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Iván Gómez Trejo

Iván Gómez Trejo

Investigador de temas migratorios.

¿Y el CA-4?

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Hagamos memoria, el Convenio Centroamericano de libre movilidad o CA-4 es un acuerdo firmado a mediados del 2006 por cuatro países centroamericanos: Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador.

El acuerdo establece la libre movilidad entre los ciudadanos de los cuatro países firmantes sin restricciones adicionales más que sus documentos de identidad nacional.

Este convenio es conocido popularmente como CA-4 que permite, además la estancia en cualquiera de los países centroamericanos por un período de 90 días.

Este era un acuerdo que hacía pensar que la unión centroamericana iba viento en popa. Incluso, los gobiernos habían establecido casetas de servicio migratorio para agilizar el paso para los turistas pertenecientes al convenio, y con esto el turista no perdería horas en las burocráticas ventanillas migratorias ubicadas en cada puesto fronterizo desde Guatemala hasta Costa Rica -este último es el país no firmante del CA-4-.

Atrás quedaba el mal recuerdo de las restricciones y los abusos en contra de los centroamericanos que tendrían que recorrer obligatoriamente Honduras para dirigirse al sur o al norte de la región por la vía terrestre.

En los primeros años de la década de los noventa, un ciudadano nicaragüense que deseaba salir del país vía terrestre, tenía que pagar un visado con un costo de $5 en los consulados de Honduras, para que le fuese autorizado entrar al país independientemente solo pasara por ahí para transitar al resto de los países.

Esa medida “suavizó” las relaciones entre ambos países, en los años ochenta, difícilmente Honduras otorgaba visas a los nicaragüenses. Pero, finalizada la amenaza sandinista con el triunfo electoral de Violeta Barrios de Chamorro en 1990, Honduras dejó de ser tan exigente para con los pinoleros.

Además, la medida establecía que una vez se  entraba a la frontera, se tenía que pagar (sin recibo de comprobante fiscal), otros cinco dólares para cubrir los costos de El Amatillo. Por ejemplo, el  apoyo del “guía” militar quien acompañaba al grupo de turistas desde la frontera El Amatillo en el departamento de La Unión, hasta Guasaule. Zona fronteriza con Nicaragua. Unos 131 kilómetros. Sin tomar en cuenta otros inconvenientes como el cierre de las fronteras centroamericanas a la hora de almuerzo y cualquier retén militar que se podría encontrar en el camino.

De esa manera se pretendía garantizar que el turista de tránsito, no intentara quedarse en su territorio.

En esos años, cada frontera podría tener una atención promedio de entre una y tres horas, cobrando hasta tarifas inventadas por el que atendía en ventanilla.

Los abusos cometidos por el personal migratorio, policial o del mismo ejército destacado en la zona fronteriza se contaban a diario.

El discurso de los empleados aduanales distaba mucho de la política exterior de los países centroamericanos.

Cuántos inversionistas, por muy pequeños que sean, se espantaron al ver tanta burocracia en cada ventanilla de cada una de las entradas y salidas de las fronteras.

Pero, poco a poco, esas disposiciones de apertura propuestas en la década de los noventas, fueron quedando en el olvido conforme pasaron los años y los cambios de gobierno.

Hoy, apenas han quedado como testigo, algunas pequeñas estructuras comidas por el tiempo con un borroso llamado “Paso libre CA-4”, ubicadas un kilómetro antes de llegar a la frontera El Amatillo.

En la década del nuevo milenio, los presidentes Francisco Flores, de El Salvador, y Arnoldo Alemán, de Nicaragua, invitaban a Honduras a sumarse a la unión aduanera y reabrir el ferry por el Golfo de Fonseca.

Pasaron 18 años para volver a tocar el tema con el gobierno del Presidente Sánchez Cerén quien, por medio de su ministra de Economía, Luz Estrella, se anuncia la reapertura del ferry entre El Salvador y Costa Rica, aprovechando el conflicto político social en Nicaragua.

Desde el mes de agosto de 2018, fecha en la que se iniciaría operaciones oficialmente, el tema no se volvió a tomar en la agenda de la cartera de Estado.

Tras la incursión desde América del Sur de cientos de cubanos, haitianos, senegaleses y otros migrantes y la crisis humanitaria que levantó de los migrantes menores de edad no acompañados en la frontera estadounidense entre octubre de 2013 y mayo de 2014, las autoridades centroamericanas tomaron nuevas “medidas” en el servicio migratorio.

