Desarrollo: un tema nacional pendiente desde hace 29 años

Sin duda alguna, la parte económica y social fueron las que menor tratamiento tuvieron dentro del proceso negociador que condujeron a los acuerdos de paz del 16 de enero de 1992. 

Si bien es cierto que el objetivo principal de los acuerdos era finalizar la guerra, es importante resaltar que, en el punto sexto de la agenda de la reunión de Caracas (Venezuela) entre las delegaciones del gobierno y del FMLN, se definió que en El Salvador existía un “problema económico-social”, en el capítulo V de la versión final de los acuerdos se le redefinió como “tema económico-social”. Sin embargo, pese al cambio aparente de retórica, lo cierto es que siempre constituiría un problema dentro de la agenda de ejecución y cumplimiento de lo pactado. 

Como se ha escrito bastante acerca de la participación de sectores progresistas y de la izquierda política y trabajadora en las negociaciones de la temática económica y social de la posguerra inicial, en esta oportunidad deseo examinar el papel jugado por el alto empresariado nacional en ese mismo proceso, revisar sus aportes y plantear los posibles temas que quedaron por fuera. 

Cuando callaron las armas de la guerra, el sector privado organizado en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) decidió deponer sus reservas iniciales y se sumó abiertamente al esfuerzo nacional de reconciliación, convirtiéndose en un protagonista importante del proceso. Una manifestación clara de este compromiso fue su participación abierta en el Foro para la Concertación Económica y Social, aunque su incorporación al mismo estuvo precedida de la exigencia del sector a la creación de un ambiente favorable, el cual había sido previamente enturbiado con diversas acciones contra la propiedad privada. En específico, por la toma de tierras por parte de repobladores y activistas vinculadas con las fuerzas del FMLN-END en proceso de desmovilización. 

Frente a esas tomas violentas de propiedades rurales, en abril de 1992, la ANEP y sus agremiadas optó por una posición drástica y anunció públicamente que no participaría en el Foro de Concertación Económica y Social hasta que no se constatara que las propiedades tomadas después de la firma de los acuerdos de paz habían sido desalojadas.  

Para tener información de primera mano, ANEP estableció centros de denuncia en las diferentes zonas del territorio nacional y así facilitarles a los propietarios que informaran si se veían afectados. De esa manera, hubo con ese respaldo moral, la gremial que aglutinaba a 33 gremiales abrió oficinas de denuncia y asesoría jurídica en los departamentos más afectados, como San Miguel, San Vicente, Cuscatlán, Cabañas, La Paz, Chalatenango, La Libertad y San Salvador. 

Como el Foro programado para iniciar en mayo de 1992 estaba supuesto a ser la instancia que daba continuidad a los acuerdos de paz, la decisión de ANEP de reservarse el derecho de asistir provocó un impacto tanto en el gobierno como en la comandancia general del FMLN. El resultado esperado por la ANEP se logró al detenerse las tomas. 

Pocos días antes de la inauguración del Foro, en mayo de 1992, ANEP sostuvo un encuentro directo con 14 representantes y dirigentes de la Confederación General de Trabajadores (CGT), la Unidad Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS), la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM), la Unión Nacional Obrera y Campesina (UNOC) y otros sindicatos y agrupaciones más, por entonces consideradas por muchos empresarios como meras fachadas de la guerrilla salvadoreña en proceso de disolución político-militar. 

A juicio del presidente de ANEP, Lic. Camilo Bolaños, “ese tipo de encuentros es beneficioso, porque a través de los contactos informales pueden irse aclarando posiciones”. Sin embargo, consideró que ANEP había “sido suficientemente explicita al fijar su posición, tanto en lo que corresponde a su reserva de participación en el Foro, como su propósito de revisar periódicamente la decisión de la Asamblea General, si las condiciones que la llevaron a esa determinación cambian”, a la vez que indicó que la gremial de gremiales no podía, con su postura firme, haber violado los Acuerdos de Paz, puesto que “no los había firmado”, pese a que se consideraba a favor de que dichos documentos pacificadores fueran cumplidos, “siempre y cuando existan la armonía y respeto a la legalidad como condiciones previas para que en el Foro puedan obtenerse logros tangibles”. 

