Wilson Sandoval

Parte V: Deliberación y participación para una América Latina inclusiva

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Como se ha venido manifestando, existe en la determinación de las políticas públicas una intervención de diferentes actores, como agentes, legisladores, élites, clases dominantes, etc. a partir de lo cual queda entendido que las políticas públicas no son formuladas e implementadas de forma lisa o llana como se puede pensar desde una perspectiva idealista de la democracia en la cual el parlamento o congreso representan de manera fiel los intereses de la sociedad, puesto que las mencionadas instituciones democráticas se encuentran sujetas a presiones e influencias que intervienen en diferentes grados al momento de legislar en materia de una política pública. De esta forma, “la representación abandona inmediatamente la romántica noción de ser un puente entre las necesidades de los representados y el poder soberano que decide sobre cómo darles solución y pasa a ser netamente una operación de legitimidad” (Ramírez, 2015: 4).

A todo ello debe agregarse el modelo imperante de una democracia procedimental en la región (Hernández, 2006), el cual se explicará con mayor detalle más adelante, pero en el que existe una independencia de los legisladores que se ve configurada mediante la ficción de la representación, la cual encierra la condición de que los legisladores no tienen que recibir de sus electores mandatos imperativos, lo que deja al congreso o parlamento en una posición jurídicamente independiente del pueblo, diferenciándose así de las antiguas asambleas estamentales, en las cuales quienes la conformaban dependían de un mandato imperativo entregado por parte de los electores (Kelsen, 1977). Esta independencia del parlamento y otras instituciones de la democracia moderna representan en definitiva parte de los desafíos a nivel de la arquitectura de la participación ciudadana en materia de políticas públicas de cara a un modelo inclusivo tanto a nivel general como en la determinación de estas y en especial para el alcance de una buena vida humana puesto que la participación de los ciudadanos no parece pasar por más que el acto del sufragio que da lugar a la elección de los representantes, quienes finalmente han de actuar desde el parlamento o congreso y las instituciones democráticas sin ningún vínculo obligatorio para legislar en razón de los intereses colectivos.

Lo descrito anteriormente, se enmarca en la democracia procedimental, la cual puede entenderse como un método que conlleva arreglos institucionales para la toma de decisiones en el gobierno y tal método contiene un conjunto de reglas que establecen quiénes se encuentran autorizados para poder tomar decisiones de carácter colectivo y bajo cuales procedimientos (Bobbio, 1984). Otra definición asevera que: “la democracia es un método político, es decir, un cierto tipo de concierto institucional para llegar a las decisiones políticas -legislativas y administrativas-, y por ello no puede constituir un fin en sí misma, independientemente de las decisiones a que dé lugar en condiciones históricas dadas. Y este debe ser el punto de partida de todo intento de definirla” (Schumpeter, 1983: 311)

La cuestión anterior, no implica concluir que los elementos que comparte la democracia procedimental tales como el voto y la participación que esta encierra o los derechos civiles como la libertad de expresión sean negativos. Sin embargo, existen otros elementos que la constituyen que terminan por sumarse como obstáculos que impiden la inclusión y por consiguiente la libertad de las personas para alcanzar una buena vida humana. Y es que en la democracia procedimental pareciera quedarse limitada o agotada una vez se tengan por ejecutadas las reglas y procedimientos que la definen como método, dejando por fuera elementos sustantivos, como el bien común, las satisfacción de ciertas necesidades e incluso la generación de ordenamientos justos o el resultado justo de políticas públicas (Quiroga, 2000) y en donde los ciudadanos únicamente se limitan a participar en elegir a los gobernantes mediante el voto, un acto que reviste de legitimidad a los que han de ejercer como representantes pero que termina de agotarse una vez pasadas las elecciones ante la aversión de la democracia procedimental de que los ciudadanos puedan participar con mayor amplitud en las decisiones políticas.

El voto incluso pasa por lo tanto a ser visto como una mercancía que se compra a partir de promesas o un precio que conlleva un lenguaje sujeto a una relación de intercambios y negociaciones en donde los principales protagonistas son los grupos de interés o poder (Bobbio, 1984). Con ello, parece estarse ante un “mercado político” en el cual los representantes atienden los intereses generales de los ciudadanos, pero sin hacerlo bajo una preocupación amplia y en el que convergen dos lados, el de los políticos como “productores”, y los votantes “consumidores”. Pero un defecto en el mercado es que es la ausencia de un agente que vele por identificar a los “buenos productores” que en sus acciones conlleven eficiencia, pero esto posiciona a los ciudadanos ante una selección natural que deviene en un “selector ciego” que pretende detectar al más eficiente, pero sin conocerlo, puesto que no debe olvidarse que en la democracia liberal y en especial en su versión procedimental no hay posibilidad de evaluar la gestión desde la ciudadanía, quedando solo la confianza en que los representantes han de actuar conforme al interés público ante el temor egoísta de verse penalizados en un futuro (Ovejero, 2002).

Otro elemento que se desprende de la concepción de democracia procedimental es que esta siempre ha de servir a un conjunto de intereses y al mismo tiempo, ha de funcionar como una garantía para negociar los intereses entre las élites, apareciendo en el esquema un elitismo competitivo y a la vez, es desde las élites que han de surgir los líderes políticos que se ubicaran posteriormente en las instituciones como el parlamento (Quiroga, 2000). Debe distinguirse, que la democracia procedimental es una de las versiones de la democracia liberal, junto a la cual aparece otra versión que es la democracia sustantiva. Teniendo en cuenta tal aspecto es que el origen de la democracia procedimental se encuentra anclada a la economía de mercado y en la cual se da prioridad a la realización de los intereses privados a través de las elecciones del parlamento y del gobierno, siendo bajo tal lógica el Estado un ente que funciona como una instancia de regularización jerárquica, representada en la jurisdicción del Estado y en paralelo una instancia de regularización descentralizada representada en el mercado.

Desde esta concepción liberal parte también la noción de competencia expresada en la democracia procedimental, en la cual los actores colectivos compiten por conservar una posición de poder o alcanzarla y es el voto la llave que autoriza la carrera para alcanzar el poder que los partidos políticos disputan, apareciendo así una idea de que los ciudadanos se coordinan para alcanzar su beneficio mediante la influencia que puedan ejercer en la administración y así alcanzar fines colectivos por medio del poder administrativo que deviene de la política, entendida como una lucha de posiciones que vendrían a asegurar la capacidad de disponer de tal poder. Otro elemento para comprender la democracia liberal es la restricción que la deliberación y la participación tienen, lo cual resulta en una exclusión de la ciudadanía que es justificada con la participación que el voto ofrece, pero deja fuera cualquier proceso de formación política que abarque la voluntad y opinión que podría surgir de una deliberación de los ciudadanos (Rodríguez, 2004).

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