Organizaciones piden a la Corte Suprema que se declare inconstitucional la ley de minería

Representantes de organizaciones y colectivos sociales presentaron, la mañana del 26 de marzo, una demanda de inconstitucionalidad y más de 59 mil firmas en las que piden a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la inconstitucionalidad de la Ley General de Minería Metálica. 

En la demanda se plantea que la ley de minería, aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa a finales de diciembre de 2024, tiene seis motivos de inconstitucionalidad: uno de forma y cinco de contenido. Según los demandantes, se quebrantó el “principio constitucional de deliberación parlamentaria”; es decir, la falta de debate, publicidad, contradicción y participación de la comunidad durante el estudio de la ley.

La ley fue aprobada de forma apresurada, sin consultar a la población y sin tener los estudios técnicos que asegurara la viabilidad de hacer minería en el país. La noche del 20 de diciembre de 2024, el presidente, Nayib Bukele, envió al congreso legislativo la iniciativa de ley. Un día después, fue discutida en la Comisión de Tecnología, Turismo de la Asamblea Legislativa; el 23 de ese mismo mes, es decir, previo a la fiesta de navidad, fue aprobada con 57 votos de los diputados de Nuevas Ideas y partidos aliados al presidente. Los tres únicos diputados de los partidos de oposición votaron en contra.

El presidente no tardó en sancionar y publicar en el Diario Oficial del mismo 23 de diciembre, la nueva ley de minería.

Antes de que la ley fuera aprobada, el Gobierno no contaba con los estudios que respaldaran la viabilidad de la minería en el país, así lo confirmó Daniel Álvarez, director de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), en la Comisión de Tecnología, Turismo. “La ley que se aprobó no pasó por todos los debidos procesos deliberativos. Fueron 58 minutos de discusión, sin consulta de personas expertas, ni con comunidades y expertos científicos”, comentó José Luis Magaña, representante de la Red Continental por la Paz.

Además, los activistas demandantes alegaron que varios artículos de la ley de minería vulneran de manera general y abstracta el derecho a un ambiente sano, planteado en el artículo 117 de la Constitución de la República, así como en tratados internacionales.

“Es una ley inconsulta, una ley que violenta derechos humanos y los hace regresivos, no puede ser superior a la carta magna y los acuerdos internacionales”, comentó Amalia López, activista de la Alianza Contra la Privatización del Agua.

Los activistas también plantearon que la ley es un fraude a la constitución, ya que el Estado podrá crear sociedades bajo la figura de asocio público privado con el fin de no sujetarse a los controles y procedimientos constitucionales, tales como la obligación que toda concesión sea otorgada por la Asamblea Legislativa. “Esta ley permite que, a espalda de la población, nuevamente, se autoricen procesos de extracción minera que tendrán afectaciones en las comunidades”, dijo Ruth Eleonora López, de la organización Cristosal.

Para la mayoría de los ambientalistas, la reactivación de la minería implicaría afectaciones irreversibles en la agricultura, el agua y el despojo de tierras en las comunidades. “Como lo hemos sostenido, las comunidades y las organizaciones, la minería es una industria inviable. La minería afectará la salud y los mantos acuíferos. También, significa criminalización y división en las comunidades”, manifestó Vidalina Morales, lideresa de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES).

Las más de 59 mil firmas se recolectaron entre el 16 de enero y el 8 de marzo de este año. A mediados de marzo, la iglesia católica entregó otras 150 mil firmas y una petición de derogación de la ley de minería a la Asamblea Legislativa.