Esas discusiones internas continuaron en ANEP por varias semanas más, tal y como lo consigna el acta 22/92 del Comité Ejecutivo de la entidad, fechada el 17 de junio de 1992, y en la que se consigna que el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Leonel Mejía, sugirió la conveniencia de proponer algún mecanismo “que conduzca a replantear la posición que ha asumido ANEP respecto al Foro. En este sentido, podría buscarse la forma de entrar en contactos con la Comisión para la Paz (COPAZ), a manera de abrir la vía que conduzca a retomar el tema, sin aparecer tal acción como una rectificación ante lo actuado, sino más bien cuantificarlo dentro de la misma dinámica que están tomando los acontecimientos, en donde ya es notoria una fuerte presión internacional y una crítica interna, principalmente de grupos observadores a nivel nacional en contra de la posición de ANEP. Se estuvo de acuerdo con esta iniciativa.” 

En medio de una realidad nacional en la que se veía a la privatización de servicios estatales como un camino posible hacia el desarrollo integral del país, el 9 de septiembre de 1992, la cúpula de ANEP se incorporó al Foro de Concertación Económica y Social abierto por el gobierno y diversas fuerzas sociales del país. Sin embargo, ese hecho no implicaba que ANEP claudicara del todo con su posición original de que dicho espacio debía ser utilizado dentro del respeto a la constitucionalidad del país, lo cual fue apoyado y elogiado por diversos sectores políticos, laborales y de gobierno. De hecho, una de las más firmes posturas de la gremial de gremiales dentro del Foro se centró en que se pagaran precios justos, de mercado y apegados a derecho por las tierras y demás inmuebles afectados por la pasada guerra y las recientes ocupaciones. 

Según lo consignado en el acta 29/92 del Comité Ejecutivo de ANEP, fechada el 30 de septiembre de 1992, para el Lic. Camilo Bolaños, presidente de la gremial del empresariado privado salvadoreño, el problema de las tierras estaba convirtiéndose “en un obstáculo para avanzar rápidamente en las discusiones de temas que están inicialmente plantados en los Acuerdos”, lo cual fue apoyado por otros de los asistentes, para quienes se agravaba el problema con las recientes tomas de tierras y las implicaciones que ello podría tener en el buen funcionamiento del Foro. 

Pese a esas reservas evidenciadas dentro de esas primeras reuniones, los delegados de ANEP lograron que se reconociera que la gremial de gremiales era la única representante del sector empresarial para tomar parte en dichas discusiones, en las que fue incluido el reglamento que normaría el trabajo en el Foro. A la vez, los delegados no estuvieron de acuerdo en que las resoluciones emanadas de dicha instancia fueran enviadas al presidente Alfredo Cristiani para que las sancionara, ya que se consideró que ello era impropio y que equivaldría a una imposición de gobierno sobre una instancia ciudadana y no gubernamental. 

El acta 7/92 de la Junta Directiva de ANEP, fechada el 6 de noviembre de 1992, es útil para entender la mecánica interna del Foro de Concertación Económica y Social, que para esos momentos había sostenido “ocho sesiones de trabajo, que duran de las 4 a las 6 de la tarde, los miércoles” y que adicionalmente había “establecido una Comisión Ad hoc, integrada por un representante de cada sector, que celebra dos reuniones adicionales cada semana”, en las que se preparaba “la agenda de la reunión plenaria y se adelantan algunos acuerdos que son ratificados en el pleno del Foro”. 

