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JENNY LOZANO

JENNY LOZANO

VENEZUELA: UN PAÍS CON DOS ASAMBLEAS, DOS TRIBUNALES DE JUSTICIA Y DOS PRESIDENTES

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El pequeño libro azul, o la versión de bolsillo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que le servía a Hugo Chávez durante sus eternos monólogos frente a las cámaras para representar de manera simbólica que cada una de sus decisiones estaban respaldadas por ese compendio de leyes que rigen a la nación y que le permitió al chavismo gobernar durante dos décadas, es el mismo que le ha abierto las puertas a la Asamblea Nacional, conformada por una mayoría opositora, para poner en jaque a Nicolás Maduro.

Por eso, la verdadera esencia del tenso proceso por el que pasa Venezuela desde el 23 de enero es una batalla legal fundamentada en la Constitución de 1999, redactada por el comandante Chávez.

Este proceso comenzó el pasado 5 de enero, cuando la Asamblea Nacional de Venezuela, elegida popularmente e integrada principalmente por diputados de la oposición, juramentó a su nueva directiva. El joven diputado Juan Guaidó, hasta entonces poco conocido, asumió la presidencia del Parlamento y emergió rápidamente como el líder de un proceso que busca un cambio en Venezuela.

Guaidó es un joven de clase media proveniente del estado Vargas, localidad ubicada en la costa central venezolana, a tan solo 30 minutos de Caracas y que en 1999 fue arrasada por devastadores deslaves que dejaron más de 1 mil 500 muertos. El político, sobreviviente de una de las más grandes tragedias naturales de Venezuela, se formó como Ingeniero Industrial en la Universidad Católica Andrés Bello, de la Compañía de Jesús, y se enlistó en el partido de Leopoldo López, uno de los más fuertes opositores al chavismo.

Pero la crisis institucional que llevó a Guaidó a asumir la presidencia interina comenzó mucho antes, en 2015. Ese año, el chavismo sufrió un revés político al perder la mayoría del Congreso en las elecciones parlamentarias. Los resultados de la jornada le dieron una contundente victoria a la oposición que obtenía la mayoría calificada en el parlamento venezolano, 112 escaños de los 167, uno de ellos ocupados por Guaidó.

Sin embargo, el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) comenzó el sabotaje hacia el nuevo brazo legislativo. Denunció irregularidades y una supuesta compra de votos en la elección de tres diputados del estado Amazonas (ubicado al sur del país, fronterizo con Brasil) y sin ellos, la oposición perdía la mayoría calificada. Ante la denuncia del partido oficial, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) diligentemente emitió una medida cautelar en la que declaraba que la elección de los parlamentarios estaba “suspendida temporalmente”.

La nueva Asamblea Nacional se instaló en enero del 2016 pero al día siguiente, el TSJ declaró que todos los actos del nuevo Congreso serían nulos mientras siguieran juramentados los diputados de Amazonas. Aunque legalmente, los parlamentarios podían ejercer sus funciones hasta recibir una sentencia sobre su caso, el TSJ decidió anular a todo el parlamento.

La Asamblea consideró esta medida una acción inconstitucional y decidió mantenerse operativa; pero su osadía no fue tolerada y fue declarada en “desacato” por no cumplir la sentencia del Tribunal que la despojó de todas sus facultades, en marzo de 2017 y asumió las funciones del Poder Legislativo, quitándole a los diputados su inmunidad parlamentaria y dándole a Nicolás Maduros poderes extraordinarios para gobernar.

La medida desató una serie de protestas populares con muertes, heridos y decenas de detenidos. Esa acción envió una señal negativa a la comunidad internacional y no tardaron los pronunciamientos de la OEA y del Mercosur en rechazo a las decisiones del TSJ.

Cuando la calle se calmó después de denuncias de torturas y uso desproporcionado de la fuerza de orden público, Maduro emitió un decreto para instalar una Asamblea Nacional Constituyente y quitar del camino a los rebeldes parlamentarios opositores. Ante esta nueva arremetida del Ejecutivo, los partidos de oposición, las ONG y las universidades organizaron una consulta popular (mecanismo de expresión contemplado en la Constitución), que fue supervisada por los rectores de las cinco universidades más importantes de Venezuela. En esta consulta del 16 de julio llamada “El Pueblo Decide” participaron 7.5 millones de venezolanos, dentro y fuera del país. La población rechazó la instalación de una Constituyente; pero el Presidente desestimó este resultado y avanzó con su propuesta.

En este juego de ajedrez, la Asamblea Nacional nombró nuevos magistrados del TSJ por considerar que el Poder Judicial estaba actuando de manera parcializada a favor del Ejecutivo. Una medida que propició la persecución de los nuevos magistrados por parte de los efectivos de la policía de inteligencia.  

Los magistrados perseguidos huyeron del país y se reagruparon en el exilio, conformándose lo que se conoce como el TSJ en el exterior que opera amparado en los principios de los tribunales de Nüremberg para la antigua Yugoslavia y Ruanda. Es una instancia reconocida por la OEA y el Parlamento Europeo.

