

Fátima Guadalupe Rodríguez Pacas
Manifestaciones del autoritarismo en El Salvador: Las afectaciones a la sociedad civil
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Introducción
En los últimos años, El Salvador ha sido testigo de nuevas formas de manifestación de medidas de corte autoritaria bajo el pretexto de garantizar la seguridad pública o la salud del pueblo. A través del uso de decretos de emergencia, como las regulaciones introducidas durante la pandemia de COVID-19 y el vigente Régimen de Excepción, el gobierno ha restringido derechos fundamentales, debilitado la institucionalidad democrática, reducido el acceso a la información pública y atacado el derecho a la organización y asociación pacífica. Este ensayo expone y analiza cómo estas tácticas coercitivas han socavado el espacio cívico, promoviendo un entorno de represión que amenaza los principios democráticos. Además, argumenta que, a pesar de estas restricciones, la sociedad civil ha demostrado una notable capacidad de resistencia, pero necesitan una mayor atención y reconocimiento nacional e internacional.
La manipulación de marcos legales: un mecanismo de control
Históricamente, los gobiernos autoritarios han manipulado herramientas legales para legitimar prácticas represivas, particularmente en momentos de crisis como lo describe Naomy Klein en la doctrina del shock. En los últimos cinco años El Salvador, ha evidenciado este patrón con regulaciones implementadas durante momentos de angustia para la población, como la pandemia del COVID-19, donde el estado diseñó una respuesta política con el fin de proteger la salud pública, pero termino sentando las bases de un régimen reproductor de la arbitrariedad, el autoritarismo y la intimidación. Hechos que se evidencian en la detención arbitraria de más de 2,000 personas, la marginación de instituciones de salud claves como el Colegio Médico de El Salvador, la falta de transparencia y el acoso a periodistas y defensores de derechos humanos.
Otro ejemplo de la prevalencia de esta práctica coercitiva es la implementación del decreto de Régimen de Excepción, firmado inicialmente el 27 marzo de 2022 y renovado 33 veces a enero de 2025, una regulación que suspende derechos constitucionales fundamentales, y rechaza el debido proceso y la libertad de participación. Dicho marco legal ha permitido la detención masiva de más de 82,000 personas y ha resultado en al menos 306 muertes bajo custodia estatal. Lejos de ser una medida temporal, el Régimen de Excepción se ha convertido en el pilar de un sistema que utiliza las emergencias para diseñar e implementar legislaciones de corte autoritario que minan la democracia, el derecho a la participación, y el estado de derecho.
Impactos en el espacio cívico y la participación política
El derecho a la participación cívica se ve particularmente impactado ante las medidas de emergencias implementadas por el gobierno, por ejemplo, en relación al régimen de excepción diversos informes presentados por organizaciones sociales como Fespad y Cristosal evidencian grandes retrocesos, esta última organización que registró en su más reciente estudio sobre cierre de espacio cívico, Ver, oír y callar, que el 83% de las organizaciones de la sociedad civil han adoptado la autocensura como estrategia de supervivencia. Además de evidenciar la eliminación de espacios de diálogo, como las mesas consultivas con el gobierno nacional y municipal, hecho que ha reducido significativamente las oportunidades de participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. Además, la criminalización de líderes sociales y activistas ha intensificado un clima de miedo. Casos como el despido de Idalia Zúñiga, líder sindical despedida tras participar en protestas, evidencian la intención del gobierno de generar temor y desarticular acciones de resistencia de los movimientos sociales.
La resistencia de la sociedad civil: un faro de esperanza
A pesar de las restricciones, la sociedad civil salvadoreña ha demostrado una notable resiliencia. Iniciativas como el Observatorio de Lucha y Resistencia Social de Equipo Maíz y los informes de Cristosal o FESPAD que documentan violaciones de derechos y promueven la discusión, el pensamiento plural y crítico. Además, las campañas de educación sobre participación política por la defensa del derecho a la asociación y participación de la sociedad civil en el espacio cívico
En el ámbito internacional, organizaciones como Amnistía Internacional, Human Right Watch, entre otros, han desempeñado un papel crucial al visibilizar estas prácticas represivas. Sin embargo, la respuesta internacional sigue siendo limitada, en tanto, es necesario subrayar la necesidad de una mayor colaboración para presionar al gobierno salvadoreño a respetar los derechos fundamentales, el debido proceso, y el respeto a la participación ciudadana.
Conclusión
El uso abusivo de decretos de emergencia en El Salvador representa una grave amenaza para la democracia y los derechos humanos. Aunque el gobierno justifica estas medidas como necesarias para garantizar la seguridad o la salud del pueblo, su impacto real ha sido la consolidación de un modelo autoritario que silencia a la sociedad civil y restringe la participación política. Frente a esta realidad, es crucial fortalecer la colaboración entre actores nacionales e internacionales para exigir rendición de cuentas y proteger los principios democráticos.
En este contexto, la resistencia de la sociedad civil emerge como un recordatorio de que, incluso en los entornos más represivos, la lucha por los derechos fundamentales y la democracia persiste. Este ensayo sostiene que solo a través de la acción conjunta y el compromiso continuo se podrá defender el futuro diverso, amplio y democrático en El Salvador.
Licenciada en Sociología Universidad de El Salvador
Máster en Sociología, Universidad Estatal de New York, Albany, Estados Unidos