Deuda pendiente… La participación ciudadana como un factor incidente en la gobernanza oportuna para la planificación del desarrollo

Según la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (CEPAL, 2023), la participación ciudadana en la gestión pública es un proceso de construcción social de las políticas públicas. Es un derecho activo exigible a los poderes públicos, también es una responsabilidad cívica como miembros de la comunidad de la que son parte; y un complemento de los mecanismos de tradicionales de representación política.

En Guatemala en el año 2002, se aprobaron tres leyes que fomentan el ejercicio de la participación ciudadana, las cuales, a su vez, se complementan[1].  En el Código Municipal “…espacio inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos… organizado para realizar el bien común de todos los habitantes de su distrito.” (Artículo 2); en la Ley General de Descentralización “…la participación ciudadana es el proceso por medio del cual una comunidad organizada, con fines económicos, sociales o culturales, participa en la planificación, ejecución, y control integral de las gestiones del gobierno nacional, departamental y municipal…” (Artículo 17). Y, por su parte, en la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural considera al Sistema de Consejos de Desarrollo como “… el medio principal de participación de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo…” (Artículo 1).  En otras palabras, el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, es un espacio permanente para la participación de la población en la toma de decisiones en los distintos niveles definidos en la ley, es decir, desde el nivel comunitario hasta el nacional; definiendo cinco niveles de participación: nacional, regional, departamental, municipal y comunitario. En estos espacios participan representantes de todos los sectores representativos, y se organizan por comisiones.

Por su parte, la planificación del desarrollo se percibe como un proceso orientado hacia el cambio social, en el cual los distintos actores sociales participan de forma sistemática en el presente para moldear el futuro, asegurando la consecución del desarrollo deseado y factible, al mismo tiempo que salvaguardan las oportunidades para las generaciones venideras. (Smith et al., 2019)

Este concepto resalta varios elementos clave, por ejemplo, la planificación es un proceso validado socialmente, lo que implica la participación no solo del Estado, sino también de los diversos sectores que componen la sociedad. La participación es su perspectiva es fundamental para generar consenso, reconociendo la responsabilidad de los actores sociales en la definición del futuro y desafiándolos a ser agentes activos en la construcción de ese porvenir. Además, implica pensar en el futuro para actuar de manera significativa en el presente, facilitando la gestión y generando cambios y resultados. Una visión holística es crucial, integrando los diferentes procesos, subprocesos y componentes necesarios para el desarrollo. Por último, se requiere una capacidad dinámica y anticipativa por parte de los actores sociales, quienes deben esforzarse por obtener los medios para alcanzar un desarrollo futuro sostenible y viable. (Smith et al., 2019)

En esta misma línea de ideas, para una eficaz gobernanza que sea oportuna para la planificación del desarrollo de los municipios que conforman el Estado de Guatemala, la participación ciudadana en el seno del COMUDE es un elemento clave, pues permite que los ciudadanos tengan una voz en la toma de decisiones y en la definición de políticas públicas, garantizando que las mismas sean más inclusivas y equitativas; y, siendo el Consejo Municipal de Desarrollo -COMUDE- la instancia que promueve esta participación, generando un espacio para expresar sus necesidades y preocupaciones, brinda la oportunidad de participar, incluso,  en la toma de decisiones municipales, y a la vez, permite que los funcionarios municipales tomen decisiones más informadas y acertadas; no obstante, para que la participación ciudadana en el COMUDE sea efectiva e influya en la gestión municipal, es necesario que existan canales institucionales claros y accesibles para que los ciudadanos puedan participar, dándoles acceso a la información importante y contando con realimentación sobre los avances obtenidos basados en sus propuestas.

En este contexto, es relevante abordar el problema de las condiciones que posibilitan la participación ciudadana efectiva en el COMUDE en Guatemala, porque es una instancia clave para la toma de decisiones que impacta en la gestión municipal. El COMUDE está conformado por representantes de la sociedad civil y del gobierno local, y su función es promover la participación ciudadana en la planificación, ejecución y evaluación de políticas y proyectos municipales. Siendo la participación ciudadana efectiva en el COMUDE fundamental, para asegurar que las decisiones tomadas consideren las necesidades y demandas de la población y que los recursos públicos se utilicen de manera efectiva, además de transparente.  La participación ciudadana también puede contribuir a fortalecer la confianza entre la sociedad civil y el gobierno local y central, generando un mayor compromiso y responsabilidad en ambas vías.

Por otro lado, desde un Enfoque Epistemológico Realista, se reconoce la importancia de las condiciones materiales y sociales que posibilitan la participación ciudadana efectiva en el COMUDE; esto implica tomar en cuenta factores como el acceso a información importante, la capacidad de organización y movilización de la sociedad civil y la existencia de canales institucionales que generen condiciones para la participación ciudadana. Por otro lado, desde un Enfoque Epistemológico Idealista, que destaca el papel de las ideas y valores en la participación ciudadana efectiva, es decir, implica considerar factores como la conciencia crítica y la capacidad de análisis de la sociedad civil, así como la voluntad política y el compromiso por parte del gobierno local para promover y respetar la participación ciudadana. En otras palabras, la vinculación con el enfoque epistemológico realista-idealista, implica considerar tanto las condiciones materiales y sociales, como las ideas y valores que posibilitan la participación ciudadana efectiva.

En este sentido, el problema por investigar se abordará desde el Enfoque Realista-Idealista, el cual se fundamenta en las expresiones vivencial-interpretativas, reflexivas, las expresiones de la Teoría Crítica, la neo-dialéctica, así como todo lo que se oriente bajo la concepción del constructivismo. Este enfoque, sostiene que el conocimiento se adquiere a través de la razón y la reflexión, y que la verdad es algo que se descubre a través del pensamiento lógico y no a través de la observación empírica. Este enfoque enfatiza la importancia de la deducción lógica y la reflexión en la adquisición del conocimiento. Y dentro de este enfoque, como se indicó anteriormente, se encuentra la Teoría Crítica, que es un enfoque filosófico que se orienta en el análisis crítico de las estructuras sociales y culturales y en la identificación de las formas de opresión y dominación en la sociedad. Este enfoque se originó en la Escuela de Frankfurt en la década de 1930 y se ha desarrollado en diferentes campos como la sociología, la filosofía, la psicología y la política. (De Berríos, O. y Briceño M., 2009, págs.49-53)

Por último, este estudio tiene un gran aporte a la ciencia en varios aspectos, por una parte, va a contribuir al desarrollo de la Teoría de la Participación Ciudadana, pues el estudio permitirá identificar y analizar las condiciones en que consienten una participación ciudadana efectiva en el ámbito municipal; también, generará conocimiento sobre la realidad local, es decir, permitirá conocer la realidad local en cuanto a la participación ciudadana en el COMUDE y cómo esta influye en la toma de decisiones de la gestión municipal.  Asimismo, propondrá soluciones para mejorar la participación ciudadana, como la identificación de barreras y obstáculos que limitan una participación ciudadana efectiva, soluciones para mejorarla, entre otras; y, buscará proponer cambios en la calidad de las decisiones tomadas por la gestión municipal, lo que a su vez puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

[1] Las reformas al Código Municipal (Decreto No. 12-2002); La Ley General de Descentralización (Decreto No. 14-2002), y su Reglamento (Acuerdo Gubernativo No. 312-2002); y, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto No. 11-2002) con su respectivo Reglamento (Acuerdo Gubernativo No. 461‐2002).