Parte IX: Deliberación y participación para una América Latina inclusiva
La formación ética y educación para la inclusión puede ser el punto de partida para el impulso y apropiación del modelo deliberativo.
A manera de conclusión, pueden establecerse tres puntos básicos. El primero referente a la ausencia de inclusión en América Latina debido a que buena parte de su población aún hace frente a la pobreza con diversas privaciones y carencias que sobrepasan lo económico. Esta exclusión no solo obedece a un elemento situacional, también se encuentra nutrida por una democracia liberal que antepone los procedimientos y aspectos como la razón, la deliberación, y participación. La democracia actual, guarda una arquitectura por lo tanto no puede ser reformada únicamente bajo valores económicos y de competencia.
Pero también es evidente que el declive de la democracia ha empezado, silenciosamente muestra sus síntomas y aunque el sistema pareciera no otorgar importancia a ese hecho o simplemente, la misma crisis lo limita a solo observar sin actuar, la ciudadanía parece al menos concebir señales de buscar una democracia que sea más satisfactoria. Sin embargo, ello no parece ser suficiente ante la ausencia de herramientas y una capacidad ciudadana de reaccionar, después de todo el mismo modelo propicia un desinterés por la democracia y termina por concentrase en recurrir a la imagen y la propaganda para mantener una participación mínima, aunque eminentemente procedimental y carente de racionamiento.
La segunda conclusión, es la existencia de una alternativa al modelo imperante. Así la democracia deliberativa aparece como una opción que limita los choques entre lo liberal y los sustantivo, de manera que instituciones como la participación y deliberación son posibles con miras a una democracia más inclusiva y que por lo tanto de lugar al alcance de una buena vida humana, es decir una vida en libertad frente a la pobreza. ¿Están las condiciones para una reforma? Dada la ausencia de valores y una ética transversal al interior de las instituciones democráticas actuales, se requiere de establecer bases que sirvan para escalar la inconformidad con la democracia actual de manera que las reformas provengan impulsadas desde la misma ciudadanía, lo cual a la larga garantizaría la sostenibilidad.
En tercer lugar, esas bases se encontrarían precisamente en la formación ética y educación cívica – democrática, como elementos transversales en la educación desde la primera infancia hasta la formación superior, propiciando así una cultura dada hacia el dialogo, la reflexión y una democracia incluyente que dé lugar al fomento de las capacidades para la libertad. Pero también se requiere de una disposición global o al menos regional que pueda ser garante de este proceso, es decir, se requiere de una coordinación entre Estados basada en el dialogo para buscar un modelo que entienda la soberanía como una manera de inclusión hacia una comunidad que practica valores que superan fronteras, procedimientos y normas2. Obviamente la viabilidad de lo anterior descansaría en centrar las actuaciones estatales y supraestatales en la persona humana, lo cual únicamente se tendría por efectivo si en ello existe una inclusión que permita llevar al “ser” y al “hacer” como elementos para una vida libre.
La formación ética y educación para la inclusión puede ser el punto de partida para el impulso y apropiación del modelo deliberativo.
Entre los aspectos que terminan de dar un panorama más acertado de la democracia liberal, destaca la protección de los derechos subjetivos de los ciudadanos, mientras estos persiguen sus intereses privados.
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Es elemental aclarar, que el debate no está centrado en una crítica destructiva de la democracia procedimental, después de todo los mecanismos y procedimientos que esta encierra han planteado avances en la región en lo que respecta por ejemplo a despojarse de regímenes dictatoriales o militares que fueron parte de la historia de la región.
El voto incluso pasa por lo tanto a ser visto como una mercancía que se compra a partir de promesas o un precio que conlleva un lenguaje sujeto a una relación de intercambios y negociaciones en donde los principales protagonistas son los grupos de interés o poder.
La opinión pública en un ámbito universal de la sociedad es la que termina de definir las políticas que emanan desde las instituciones democráticas, actuando como un control de lo estatal y por lo tanto de lo que ha de ser un problema público.
Hasta ahora ha sido posible plantear la relación de la libertad con la pobreza y presentar un escenario de la situación de esta en la región, del cual da por sentado que no es posible alcanzar la libertad
La pobreza limita el poder de disponer o poder efectivo de decidir, lo que implica la presencia de una carencia o privación de capacidades humanas.
Dando por sentada la premisa de que el desarrollo en las personas genera libertad para estas, es pertinente enfatizar en que el desarrollo requiere de la eliminación de importantes fuentes de la ausencia de libertad.