Además, al interior de ANEP fue creado un Comité Asesor del Foro, compuesto por los Directores Ejecutivos de siete gremiales miembros, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y el propio Director Ejecutivo de ANEP, para quienes el cónclave abierto entre los sectores empresarial, laboral y gubernamental marchaba “más o menos bien”, aunque reconocieron que el sector laboral estaba “trabajando con mucha madurez, dentro de la lógica y que si bien en ocasiones hay enfoques contradictorios, está prevaleciendo el buen entendimiento entre las partes”, en especial en el abordaje de temas de trascendencia y no sólo en los coyunturales, referidos a las discusiones del Código de Trabajo y a la presión desatada por grupos sindicales estadounidenses para que le fueran suspendidos al país los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias. 

El acta 8/92 de la Junta Directiva de ANEP, fechada el 9 de diciembre de 1992, puso de manifiesto que al interior del Foro se había logrado avanzar “en la definición de procedimientos y metodología para desarrollar el trabajo, sobre la base de una agenda orientada en propuesta original que hizo ANEP”, por lo que se habían “establecido dos subcomisiones que atienden cuestiones específicas en las áreas social y económica y que son las que preparan los puntos y temas que luego considera y discute la plenaria. El trabajo es alterno: el miércoles se reúnen las subcomisiones y el siguiente [día es] la plenaria”. 

A la vez, ese documento interno consigna y reafirma que el sector laboral ha manifestado planteamientos que “denotan madurez, además de que no han tenido actitudes confrontativas, aunque ha habido discusiones duras”, por lo que las sesiones eran productivas y que hacían que, en la práctica, no había “por qué temer distanciamientos con los otros sectores participantes, especialmente con el laboral, y que por el contrario la labor que se realiza puede y debe contribuir a la consolidación de los Acuerdos de Paz”. 

Dentro de ese espíritu optimista, el 15 de diciembre de 1992, la Feria Internacional en la colonia San Benito volvió a ser el lugar donde se reunieron los enemigos de antaño, con el fin de certificar y firmar la finalización absoluta del conflicto salvadoreño, hecho que el gobierno de los Estados Unidos apoyó con la condonación del 75.5 por ciento de la deuda con esa superpotencia, luego de los más de 3,600 millones de dólares en apoyo militar que brindó a las fuerzas gubernamentales en pertrechos, asesores, tecnología y dinero en efectivo. 

Mientras, el primer año de la conclusión de la guerra llegaba a su fin. Para ANEP, el balance de hechos resultaba aún incierto en muchas cosas, pero con apertura hacia la esperanza. Por ello, decidió incorporar a algunos de sus representantes en diversas actividades y juntas directivas de organismos autónomos y paraestatales, como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Banco Central de Reserva y la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), desde donde podrían ayudar a enmendar o prevenir situaciones que no fueran convenientes para el sector empresarial o para el país en general. Al mismo tiempo, ANEP continuó con su significativa presencia en el ámbito internacional, por medio de sus membresías en diversos foros y organizaciones internacionales, lo que facilitaba sus envíos de información hacia países amigos para ofrecer sus posturas propias en torno a los grandes problemas nacionales y obtener respaldos sólidos cuando peligraba el sistema de libre empresa y el proceso integracionista centroamericano.  

El 17 de febrero de 1993, en varias publicaciones de dos páginas en los principales periódicos del país, el Foro de la Concertación Económica y Social da a conocer un acuerdo de principios y compromisos. Sin embargo, el entusiasmo posible por esa publicación fue opacado por el descubrimiento de buzones con armas en Nicaragua y otros lugares, lo que sembró dudas en las verdaderas intenciones de sectores del FMLN por desarmarse en su totalidad e incorporarse al sistema político nacional. Además, la sombra de los secuestros contra empresarios y sus hijos también sorteaba el ambiente. La desconfianza mutua enrareció las mesas de negociación, pero se decidió continuar. 

