Agentes de una unidad de prevención visitarían casas de estudiantes que deserten o falten a clases

Este año el Ministerio de Educación (MINED) y el Ministerio de Seguridad pondrían en marcha un plan de visitas a las casas de estudiantes que deserten de las escuelas públicas o que tengan ausencias frecuentes, de acuerdo a lo que les han dado a conocer a un grupo de directores de instituciones educativas ubicadas en municipios de la zona Sur de San Salvador, entre ellos Panchimalco. 

El profesor Daniel Rodríguez, secretario general del gremio de docentes SIMEDUCO, afirmó el 29 de diciembre pasado, en la entrevista Punto de Vista, de YSKL, que esta medida se daría a nivel nacional, como parte de un convenio suscrito en la sexta etapa del Plan Control Territorial. 

Rodríguez, tras ser consultado por Disruptiva, comentó que les han dicho que en el proceso de visitas a las viviendas de los alumnos que no asisten a clases participarían agentes de una unidad especial de prevención de riesgos sociales de la Policía Nacional Civil (PNC) y que con este proyecto las autoridades buscarían evitar que caigan en problemas de pandillas, al tiempo de hacer cumplir las normativas que establecen el derecho de los niños a acceder educación. 

Los estudiantes iniciaron el año escolar de manera presencial el 6 de febrero, tal como el MINED lo dio a conocer el 3 de enero en sus redes sociales. Según datos estadísticos liberados este año por Educación, el año anterior la matrícula rondó los 1.2 millones de escolares. 

Rodríguez, tras lamentar que siga sin haber acceso a estadísticas educativas oficiales detalladas, estimó que en el 2023 la deserción escolar rondó el 3 %, esto incluye aquellos que se retiraron porque sus madres cambiaron de domicilio, los que dejaron de ir porque ambos padres fueran capturados bajo el régimen de excepción, aquellos que no tienen quien los lleve a la escuela, además de los que se ausentaron por bajo rendimiento académico.  

Como representante del SIMEDUCO precisó durante la entrevista que Educación, en el último trimestre de 2023, “nos han estado pidiendo listados de los estudiantes que no llegaban todos los días, con nombre y apellido. Luego se acercaron al centro escolar porque nos pidieron información de los alumnos que por alguna razón habían desertado, o se habían retirado del centro escolar, para darle seguimiento”. 

Rodríguez, quien es director del Centro Escolar Cantón El Cedro, de Panchimalco, manifestó que la medida, en el caso de algunas escuelas en esa zona sur de San Salvador, ya ha sido bastante fructífera, porque muchos padres de familia después de que se les ha informado como va a actuar la Policía y que a los centros se  les han pedido información sobre alumnos que no asisten, se han acercado a matricular a sus hijos, sobre todo porque en el marco del artículo 12 de la Ley Crecer Juntos priva el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y su derecho a la educación, y se pueden ver complicados en multas, en sanciones de tipo administrativas o penal si vulneran ese derecho. 

“La intención de ellos, en primer lugar, es que no se les vulnere (a los niños) el derecho a la educación, y en segundo lugar prevenir riesgos sociales, que estos niños, niñas, adolescentes vayan a ser las nuevas personas que puedan utilizar los grupos criminales para restructurase nuevamente. En ese sentido obligarán a los padres de familia a que envíen a sus hijos a estudiar, y pues el padre de familia va a ser libre de matricular a su hijo en la institución educativa que él desee”, citó. 

Según lo expuesto por Rodríguez, en la escuela del cantón El Cedro tuvieron casi el 100 % de alumnos matriculados durante el proceso que se dio al cierre del año escolar 2023, y en ese caso a principios de este 2024 solo están esperando que lleguen algunos nuevos estudiantes que se mueven hacia esa zona o que por equis motivo no han podido ir a matricularlos.  

Al respecto, añade que “en ningún año se había visto como esa afluencia de personas (los días de matrícula). Al menos en la zona sur de Panchimalco se ha visto bastante esa situación y es porque la Policía del área preventiva han comenzado a visitar algunos hogares de algunos niños que de alguna manera ya no los enviaron al centro escolar”, lo cual atribuye a que muchos tienen miedo de que, en el marco del régimen de excepción, sean sujetos de alguna sanción administrativa o penal. 

