Líderes de Cabañas serán juzgados por un delito del que ya fueron liberados

Los cinco líderes de la comunidad Santa Marta, en Cabañas, serán llevados nuevamente a juicio por el supuesto secuestro y asesinato de María Inés Alvarenga, ocurrido en lo más álgido de la guerra civil en 1989. Los acusados fueron absueltos de estos delitos en octubre de 2024, luego de que las juezas del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque decretaran “sobreseimiento definitivo”. 

Entre el 3 y 6 de febrero de este año se tiene previsto que el Juzgado de Sentencia de San Vicente conozca el caso contra los líderes comunitarios, quienes formaron parte de la lucha anti minera en Cabañas en 2002.

Este nuevo juicio fue a petición de los abogados de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes, después de perder el juicio en 2024, apelaron a la Cámara de Segunda Instancia para revertir la resolución del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque. 

Ante esto, decenas de representantes de organizaciones sociales y ambientalistas, rechazaron la “persecución” de la Fiscalía en contra de los líderes comunitarios. Aseguraron que, la FGR “mantiene una acusación sin pruebas”, ya que no ha mostrado la existencia del cadáver de la víctima y que la acusación se basa en el testimonio contradictorio de un testigo criteriado.  

A juicio de los activistas sociales, este caso confirma una manipulación del sistema judicial para criminalizar al activismo ambiental e instrumentalización de la justicia perseguir a quienes se oponen a los nocivos proyectos mineros, así como lo hicieron Antonio Pacheco, Saúl Rivas, miembros de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES), Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, habitantes de Santa Marta.  

“La criminalización aumenta y lo hemos vivido. Lo que viene para estos días es más lucha porque nuestros compañeros ya tienen la libertad, pero hay una necedad de ls fiscalía de querer seguir con este caso insostenible. Sin embargo, la perversidad es tan grande que llevan a los lideres a juicio”, dijo Vidalina Morales, representante de ADES y habitante de Santa Marta.  

A finales de diciembre de 2024, diputados de Nuevas Ideas y de partidos aliados al gobierno, derogaron, de forma exprés y sin discusión, la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo de 2017; también, avalaron la creación de una nueva ley para la minería que permitiría la exploración, extracción y explotación de minerales en el territorio nacional.   

La academia, la iglesia católica y organizaciones ambientalistas, están preocupados por la reactivación de la minería en El Salvador, ya que esta industria amenaza con contaminar las fuentes de aguas, destruir bosques y generar el desplazamiento de comunidades.