En el acta 5/93 del Comité Ejecutivo de ANEP, suscrita el 22 de febrero de 1993, quedó consignado que el Dr. Gustavo Cañas, profesional designado por el sector empresarial para participar en el grupo técnico del Foro para la Concertación Económica y Social, brindó su informe sobre lo actuado hasta el momento, en especial acerca de la matriz con los planteamientos de los tres sectores sobre la problemática económica y social del país. Por otro lado, el profesional expuso el trabajo desarrollado para la redacción de un primer borrador del documento sobre el tema económico, con el objeto de sustentar la posición del sector privado en el Foro, acerca de las bases mínimas requeridas para impulsar la actividad económica del país.  

Pese a la firma de ese documento de principios y compromisos entre ANEP y las otras partes participantes en el Foro, dicha acción no fue respaldada de lleno por otros grupos y gremiales de la empresa privada, como fue el caso de COEXPORT, lo que condujo a evidenciar más las fuertes señales de entrampamiento existentes dentro del referido Foro, donde ANEP había asumido ya una férrea oposición a que El Salvador ratificara los convenios de sindicalización gubernamental promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, llama mucho la atención que el Foro y sus discusiones fue una de las áreas de los acuerdos de paz que quedaron por fuera de la supervisión y vigilancia de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL).  

Desde dentro y fuera de las instancias de diálogo establecidas, se fue creando un espeso clima de desconfianza. El acta 14/93 del Comité Ejecutivo de ANEP, correspondiente al 7 de junio de 1993, consigna que la cúpula empresarial recibió la visita de Shafick Jorge Handal, Eduardo Sancho, Joaquín Villalobos, Facundo Guardado y Mario López, excomandantes y representantes del partido FMLN, para sostener una reunión inscrita dentro de los propósitos trazados por la gremial para conversar con los diferentes institutos políticos, especialmente en lo concerniente al proceso de pacificación, aspectos económicos y el futuro político del país. Antes de ceder la palabra a los visitantes, la directiva empresarial señaló la preocupación existente respecto a los recientes hallazgos de armas cuya propiedad se atribuía a algunas fracciones del FMLN, así como por el impasse en que se encontraba el Foro para la Concertación Económica y Social. “[…] Con relación al armamento encontrado recientemente en Nicaragua, [los comandantes] señalaron que eso es parte de un proceso posbélico normal, aludiendo a que en el caso del FMLN la misma logística seguida durante el conflicto hizo recaer en las distintas facciones el manejo del material bélico, perdiéndose en muchos casos el control de las cantidades y lugares en que se encontraba depositado el mismo. […] Respecto a la situación que presenta el Foro, comentaron que también a ellos les preocupa, manifestando que creen atendibles algunas de las peticiones del sector laboral en cuanto a las libertades sindicales, aunque también reconocieron que algunas posiciones se han llevado a extremos que dificultan el entendimiento con los otros sectores […]”. 

Para tratar esos y otros temas, la cúpula de ANEP sostuvo un encuentro de trabajo con la dirigencia del partido político Convergencia Democrática. Según quedó consignado en el acta 17/93 del Comité Ejecutivo, fechada el 5 de julio de 1993, a la cita acudieron el Dr. Rubén Zamora, el Dr. Héctor Silva y el Ing. Jorge Villacorta, quienes presentaron un documento breve con los principales elementos de la plataforma del partido, para cuya dirigencia “los ganadores del proceso de pacificación eran el sector empresarial y el político, [por lo que] los dos sectores [tenían] la responsabilidad de salvaguardar dichos acuerdos. […] En materia de plataforma económica, señalaron que la Convergencia tiene tres grandes objetivos: 1) elevar las tasas de crecimiento de la actividad productiva; 2) fortalecer la demanda y la estabilidad económica y 3) reducción de la pobreza. En materia social señalaron que el énfasis [lo ponen] en la educación, la salud y la vivienda. [A la vez, propugnan] por un pacto social no excluyente, [en el que] los diferentes sectores asuman una responsabilidad compartida en la solución de aquellos. Esto también es esencial para despolarizar la sociedad.” 

