Realizan conversatorio sobre el impacto de las desapariciones en las mujeres

Como parte de los esfuerzos por hacer visible el problema de las desapariciones forzadas en El Salvador, el medio digital Voz Pública, con el apoyo del Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación de la UFG, llevó a cabo este 24 de julio un conversatorio en el que se abordó el impacto de esto en la sociedad, sobre todo en las mujeres. 

En el encuentro titulado “El fenómeno de la desaparición desde una perspectiva de género”, que fue conducido por la periodista Wendy Monterrosa, participaron especialistas en el tema, como Idalia Zepeda, abogada de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (Asdehu) y Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), además se contó con el testimonio de Carmen Armero, integrante del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

En un comunicado emitido por Voz Pública se detalló, aludiendo estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), que en el quinquenio 2019 a 2023 había 2,386 casos activos de personas desaparecidas. De los casos reportados por las autoridades 1,815 (el 76 %) son hombres y 571 (24 %) mujeres. 

Zepeda, entrevistada posterior al evento, afirmó que “el 90 % de las familias buscadoras son mujeres, son madres, son hermanas, son compañeras de vida y esposas”, que están asumiendo una doble responsabilidad, en cuanto a que se ven forzadas a atender el hogar ellas solas, cuidar a hijos, nietos, trabajar para tener recursos económicos y sobrevivir, además de atender las acciones de búsqueda de sus seres queridos. 

“Esto sigue teniendo un rostro de mujer justamente por lo que explicábamos en el conversatorio, porque esta carga de cuidado que tenían cuando sus hijos e hijas estaban con ellos las siguen reproduciendo, aunque estén desaparecidos. Ellas muchas veces se sienten culpables, porque el Estado y la sociedad las culpabilizan también por ser las mujeres, porque se supone que según el patriarcado somos las mujeres las que tenemos que cuidar a nuestros hijos y según como los cuidamos así va a ser su destino, y eso no es así”, aseveró Zepeda. 

 Carmen Armero, al contar las dificultades que atraviesan, apuntó que “siempre las madres buscadoras, somos las que recibimos el impacto del dolor, somos las que estamos solas en esta lucha, tal vez espacios como este (conversatorio) son los que nos pueden ayudar”. 

Armero, quien el 4 de agosto cumplirá tres años en búsqueda de su hijo, subrayó que esto es doloroso porque el Estado ha estado ausente, no reciben el apoyo de las autoridades. 

Tanto Juárez, quien es coordinadora del programa Hacia una vida libre de violencia para las mujeres, de Ormusa, como Zepeda, abogada de Asdehu, coincidieron en señalar que, en el marco del actual régimen de excepción, el Estado ha tratado de invisibilizar el fenómeno de las desapariciones tanto a nivel nacional como internacional y se ha restringido el acceso a datos. Al respecto recuerda como durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el vocero del Estado salvadoreño decía que en El Salvador no hay denuncias de desapariciones forzadas. 

Según expuso Juárez, “el régimen de excepción ha distraído cualquier esfuerzo alrededor de problemas de violencia contra la mujer o la desaparición, porque todo está volcando en el régimen como tal”, de ahí que “ante la falta de respuesta del Estado quienes perseveran son las mujeres” 

Además, Juárez precisó que en los últimos datos oficiales a los que accedieron se evidenció que entre enero y septiembre de 2023 hubo un aumento de 9 % de casos de desapariciones; sin embargo, Zepeda detalló que a partir de ese mes ya no se les dio acceso a datos de la PNC. En adelante han trabajado con los datos que familiares de víctimas reportan a las organizaciones del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

Según lo expuesto por la representante de Ormusa, las madres o familiares de desaparecidos enfrentan una serie de limitantes para buscarlos, entre ellas: el estigma o la poca credibilidad que la problemática tiene, como resultado de que el gobierno impulsa una narrativa de que esta no existe; el hecho de que ante la falta de avances por parte de las autoridades ellas tienen que realizar la búsqueda solas, en condiciones precarias, tienen que buscar la información y enfrentar una serie de situaciones que desmejoran su situación emocional y física. 

Al consultar a Juárez sobre qué medidas debería de tomar el Estado frente a esta situación, ella señaló que “en primer lugar se necesita iniciar un debate serio y amplio sobre la necesidad de crear una ley de búsqueda, porque en la actualidad todo el sistema (legal) responde a premisas punitivas, desde el Código Penal, enfocándose en encontrar a los culpables de un delito, pero realmente la desaparición tiene muchas aristas y otros enfoques desde los derechos humanos, sobre todo el interés de las familias”, puesto que “las mismas madres dicen a mí me interesa encontrar a mi hijo o a mi hija desaparecida, en un segundo plano (saber) qué fue lo que pasó, quien lo cometió, si lo capturan o no”. 

A criterio de Juárez, la ley de búsqueda permitiría crear otro tipo de procesos civiles que favorecería a las familias, a las mujeres madres, esposas que tienen en custodia a hijos y nietos y que, en la actualidad, debido a que en los derechos civiles no hay una categoría de desaparecidos no pueden acceder a beneficios que, por ejemplo, seguros de vida, seguros médicos, heredar inmuebles. 

“Queremos que exista una ley que genere estos procesos de investigación serios, formales, integrales, en donde la familia tenga un papel fundamental, y que, por supuesto se cree un registro único de personas desaparecidas, que la información de los cementerios y las fosas clandestinas sean pública y no reservada como está actualmente, y que se garanticen otro tipo de derechos, por ejemplo, los económicos, las ayudas psicosociales, dependiendo de cada realidad que enfrente cada familia”, enfatizó la representante de Asdehu.