Los extranjeros indocumentados eran parte del abuso, una mafia bien organizada en Costa Rica, Panamá y Ecuador, quienes aparentemente habrían corrompido el servicio de migración y extranjería de la región centroamericana, para utilizar los territorios en dirección a México y Estados Unidos. (De momento, solo Costa Rica tiene abierto proceso en contra de empleados públicos). Sumado a esto, la presión por parte de Washington para detener el flujo migratorio irregular de personas procedentes del Triángulo Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador.

Y para distanciar más la hermandad Centroamérica, desde el 2017, Nicaragua impuso un prechequeo migratorio para los salvadoreños que deseen visitar el país, aduciendo medidas de seguridad por la amenaza de las pandillas.

Para variar, Honduras a establecido la misma medida desde noviembre de 2018, con los nicaragüenses que pasan por su territorio ya sea por turismo o por tránsito. La medida en términos “diplomáticos” es recíproca a lo establecido por Nicaragua a los hondureños desde enero de 2017.

Pero, ¿estas medidas han servido para detener al crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, migración irregular o a las mismas pandillas?

El promedio de los turistas que viajan por la región centroamericana, a excepción de las temporadas vacacionales, son personas mayores de edad, quienes visitan a sus familiares que durante los años ochenta, buscaron otros destinos de residencia huyendo de las guerras.

Hoy estas mismas personas que no conocen y no están obligadas a sumarse al mundo de la tecnología, se les obliga a realizar el prechequeo migratorio con la utilización de plataformas digitales, solicitando a las autoridades “permiso” para ingresar a su país al menos siete días antes de ejecutar su viaje.

Cualquier error infringe a que el turista no pueda ingresar al país solicitado, debido a que no especificó o la fecha de viaje, frontera a utilizar, o simplemente un error de puertos de entrada y salida.

Dos casos como ejemplos: Honduras exige el prechequeo, siete días antes del viaje, de lo contrario no se autoriza el ingreso a su territorio ya sea por turismo o por tránsito con destino a El Salvador.  Por lo que exige dos solicitudes que se deben mostrar; una de entrada al país y la otra que se utilizara dos horas y media después para salir del territorio.

Si por algún inconveniente el turista nicaragüense no logra pasar ese día la frontera hondureña, este será multado.

Si la persona presenta el prechequeo de respuesta con algún error, no se le permitirá ingresar a Honduras, y tendrá que volver a solicitar el prechequeo desde El Salvador y esperar siete días para realizar el viaje.

Un método tan “excelente” que no corrige los errores que pueda estar cometiendo el solicitante, como está diseñado en una plataforma eficiente.

¿Cuánto está gastando cada país con este tipo de método migratorio? Si los ministros de turismo afaman el movimiento de visitantes de la región centroamericana ¿Por qué esta bofetada migratoria?

A esto sumémosle el pésimo trato que todas las autoridades y de logística mantienen en los puestos fronterizos centroamericanos. Lo digo con conocimiento de causa. Una queja que se compara con cualquier manifestación popular cuando la gente se cansa de la indiferencia gubernamental o municipal.

Nuevamente pareciera que Centroamérica está cayendo en el abismo de la intolerancia del servicio público vivida durante los años ochenta, gracias a las políticas de cada gobierno que baila según el son que le toquen sus vecinos.

¿Será El Salvador, el próximo país hermano en unirse a esta intolerante medida cibernética migratoria? Todo indica que el camino puede ir más allá de la retórica expresada por el presidente electo, quien en varias ocasiones despotricó y descalificó a los presidentes Juan Orlando Hernández de Honduras y Daniel Ortega de Nicaragua.

¿Será que volveremos a la noche oscura de los años ochenta en pleno siglo 21? Pues, por el bien de la población, pero no de aquellos de la mezquindad política y revanchista, que solo cuando les conviene hablan de la unión centroamericana. Ni siquiera tienen idea de cuánto es el movimiento turístico de la región. ¿No saben que este mercado es el que dinamiza Centroamérica?

Se espera que no volvamos hacer el complemento perfecto de la intolerancia, la miopía económica la que desgraciadamente tienen aún algunas cabezas políticas en la región, pisoteando el derecho de los pueblos hermanos centroamericanos.

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