Transferencia de mina Cerro Blanco aviva alarmas ambientales y sociales

Ambientalistas de El Salvador y Guatemala están preocupados porque la empresa canadiense Aura Minerals adquirió el cien por ciento de las acciones de la mina Cerro Blanco, un proyecto que amenaza con contaminar las aguas del lago de Guija y del río Lempa, de las cuales se abastecen cuatro millones de salvadoreños.

A través de un “Acuerdo de Arreglo”, la empresa canadiense Bluestone Resources Inc. vendió el proyecto minero a Aura Minerals por 74 millones de dólares, según un comunicado que publicaron ambas compañías en octubre de 2024.

Cerro Blanco es una mina ubicada en el municipio de Asunción Mita, en Jutiapa, Guatemala, y se encuentra a 15 km de El Salvador. Los ambientalistas aseguraron que los daños ocasionados por este proyecto se extenderían hasta el río Lempa, una cuenca de abastecimiento de la población del gran San Salvador y que es utilizada por los salvadoreños para la agricultura y ganadería.

Además, la apertura de la mina representa un riesgo de contaminación para la región trifinio, una unidad ecológica estratégica para El Salvador, Guatemala y Honduras, señalaron los ambientalistas la mañana del 16 de diciembre de 2024.

En septiembre de 2020, los habitantes de Asunción Mita realizaron una consulta de vecinos para decidir sobre la instalación de proyectos mineros en el municipio. Un total de 7,481 personas dijo “no” a los proyectos mineros; mientras que, 904 estuvieron a favor. Con estos resultados, la población rechazó la minería, como lo es Cerro Blanco.

Tras el rechazo de la minería, la empresa minera Elevar Resources, subsidiaria de Bluestone en Guatemala, suspendió operaciones del proyecto, mientras que la empresa matriz, con sede en Canadá, anuncio en un comunicado de prensa de junio de 2023 que estaba en búsqueda de nuevos inversionistas o propuestas de financiamiento para su proyecto.

En febrero de 2024, a solo 5 días de la salida del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, MARN, aprobó una resolución que otorgaba la licencia ambiental para operar la mina Cerro Blanco a cielo abierto, a pesar del rechazo manifestado por la población de Asunción Mita en su consulta de vecinos de 2022.

Sin embargo, el gobierno del presidente Bernando Arevalo revirtió dicha decisión. El ministerio interpuso denuncias penales contra el proyecto Cerro Blanco en el Ministerio Público por múltiples irregularidades en la licencia ambiental: firmas falsificadas, extravío de 939 folios, entre otras.

Aura Minerals opera la mina San Andrés en el municipio de La Unión, departamento de Copán, Honduras, a través de su subsidiaria Minerales de Occidente, MINOSA. La empresa tiene un historial de denuncias de contaminación, desplazamiento forzado, criminalización de líderes comunitarios y ambientalistas, y de violaciones a derechos humanos, principalmente de la comunidad Maya Chorti en Azacualpa, en el municipio de la Unión, departamento de Copán.

Entre 2013 y 2015, la subsidiaria de Aura Minerals inició con la destrucción de un cementerio ancestral del pueblo Chortí de 200 años de existencia y la exhumación de los cadáveres sin el permiso de los familares. Así lo relató Pedro Mejía Godoy, abogado y miembro del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), organización que acompaña varios procesos judiciales de esta mina desde 2017.

Desde la experiencia de Godoy, MINOSA opera bajo tres características: violación a las normas ambientales, a los derechos humanos de las poblaciones y a las leyes. Esta empresa desobedeció una resolución de la Corte Suprema de Justicia de Honduras que ordenaba detener las exhumaciones y la destrucción del cementerio.