Un mes más tarde, el acta 5/93 de la Junta Directiva de ANEP, fechada el 16 de agosto de 1993, reseñó que al interior del Foro se mantenían “las posiciones de los sectores laboral y empresarial; el primero exigiendo la aprobación de todos los convenios de la OIT y el segundo sosteniendo que unos son inconstitucionales y otros inconvenientes para la actual situación del país”. Además, para esos momentos, ambos sectores ya habían considerado “conveniente cambiar la mecánica del trabajo, limitando las reuniones plenarias a una vez al mes, para disponer de más tiempo y efectuar las consultas necesarias, en cada caso, con las personas e instituciones que se creyera oportuno para enterarlas de las respectivas posiciones” emanadas dentro de esa instancia tripartita, a la que por solicitud de ANEP se le concedió vida activa hasta más allá del 30 de septiembre, fecha final que se manejó desde el inicio de las sesiones. 

En el acta 6/93 de la Junta Directiva de ANEP, suscrita el 13 de diciembre de 1993, se detalla que los logros alcanzados en el Foro se resumen en tratar de someter, “ante el Órgano Ejecutivo, catorce convenios de la OIT y la conformación de comisiones especiales para tratar aspectos como el Proyecto de Reformas al Código de Trabajo, la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y una nueva legislación para regular las relaciones de los servidores de la administración publica, entre otros campos”, en el que también se incluía “la creación del Consejo Nacional del Trabajo, con participación tripartita, el cual eventualmente puede llegar a sustituir al Foro al menos en algunas tareas específicas”. Muy pocos logros para tan amplias discusiones, por lo que el Poder Ejecutivo decidió entregar su propio proyecto de leyes económicas y sociales ante el plenario legislativo, en búsqueda de su aprobación y ratificación. 

Aparte de ello y como una forma de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados dentro del Foro para la Concertación Económica y Social, el gobierno reformó de manera significativa el Código de Trabajo, con lo que puso en marcha la creación del Consejo Superior del Trabajo, como la máxima instancia de carácter permanente para la concertación económica y social entre los mismos sectores que estuvieron representados en el Foro.  

De hecho, según quedó asentado en el acta 8/94 del Comité Ejecutivo de ANEP, suscrita el 16 de mayo de 1994, alrededor de este tema “hubo una amplia discusión al respecto, en la que, por un lado, se destacó el papel que puede seguir desempeñando el Foro en la discusión de grandes temas de interés nacional y, por otro lado, las funciones que dicho Consejo, como organismo tripartito, puede jugar principalmente en lo que atañe a las relaciones obrero-patronales, con menor politización de la que puede darse en el Foro. […] En cuanto al primer enfoque, se señaló que el Consejo virtualmente será manejado por el gobierno, lo que le restará participación a los otros sectores; además, se señaló que casi con certeza se convertirá en un organismo burocrático, en donde se trataran asuntos estrictamente relacionados con el Código de Trabajo. […] En cuanto al segundo enfoque, se recordó lo problemático que había resultado tratar principalmente con el sector laboral en el Foro, llegando algunas veces a diferencias muy marcadas que retardaron la toma de decisiones. / Al final, se concluyó que era importante seguir discutiendo el tema en el seno del Comité, a fin de fijar una posición, previa a la cual se consideró conveniente conversar con los [otros] representantes del sector empresarial en el Foro”. 

Previo a su instalación formal, esas mismas partes aprobaron, a finales de octubre de 1994, el reglamento que normaría el funcionamiento del Consejo Superior del Trabajo. Por parte del sector empresarial aglutinado en ANEP, las entidades participantes en el Consejo son, a partir de ese momento, las mismas que estuvieron representadas en el Foro: ANEP, ASI, Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, CASALCO, CONAPES y PRO-CAÑA, aparte de AMPES y UCAPROBEX. El Consejo Superior del Trabajo fue instalado formalmente el 6 de marzo de 1995, en cuya primera junta directiva el Ing. Roberto Vilanova fue designado vicepresidente propietario, mientras que el empresario Pablo Tesak ocupó la suplencia de ese mismo cargo. 

