtener un permiso, fortalecen la parte burocrática pero no una parte funcional que permita verificar el cumplimiento de todo lo que se ha descrito anteriormente. Cabe mencionar que existen algunas empresas que se preocupan por mantener las unidades en una forma óptima de funcionamiento, pero esto queda al criterio del propietario de las unidades de transporte, lo cual, no es un factor común entre la mayoría de ellos. Sin embargo, si el gobierno genera la petición de estas condiciones mínimas por medio de un agregado en dicha política, cambiaría el concepto de cada uno sobre la seguridad en las unidades de transporte, pensando no en el empresario sino en el usuario; analizando la posibilidad de cambiar la forma en que se canaliza este subsidio y que ya no sea dirigido al empresario sino dirigido al usuario.  

Esto genera la posibilidad de una reducción en el gasto público ya que por el momento se hace una distribución sin control, sin supervisión; se entregan subsidios a unidades que no están en circulación, unidades que parecen un Frankenstein, conteniendo partes de otros vehículos. Es tiempo de cambiar, hagamos una mejor política, exijamos más y mejores políticas. ¡Que ya no nos den atol con el dedo!