Los enemigos de las playas

Una vez más, algunos dirigentes centroamericanos buscan la manera de encontrar en la región, la esperanza de Francisco Morazán, la de mantener la unión de los pueblos, pese a las diferencias ideológicas y políticas existentes. El lugar indicado para abordar ese tema en la sede del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), organismo que está por cumplir treinta años y que en su reciente cumbre no contó con la presencia de ningún presidente de la región a excepción del anfitrión Jimmy Morales, de Guatemala. 

Es una ironía que los discursos se enfocaron en buscar una Centroamérica unida por los intereses económicos. 

Economistas, como Jonathan Menkos -director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales- ven con buenos ojos a la región, vaticinando que Guatemala, El Salvador y Honduras se pueden convertir en la octava economía más grande de América Latina, con un Producto Interno Bruto de más de 122 millones de dólares. Guatemala con un PIB de $75.62 millones a 2017. Honduras con casi 23 millones y nuestro país con 24.81 millones, según datos del Banco Central de Reserva. 

Desde junio de 2017 Guatemala y Honduras suscribieron un acuerdo de integración aduanera, con el objetivo de permitir un tránsito más fluido por las fronteras. 

A partir de este mes de junio, El Salvador tendrá la Secretaría Pro Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana SICA, ahora con un El Salvador parte del proceso iniciado por sus vecinos. Lo que queda pendiente es hacer efectiva la operatividad aduanera superando los problemas posiblemente técnicos que de voluntad política. 

Pero fuera de las buenas intenciones emanadas por los representantes de los presidentes, hay otra realidad matemática que golpean los bolsillos para millones de habitantes del Triángulo del Norte. 

La percepción de la población menos afortunada y que no comprenden estrategias económicas y crecimientos según los parámetros del PIB, es que su economía familiar no da abasto. Que sus hijos en edad productiva no encuentran trabajo, y aquellos que viven en zonas rurales tampoco tienen apoyo técnico y financiero para mejorar la producción agrícola.  

Estas familias viven también bajo la amenaza de las pandillas que han impuesto su propia marca y orden en los tres países.  

Pero esta realidad ni siquiera fue tomada en cuenta en el discurso del Presidente guatemalteco cuando deseaba los mejores augurios económicos para Centroamérica durante el encuentro del SICA. 

Lo real es que Honduras enfrenta, desde casi inicios de año, continuas protestas del sector docente y salud. Jornadas que en su mayoría han finalizado en violencia. 

Se suma también otra crisis, tan compleja que no hay síntomas que indiquen su resolución. La migración irregular hacia Norteamérica. 

Se trata de la desesperación de otro grupo de decenas de hondureños que partieron en junio desde San Pedro Sula, rumbo hacia los Estados Unidos. Una caravana más que pretende vencer el cerco que les espera al intentar ingresar de forma ilegal a México. 

El país azteca ya no tolerará la entrada en caravanas de migrantes centroamericanos quienes, la mayoría de las veces, han incursionado de forma violenta, bajo el mal enfocado argumento que tienen derecho a migrar.   

Mientras tanto, el caldo político continua ardiendo en Guatemala, país que se encuentra preparándose para una segunda vuelta electoral en medio de una decepcionada población cuyo espejo es la corrupción gubernamental. 

Este país es candidato para ser parte de un programa migratorio en donde albergaría a los migrantes mientras se estudia su solicitud de asilo en los Estados Unidos. 

Washington ha expulsado de enero a mayo, casi 25 mil guatemaltecos, un 15 % más que el año pasado en el mismo período, según el departamento de las migraciones de Estados Unidos.  

Mientras tanto en El Salvador, perdidos en la algarabía de una nueva figura política en Casa Presidencial, los ciudadanos han pasado por alto que hasta la fecha ni cancillería saliente ni entrante se hallan pronunciado enérgicamente por los fallecidos bajo custodia migratoria en los Estados Unidos. 

Fue la prensa internacional que informó la muerte de una niña salvadoreña de 7 años bajo la tutela de las autoridades migratorias estadounidenses. 

Lo peor ha sido el silencio guardado por las autoridades salvadoreñas cuando el caso se registró en septiembre de 2018, dos meses antes que se diera a conocer como primera tragedia el fallecimiento de una niña guatemalteca en manos de la patrulla fronteriza.  

El primero de junio otros dos salvadoreños de 25 y 33 años, perdieron la vida. El común denominador fue que también estaban bajo custodia migratoria. La noticia fue dada a conocer por medios extranjeros tres días después. Tampoco hubo un pronunciamiento y ya en este caso, por la cancillería del nuevo gobierno de Nayib Bukele. 

Y el más reciente es la muerte de un padre y su hija de dos años, quienes partieron en abril en una caravana de migrantes junto a su esposa, residían en Alta Vista, Ilopango. 

Perdieron la vida ahogados en el rio Bravo el domingo 23 de junio, después de haber salido del albergue migratorio con intención de cruzar hacia territorio norteamericano. 

Mientras al otro lado del rio, ya en territorio norteamericano, se localizó los cuerpos de una mujer de unos 20 años y tres niños menores de siete años. Según la patrulla fronteriza perdieron la vida por deshidratación. Se desconoce la nacionalidad. 

“Algún día terminaremos de construir un país donde no pasen estas cosas…Donde migrar sea una opción y no una obligación. Casa Presidencial pagará los gastos de repatriación y ayuda económica a la familia”. Fue el mensaje enviado del Presidente Bukele. Hay que recordar que es obligación de todo Estado velar por la seguridad de sus ciudadanos dentro y fuera del territorio. Además, cancillería siempre se ha encargado de las repatriaciones, aunque con algunas dificultades burocráticas. 

Nuevamente no hay ninguna nota de protesta o de solicitar se investiguen los casos de las muertes de los conciudadanos, más aquellas que estaban bajo la “protección” de las autoridades migratorias. 

Y, ¿qué vendrá después? México ha desplegado 15 mil soldados sin experiencia en el trato migratorio, para según ellos detener la migración ilegal.   

Esta decisión seguramente generará abusos y mayores peligros cuando el migrante busque otras rutas para continuar su viaje. 

¿Reaccionará con una denuncia oficial El Salvador cuando se presenten más casos de migrantes fallecidos o maltratados por abuso de autoridad? 

Pero mientras tanto seguimos con la burbuja de la posible bonanza económica anunciada por el SICA con su incipiente unión aduanera…