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Un muro fronterizo en Guatemala

La Policía Nacional Civil de Guatemala puso en marcha, desde el 3 de julio de este año, el denominado Plan de Operaciones Gobernanza para, supuestamente, impedir la migración irregular y la trata de personas. 

En apenas 24 horas, la página oficial del Ministerio de Gobernación del vecino país, afirmó que ya se estaban dando los primeros resultados con la retención de un centenar de “indocumentados” hondureños, salvadoreños, haitianos y africanos. De estos, 47 adultos y 53 menores. Todos serían remitidos a la Dirección General de Migración. 

El objetivo es garantizar que los extranjeros porten la documentación en regla; de lo contrario, serán enviados a sus respectivos países.   

Según migración, los operativos se efectúan de forma estratégica en San Cristóbal Totonicapán, Cuatro Caminos, Malacatancito y La Mesilla, Huehuetenango; El Zarco, Retalhuleu; Ayutla, San Marcos; San Pedro Jocopilas, Quiché; y en la aldea Tacajalbé y Puente Sija, Totonicapán. 

El periódico Prensa Libre publicó que más de 180 migrantes habían sido detenidos en los operativos. 

Pero, ¿Guatemala podrá detener la migración irregular?, ¿asumirá el costo económico y de infraestructura que garantice los derechos fundamentales de los extranjeros? 

Acá se generan dos contradicciones específicas que tienen que ver con la logística y, sobretodo, la legalidad.   

En el caso de los centroamericanos, existe el tratado migratorio conocido como CA-4, que permite la libre circulación de los centroamericanos por la región y permanecer en países  centroamericanos al menos por 90 días. 

¿Con qué criterio un policía guatemalteco va a detener a una persona que ingrese legalmente a Guatemala?  

En el caso de los “coyotes”, estos tienen años de comprar a las autoridades y han entrado y salido del país con extranjeros las veces que han querido.   

La única forma en que la autoridad guatemalteca podría detener a algún hondureño o salvadoreño, es que este haya entrado ilegalmente a su país. Condición que los centroamericanos no lo ven necesario. 

Mientras que la segunda contradicción y la cual generará alguna controversia entre las autoridades salvadoreñas y hondureñas, es cuando se detenga a un migrante africano, haitiano o sur americano. Según las medidas migratorias, en esos casos, el indocumentado es enviado al último país de donde provino. En este caso, ¿quién asumirá el criterio de determinar que el extranjero ingresó por algún punto ciego de Honduras y El Salvador?  Y luego, ¿qué hará el país receptor con el extranjero?

El hecho de divulgar las zonas “estratégicas” en donde se realizan los operativos provocarán, al igual que lo que ocurre en suelo mexicano, que los migrantes busquen rutas nuevas para despistar a las autoridades, quedando vulnerables a nuevos peligros. 

Por el momento son elementos de la Policía Nacional Civil de Guatemala los responsables de apoyar dicho plan, pero; ¿Qué pasará cuando sea necesaria la incorporación de elemento de las fuerzas armadas? ¿Tendrán la capacidad para cumplir la misión sin caer en el abuso de poder? Y ¿Será que Centroamérica está cayendo en un cerco antimigrante? De continuar así, se tendría la caída del turismo regional, atrasos por los registros del transporte de carga en busca de migrantes, el estigma a los jóvenes y los constantes reclamos a los derechos de los migrantes por decenas de organismos de derechos humanos.

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