Desde el exilio, este TSJ ha emitido fallos como la anulación de la medida gubernamental de retirar a Venezuela de la OEA y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que estos actos violan directamente la Constitución. Además, presentó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una denuncia contra 60 funcionarios chavistas por crímenes de lesa humanidad y admitió la solicitud de antejuicio de mérito contra Maduro por delitos de corrupción por el supuesto pago de sobornos que habría hecho la brasileña Odebrecht. Sobre esto último, la sentencia fue dada a conocer en mayo de 2018, y se inhabilitó a Maduro de ejercer cargos públicos mientras se diera un fallo sobre el caso Odebrecht.

Pero a pesar de la conformación de este TSJ fuera de Venezuela, las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyentes se llevaron a cabo, contra viento y marea, en julio de 2017. De esta manera se escogieron a los encargados de redactar la nueva Constitución. Esta jornada electoral fue registrada por medios de comunicación y aunque se vieron centros de votación prácticamente vacíos, la rectora del Tribunal Supremo Electoral aseguró que casi 8 millones de venezolanos fueron a votar; sin embargo, las cifras de la oposición estiman que solo se acercaron a las urnas unas 2 millones de personas, del padrón de casi 20 millones de electores.

Días después, desde Londres, mientras en Venezuela aún era de madrugada, representantes de la empresa Smartmatic, encargada de las máquinas electrónicas usadas para el proceso de votación, denunciaron que los resultados del número de votantes fueron alterados, ensombreciendo así el proceso electoral.

Al terminar esta conferencia de prensa que ponía en entredicho la transparencia de los comicios, personal de la policía de inteligencia venezolana allanó la sede de Smartmatic en Caracas, pero encontró una oficina vacía, hay algunas informaciones que señalan que parte del personal de la empresa habría sido trasladado la noche anterior a las oficinas de Smartmatic en Panamá.

Nuevamente, contra viento y marea, el Ejecutivo no detuvo sus planes y se instaló la Asamblea Nacional Constituyente; de esta manera, en agosto de 2017 Venezuela tenía dos Poderes Legislativos y dos Poderes Judiciales. La comunidad internacional volvió a pronunciarse en contra de estos hechos.

Además de no tomar en cuenta la consulta del 16 de julio, Maduro decretó él mismo la Constituyente en lugar de ser aprobada por una consulta de manera previa, tal como lo hizo Chávez en 1999 y tal como establece la constitución.

El 2018 llegó con esta dualidad de poderes. La Asamblea Constituyente se tomó la atribución de alterar el calendario electoral y adelantó las elecciones presidenciales para mayo de ese año, cuando el ente encargado de hacer dicha convocatoria era la Asamblea Nacional. Una vez más, la Asamblea Nacional, los partidos políticos y diversos sectores expresaron su rechazo; pero no hubo vuelta atrás.

Maduro se lanza al ruedo electoral pero antes se inhabilitó al principal partido de oposición y a la mayoría de sus dirigentes. Se impidió la presencia de observadores internacionales y el Gobierno estableció las reglas del juego. El resultado fue el esperado. Maduro salió victorioso para un nuevo período que se iniciaría en enero de 2019.

Estas elecciones fueron rechazadas por el TSJ en el exterior, por la Asamblea Nacional y se sumó de una manera más contundente la comunidad internacional. El Grupo de Lima pidió a Maduro no asumir nuevamente el poder e hizo un llamado para un nuevo proceso electoral. Otros países como Estados Unidos también se unieron a las denuncias de otras naciones.

Pero Maduro hizo caso omiso a estas advertencias y asumió nuevamente el Gobierno para el período 2019-2025.  Pero Juan Guaidó, el joven diputado varguense, apelando al artículo 233 de la Constitución señala que en Venezuela hay ausencia de gobernante y llama a Maduro “usurpador” por asumir la Presidencia a través de unas elecciones consideradas inválidas por el TSJ en el exilio, la Asamblea y la comunidad internacional.

El 23 de enero, una fecha emblemática para Venezuela, porque se conmemora la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, acaecida en 1958; Guaidó en una gran movilización que llenó las calles de las principales ciudades del país y que activó a la diáspora; decide seguir lo establecido en el artículo 233 y juramenta como Presidente Encargado; haciendo un llamado a las Fuerzas Armadas para que se sumen a este proceso, les ofrece una Ley de Amnistía y pide convocar a un gobierno de transición y que este último convoque a elecciones libres.

Guaidó activó la calle que estaba dormida desde abril de 2017, amparándose en el artículo 350 de la Constitución que faculta a los venezolanos a rechazar un gobierno que atente contra el orden democrático y cometa violaciones a los derechos humanos. Esta jugada de Guaidó y la oposición obligó la toma de una postura por parte de la Unión Europea y hasta provocó una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para analizar la grave crisis venezolana.

Venezuela pareciera haber llegado a su punto de inflexión. Son horas decisivas. Una serie de errores en materia de política económica; una industria petrolera  en quiebra; un aparato productivo en su mínima expresión; varias denuncias de corrupción desmedida; un fuerte control cambiario; una absurda cifra de inflación que este año rondará 10,000,000 % y un feroz desabastecimiento de comida y medicinas; muestran a un país petrolero en ruinas y con un inédito flujo migratorio que ha puesto en aprietos a sus vecinos del sur. El panorama es incierto en un país con dos Asambleas, dos Tribunales de Justicia y dos Presidentes.

Jenny Lozano es una periodista venezolana. Coordinadora de UFG Editores. Trabajó para El Universal (Venezuela) y ACAN-EFE (El Salvador). Actualmente es colaboradora de Summa.

Acerca del autor