Organizaciones piden a la CIDH que decrete medidas cautelares para los líderes comunitarios de Cabañas

Organizaciones de derechos humanos y ambientalistas pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que decrete, de manera urgente e inmediata, medidas cautelares a favor de los cinco ambientalistas que lucharon contra la minería en el departamento de Cabañas, y que ahora, son acusados por la Fiscalía General de la República de cometer un supuesto asesinato en la época de la guerra civil.  

“Se está solicitando la protección para la vida e integridad y, también, a la salud de los líderes ambientales de Cabañas. Han estado en peligro y sigue estándolo”, mencionó esta mañana Alejandro Díaz, representante de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”. 

La solicitud fue presentada el 27 de enero de este año. Además, en el escrito se actualizó los casos de Antonio Pacheco, Pedro Laínez, Saúl Rivas, Miguel Gómez y Alejandro Laínez, quienes desde hace dos años enfrenta un proceso judicial acusados por el secuestro y asesinato de María Inés Alvarenga, en 1989. 

En octubre de 2024, los ambientalistas fueron absueltos luego que las juezas del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque decretaran “sobreseimiento definitivo”. Sin embargo, en febrero de este año, los cinco lideres serán llevados nuevamente a juicio por el mismo delito del que ya había sido liberados.  

“Nos preocupa el doble juzgamiento de los compañeros. También, los últimos acontecimientos que se han dado en la comunidad Santa Marta, en donde hay presencia de fiscales y personal de inteligencia”, dijo Peter Nataren, vocero de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES). 

Para los activistas sociales, el caso de los líderes de Santa Marta tiene un trasfondo de silenciar a las personas que se oponen a la minería metálica y a las actividades de exploración, explotación y extracción que haga el gobierno en los territorios.  

Además, las organizaciones detallaron en el escrito el acoso y militarización de la comunidad Santa Marta y otras comunidades que están en resistencia contra la minera. Los activistas temen nuevas capturas de líderes sociales.