Derrumbes, socavones, inundaciones y política urbana

Cada invierno, deslizamientos, socavones e inundaciones ocupan las primeras planas de los periódicos del país. Cada invierno, desfilan los especialistas en planificación urbana y ordenamiento territorial en los programas de televisión y radios nacionales para insistir sobre la importancia de esos instrumentos en evitar futuras catástrofes. Cada invierno se despierta la esperanza del funcionario público, técnico institucional o especialista del ramo en que las autoridades van a prestar mayor atención a los escenarios de riesgo, autorizaciones de construir o incluso priorizar la adopción de un marco legal de gestión territorial del cual el país carece. 

Pero terminan las lluvias y el problema desaparece de la palestra pública, de las prioridades políticas, incluso de las preocupaciones del ciudadano. Ese “Alzheimer urbanístico” tiene raíces profundas y explicaciones que se encuentran en la manera en que surgen, se formulan y se institucionalizan las políticas públicas. 

Guatemala está actualmente en pleno proceso de urbanización como lo reflejan las cifras de población urbana rural de los dos últimos censos. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, entre el 2002 y el 2018 la población urbana de Guatemala pasó del 46% al 58%, es decir los últimos 15 años fueron los que vieron pasar Guatemala de ser un país mayormente rural a ser un país mayormente urbano. Detrás de las estadísticas, las explicaciones se pueden buscar en el comportamiento de una población rural muy joven en búsqueda de nuevas oportunidades. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, la tendencia generalizada es que más de la mitad de los jóvenes del área rural buscan mejores oportunidades migrando hacia áreas urbanas. La transición urbana es más que una transición estadística, es un cambio en el funcionamiento y organización de los territorios, en su gestión y en el estilo de vida de los ciudadanos que allí viven. Esta transición explica muchos problemas urbanos territoriales incluyendo algunas de las características y deficiencias en materia de vivienda en el país. Cómo toda etapa de transición, los problemas son complejos y las respuestas ambiguas. Cómo lo decía Gramsci: “El Viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer…”.  

Los mecanismos de gobernanza para impulsar políticas públicas en materia de desarrollo urbano son aún incipientes en Guatemala y requieren una transformación institucional profunda para hacer frente a los desafíos inherentes al proceso de transformación rural-urbano. Las capacidades institucionales, a nivel nacional (seguimos sin contar con un ministerio encargado del tema urbano o de ciudad) o municipal son en pleno proceso de construcción. Ciertos actores ven en la legislación urbana una serie de limitaciones a sus derechos y privilegios y la gran mayoría de la población carece de la “urbanidad” necesaria para seguir reglas del juego y cultura cívica requerida para formalizar el desarrollo urbano. 

Falta recoger aun un buen camino para que las preocupaciones sobre desarrollo urbano no sean exclusivas a cada invierno, y se instalen de manera estructural en las prioridades del país. Y de esa manera evitar los deslizamientos, socavones e inundaciones de temporada.