¿EXISTE UN ESTADO DE DERECHO REAL EN EL SALVADOR?

En El Salvador, ¿qué significa el respeto a la institucionalidad del Estado? La institucionalidad del Estado es un ente cuyo objeto primordial es la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común de acuerdo a lo enunciado en el Artículo 1 de la Constitución. El gobierno del Estado es republicano, democrático y representativo (Según el Art.85, de la Constitución) ejercitándose el poder público a través de tres órganos: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (Art.86, de la Constitución). La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y el sistema político establecido (Art.88, Cn.).

Estos y otros principios básicos establecidos en la Constitución determinan el carácter y naturaleza de la organización política que posee el Estado, la vulneración de los cuales implica el deterioro o destrucción del sistema institucional y de la institucionalidad de la República. A lo largo de la historia en El Salvador, se evidencia claramente una ausencia de la institucionalidad, citando, por ejemplo: los disturbios políticos de la primera mitad del siglo XIX, las guerras con Nicaragua y Honduras, cuatro golpes de estado, una rebelión indígena, y la injusticia jurídica-social y la guerra civil, que socavaron la capacidad productiva del país y su insípida institucionalidad. Aunado a esto, tres de los últimos cinco presidentes han sido procesados por corrupción. Eso a lo que hoy llaman ingobernabilidad es entre otras cosas, el efecto más aparente del irrespeto a la institucionalidad que en muchos casos puede ser provocado por las mismas autoridades que dirigen el Gobierno. 

Hoy por hoy, el tópico se vuelve novedoso   por todo el conflicto social y la coyuntura política que vivimos, por ello el tema se ubica en la palestra, cuando antes no había querido ser reconocido; porque en este tema El Salvador, es fuertemente criticado, a raíz de los resultados de estudios de USAID, de la Embajada Americana, críticas de otros Embajadores y a nivel nacional se señala el deterioro del mismo por muchas organizaciones sociales. Es indudable que todo lo anterior ha desgastado paulatinamente al país y opacado sus verdaderos alcances. Por ejemplo, se ha afectado la institucionalidad cuando los órganos del Estado no funcionan armónica y coordinadamente como se ha evidenciado en los últimos años gracias a la pugna entre el Órgano Judicial y Legislativo; o cuando la defensa de la independencia de cada uno de los poderes se transforma en la procuración de cuotas de poder exclusivo, como se evidencia cuando se dictan leyes para proteger o beneficiar a grupos, o que los mismo no eligen a los funcionarios de segundo grado por meritocracia, sino más bien se reparten las instituciones con cuotas de poder, como lo que ocurrió en la elección de Magistrados y Procurador… y esperando que no suceda lo mismo con la elección del próximo Fiscal General. 

Se ha vulnerado también la institucionalidad de la Nación cuando el Órgano Legislativo, en vez de deliberar sobre la conveniencia o inconveniencia de la aprobación de leyes, asume el carácter de  negociadores particulares. La falta de conciencia y de conocimiento por parte de los gobernantes determina muchas veces esta clase de desviaciones de poder, que deterioran la institucionalidad del Estado de arriba hacia abajo, pues el efecto de dichas conductas se repite hasta las esferas más ínfimas, traduciéndose a la postre, en una circunstancia generalizada de irrespeto a las autoridades y a la ley, multiplicándose tales actuaciones por los funcionarios de elección de segundo grado, jefes de sección o instituciones claves: magistrados, jueces, fiscales, resolutores, policías y/o servidores públicos. Por lo que es necesario un VERDADERO diálogo para reformas del sistema político salvadoreño prioritarias para el fortalecimiento de la democracia, proponiendo lo siguientes: despartidización y separación de funciones del Tribunal Supremo Electoral, reforma del sistema de contralorías y control de fondos públicos, legislación de partidos políticos, e institucionalización del diálogo, entre otras. 

Es urgente un Estado de derecho: La construcción real del mismo es una de las metas de la sociedad, aunque hoy por hoy es una aspiración de la golpeada sociedad salvadoreña. No cabe duda que muchas veces se ha usado como una simple expresión retórica, sin prestar atención a su verdadero significado. La construcción de un verdadero Estado de derecho requiere la comprensión exacta del término y más importante aún, la intención de lograrlo, un verdadero y práctico compromiso a su consecución. El estado de derecho no es el resultado de un conjunto de buenas intenciones o de declaraciones de apoyo, sino una vivencia real de ciertos principios. La creación y el mantenimiento de un estado de derecho no es labor de un sector de la sociedad, sino de la abrumadora mayoría de sus miembros. No puede hablarse de estado de derecho si únicamente algunos están empeñados en su consecución y no a la unión de los poderes del estado a ese fin. Así, podemos denotar que existen dos aspectos importantes en el estado de derecho: el primero se refiere a los gobernados y el segundo a los gobernantes. La conclusión es ¿existe un estado REAL de derecho y TRANSPARENCIA en El Salvador? Sólo tiene que compararse la realidad nacional con los requisitos que hemos establecido y los ejemplos señalados  para advertir la necesidad, de parte de gobernantes y gobernados, de un cambio de actitud, que denote un verdadero esfuerzo por sembrar las bases para la consecución de este ansiado ideal y con esto la construcción de un camino a la Institucionalidad Salvadoreña.