Wilson Sandoval

Parte IV: Deliberación y participación para una América Latina inclusiva

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Con lo expuesto, se tiene que es la opinión pública en un ámbito universal de la sociedad la que termina de definir las políticas que emanan desde las instituciones democráticas, actuando como un control de lo estatal y por lo tanto de lo que ha de ser un problema público. Debe cuestionarse cuan real es la capacidad de controlar la actividad pública sobre aquellas decisiones que guardan impacto en el individuo y la colectividad, puesto el reconocimiento teórico de todo lo anterior no implica que efectivamente la realidad sea abordada desde una concepción centrada en las personas para la resolución de sus demandas. Pero los cuestionamientos sobre el tratamiento a problemas como la pobreza no terminan con lo anterior. Para el caso de América Latina, la formulación e implementación de las políticas públicas contiene dinámicas que merecen ser descritas a continuación con la finalidad de comprender que superar el obstáculo de la pobreza para alcanzar una buena vida humana mediante la intervención estatal, se encuentra asociado a más retos que lo que a simple vista puede parecer. La primera de las dinámicas a considerar en las políticas públicas, es el conflicto que deriva del juego de fuerzas de poder que se nutren de las relaciones entre grupos económicos, partidos políticos, clases sociales y organizaciones de la sociedad civil, incluso aparecen en dichas relaciones de poder la presencia de los intereses de élites globales que condicionan las políticas públicas al modo de producción capitalista, lo cual sin duda representa un aspecto lesivo en términos de soberanía.  

Todos estos agentes ², vienen a ser determinantes en la elaboración e institución de las políticas públicas y en la medición de fuerzas de estos; se desarrolla una disputa por la apropiación de los recursos públicos en lo relacionado a los resultados que tendrá la intervención del Estado en la realidad social. Así estos agentes, por ejemplo, defienden los intereses de un partido político, de un grupo económico, una ONG, etc. Es importante mencionar también, que dentro de esta dinámica además de las élites globalizadas antes mencionadas, surgen las élites nacionales que quedan enmarcadas en los intereses mismos de las élites globales, dicho de otra manera, se encuentra supeditas a los intereses de la producción capitalista y que aprovechan la organización para participar de la disputa (Boneti, 2017). 

Las élites no son un elemento reciente en las democracias y tampoco son un producto extraño en la democracia procedimental como una versión de la democracia liberal inclinada a la competencia por el poder entre tales élites, una cuestión que es retomada con amplitud en la sección siguiente, pero es oportuno ahora comprender, que parte de las élites nacionales pueden encontrarse en la clase política, que viene a ser una clase dominante y a la vez una minoría que tiende a imponer un orden legal el cual si bien responde a demandas de la masa o ciudadanía, no termina por responder de manera autentica a la mayoría contrario a lo que se podría percibir desde un plano idealizado de la democracia (Michels, 2003). Bajo tal esquema de competencias y teniendo en cuenta el reconocimiento de élites que se configuran en minorías que ostentan el poder, solo queda comprender una predestinación de los ciudadanos a estar sometidos a una minoría gobernante entendida como una élite o clase política, cuestión que no parece tener una salida, puesto que en caso hipotético de que la mayoría despojara a la minoría gobernante del poder, siempre resurgiría otra minoría organizada que se establecería como clase gobernante que es renovada de manera parcial frecuente mediante las elecciones y el voto, apareciendo así nuevamente en el panorama una limitada participación de la ciudadanía (Michels, 2003). 

Toda esta dinámica de relaciones de poder y de intereses no pueden ser tachadas del todo como anomalías, puesto que son parte misma de la arquitectura de una democracia procedimental anclada a una concepción liberal, en donde la competencia por el poder con la finalidad de determinar posibles políticas públicas y en especial por el voto es algo totalmente natural siendo esta una de sus principales características. 

Una segunda dinámica, que hace referencia directa a la manera en que las políticas públicas han sido tradicionalmente formuladas en América Latina. Una de las principales características es que parten de un desconocimiento sobre el territorio y que por lo tanto los intereses de las personas no son reflejados en el diseño, esto en gran parte por obedecer a un mecanismo de formulación de carácter vertical o de arriba hacia abajo, lo que deviene en desplazar la participación y por ende la inclusión de las personas (Betancuort, 2015). Es por lo tanto en esa verticalidad que también es posible observar en el contexto de la medición de fuerzas entre los agentes antes mencionados, que el poder de negociación dependerá de la fuerza política que el agente ostente. También, esta dinámica se complementa con la perspectiva conservadora de las élites, que tienden a considerar la prestación de los servicios públicos básicos como “compensación” atribuida a la pobreza y en la cual, la cuestión social, como la ausencia de libertad y pobreza, estarían supeditas al grupo económico o políticamente dominante (Boneti, 2017).  

Es acá donde aparece en el escenario la arquitectura de la democracia procedimental y sus orígenes liberales, en donde la deliberación y participación de los ciudadanos en la toma decisiones políticas es reducida bajo la lógica de una delegación sin mayor vinculo de cumplimiento obligatorio para los representantes. Así se tiene que, aunque la ciudadanía decida votar sobre la base de un programa u oferta que determine una política pública “x”, no existe posteriormente ninguna obligación del representante de ejecutarla finalmente. ¿Qué queda para la ciudadanía en la determinación de políticas públicas que promuevan el alcance de una buena vida humana?

Desde una visión de inclusión, las dinámicas que convergen entre las élites y grupos dominantes representan un problema en términos de propiciar una deliberación y participación ciudadana que lleve a que las políticas públicas se encuentren en armonía con las aspiraciones de libertad de las personas y por ende de la consecución de una buena vida humana. Esta es una tensión que se ve apaciguada de alguna forma mediante una ciudadanía mantenida a raya con la participación mediante el voto, pero, ¿pueden ser las personas protagonistas de su propio desarrollo bajo este actual modelo que limita su participación en las políticas públicas? La cuestión pasa por comprender que la participación ciudadana y sistemas de políticas públicas más cercanas a las personas servirían como un acelerador de los cambios en el bienestar social, puesto que, en un enfoque basado en la libertad, la libertad también de participar es fundamental con la finalidad de cambiar las correlaciones de poder y la verticalidad de las acciones (PNUD, 2016; Sen, 2000). En la siguiente publicación, se presentan los desafíos que de lo predicho se derivan, para un modelo inclusivo.

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