El sindicalista manifestó que, según lo que los técnicos del MINED explicaron a los directores de la zona, las partes firmaron el convenio interinstitucional en agosto; sin embargo, aclaró que hasta ahora la cartera de Estado no les ha compartido una copia para poderla mostrar a los padres como respaldo. Explicó que, si bien inicialmente les habían dicho que les iban a dar la copia, al final este año les dijeron que ya no se las darían. 

Sostuvo que fueron autoridades de la departamental de Educación de San Salvador, en conjunto con algunos jefes puestos de la PNC de los cinco municipios de la zona Sur, los que se reunieron a con el grupo de directores para informarles sobre las nuevas acciones con las que buscan evitar que se sigan vulnerando los derechos de los escolares al acceso a la educación y evitar la deserción escolar. 

Rodríguez dijo que está previsto que los agentes de estas unidades policiales lleguen a informar a los padres de familia sobre esta medida durante las primeras reuniones que convoquen las escuelas. “El seguimiento a la asistencia de los centros escolares es a nivel nacional. Lo van a implementar a nivel nacional. Todos los días (las escuelas) van a estar mandando (al Ministerio de Educación) los datos de quienes no asisten (a clases), y (luego) esa información ellos se las van a estar pasando a la PNC, o las personas con que ellos coordinen, para que ellos hagan el trabajo de visita casa por casa de estos niños, niñas, adolescentes que por alguna razón se han ausentado. Ahí va a tener mucho la diligencia con que actúen los maestros y directores en el sentido de que manden de inmediato esa información”, dijo. 

David Rodríguez, dirigente de la gremial Bases Magisteriales y director en otra institución educativa de Colón, dijo que a la fecha a los directores de esa zona del país no les han dado información oficial sobre ese proyecto; y el MINED al menos en su cuenta de la red social X desde junio hasta diciembre no había hecho alusión al tema.  

Disruptiva, el 2 de enero, gestionó con la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial, mediante correo electrónico, acceso a entrevista con algún funcionario a cargo del proyecto o información escrita, para poder conocer más sobre el esfuerzo. Hasta la fecha no hubo respuesta a la solicitud. Algunos aspectos que se buscaba conocer de parte de las autoridades: el objetivo, cuándo se pondría en marcha este proyecto, en qué lugares comenzaría a aplicarse, cuántos centros escolares abarcaría, cuántos agentes policiales y técnicos del MINED participarían y cómo se daría ese proceso, si en efecto se ampliaría a nivel nacional. 

A las puertas de cierre del 2023 el SIMEDUCO, mediante conferencia de prensa, se pronunció sobre varios problemas que afectaron a los maestros y el quehacer educativo en las escuelas, empezando porque el gobierno incumplió la Ley de la Carrera Docente al no hacerles efectivo este año el incremento salarial como establece el artículo 33 de la misma; el quitar a los Consejos Directivos Escolares la potestad para contratar a los profesores interinos como la citada ley manda; a lo que suma el retraso en la asignación de los presupuestos escolares y de los alimentos para el refrigerio escolar; el recorte que sufrió el presupuesto de la cartera de Educación; la no entrega de tabletas, computadoras ni paquetes de internet a los estudiantes este año; además de lo que ellos califican como “retroceso en la calidad de la educación” al propiciar la promoción automática de los estudiantes, entre otros. 

Desde la gremial advierten que, pese a tantas promesas gubernamentales, en la actualidad el 70 % de los centros escolares públicos del país no tienen acceso a Internet. 

Los representantes del SIMEDUCO reiteraron que por primera vez las organizaciones de profesores, incluso con diferentes visiones, se han unido para demandar que se les escuche y concrete el incremento salarial, y de hecho el 26 pasado de enero, en coordinación con sus similares de Bases Magisteriales, ANDES 21 de junio, realizaron una marcha.