Dentro de esa lógica de trabajo, ANEP y sus gremiales participaron en el Consejo Superior del Trabajo como la instancia que sustituyó al Foro para la Concertación Económica y Social. Por desgracia y a consecuencia de posturas encontradas, el Consejo pudo desarrollar una acción continuada, a pesar de que el sector empresarial desde el principio sugirió que se retomara la agenda que no pudo ser agotada en el Foro. 

Pese a ello, ese cónclave tripartito sí intervino en la solución de problemas coyunturales, como el acuerdo unánime para aprobar el anteproyecto de Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo o haber intercedido para solucionar algunas situaciones de crisis en la industria de la maquila y así evitar mayores sanciones comerciales de parte de Estados Unidos dentro del Sistema General de Preferencias (SGP). 

Como parte de esa estrategia de discusión, dicho documento fue analizado a fondo con los partidos políticos, al tiempo que fue elevado a consideración del Consejo Superior del Trabajo. A partir del análisis realizado con los partidos políticos, ellos consideraron que era importante profundizar en la temática contenida, como forma de ir aproximando posiciones, por lo que consideraron importante ponerse de acuerdo en una agenda de discusión, que sirviera de marco para lograr luego un acuerdo básico que permitiera concertar acciones en torno a un proyecto de desarrollo económico y social de largo plazo. Dicha agenda fue elaborada con la participación de todos lo sectores interesados, bajo la coordinación de ANEP y contenía como temas centrales: 

1. Reforma del Estado
2. Medio Ambiente y Población
3. Política Económica
4. Política Social
5. Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática
6. Identidad Cultural.

Se estimó que dicho contenido debería ser desarrollado en un documento especial que podía ser discutido después de las elecciones legislativas y municipales programadas para el 16 de marzo. Para esos efectos, la gremial de gremiales contrató los servicios de dos consultores, mientras que se solicitó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) una asistencia técnica no reembolsable, para cubrir parte de los costos de la elaboración del documento. Sobre ese informe se hizo una presentación general a los partidos políticos, que luego lo adoptaron como propio y definieron un calendario de reuniones para la discusión a fondo y su posterior seguimiento. Pese a las buenas críticas logradas por parte de intelectuales como los doctores David Escobar Galindo y Abelardo Torres, las cúpulas partidarias pronto se olvidaron del documento y de los compromisos adquiridos, aunque el gobierno lanzó líneas para proceder a la gestación del Plan de Nación, que le fue encomendado a una comisión especial. Pero ANEP siguió adelante con su proyecto de poner en ejecución esa idea, para lo que ya se encontraba en la fase de visualización de un amplio foro de discusión de los grandes temas nacionales. 

Desde 1995 hasta 2009, el trabajo que ya se continuó desde el Foro fue asumido por las acciones de la comisión gestora del Plan de Nación, que trazó grandes líneas programáticas para el desarrollo nacional desde la óptica económica y política de corte neoliberal. Uno de los aspectos centrales fue el de la privatización de servicios públicos como el de la banca, la telefonía (con internet y la televisión por vías satelitales y digitales ya a las puertas) y las pensiones. Mientras, las exigencias de los sectores trabajadores se centraban en aumentos del salario mínimo urbano y rural, mejores prestaciones desde la seguridad social y la aprobación de reglas internacionales que regularan las relaciones obrero-patronales. 

A 29 años de la firma de los acuerdos de paz, la temática económica y social aún constituyen puntos sensibles dentro de la agenda nacional de futuro, a la espera de que se produzcan cambios estructurales luego de amplias discusiones. En ese sentido, ANEP también ha realizado aportes significativos desde una reunión anual, en la que ha señalado diversos puntos para una posible agenda de nación, en los que ha abarcado temáticas complejas y diversas. Por desgracia, muchos de esos planteamientos han caído en el vacío dentro de las acciones de los diferentes gobiernos de derechas y de izquierdas habidos en las últimas tres décadas.  

* Fotos cortesía de Carlos Cañas Diñarte y Eduardo Sancho.