Dos elementos a considerar para mejorar la educación en El Salvador

En el 2005, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), establecieron proyecciones de cara al 2015 sobre el porcentaje que los gobiernos latinoamericanos debieron proponer como gasto en educación con relación al Producto Interno Bruto (PIB) para lograr las metas del milenio. En ese sentido, El Salvador tuvo que dedicar las siguientes proyecciones: 3.52 % (2005), 4.87 % (2010) y 5.88 % (2015).  

Ninguno de esos porcentajes se logró alcanzar. El país solo dedicó 2.93 % (2005), 3.24 % (2010) y 4.0 % (2015). Los porcentajes anteriores no reflejan una falta de iniciativa del gobierno salvadoreño por cumplir las metas. Por el contrario, se mejoró el acceso a la educación primaria y secundaria pero aún persisten las deficiencias en los resultados de aprendizaje. 

Un problema derivado de lo anterior corresponde a una limitada visión del financiamiento por parte del Estado salvadoreño. El Salvador no tiene decretado ni constitucionalmente o en su Ley General de Educación, cuánto porcentaje se debería dedicar a la educación con relación al PIB.  

Al no existir una visión clara en la normativa salvadoreña, el Estado no tiene una obligación jurídica sobre cuánto dinero se debe invertir en educación; por tanto, se puede incurrir en una asignación arbitraria de los recursos. Por ejemplo, las metas oficiales expresaron que en el 2013 se esperó dedicar 6 % del PIB. Mientras que en el 2016 se supuso destinar “al menos el 7 % del PIB”. Ninguno de esos porcentajes se hizo realidad. Sin un artículo en la Constitución o ley que obligue a dedicar un porcentaje realista, lo propuesto por los gobiernos solo tiene validez discursiva y la ciudadanía no puede evaluar una gestión sin un parámetro legal a comparar. El principio de transparencia, actuar apegado a la ley, no es evidente.  

Al cuestionar si el presupuesto del Ministerio de Educación es efectivo y eficiente, es necesario conocer el significado de cada variable y la relación de ambas en cada país de América Latina para su posterior comparación.  

La eficiencia, se establece al comparar países de una misma región e identificar cuáles tienen una mejor utilización de sus insumos para obtener los mayores productos posibles. 

La efectividad o desempeño, se evalúa al considerar los indicadores de equidad, cobertura y calidad en la educación. Por ejemplo, la tasa neta de matriculación en el nivel primario y secundario, las tasas de repetición, los resultados en pruebas estandarizadas, etc. 

Con lo anterior, se ha concluido que El Salvador se encuentra entre el grupo de países más eficiente pero menos efectivo en Latinoamérica. Lo afirmado tiene sus matices, el país a nivel regional es eficiente (utiliza menos recursos que otros) pero adolece del problema de acrecentar y mantener como eje presupuestario el pago en remuneraciones en su Ministerio de Educación. Es menos efectivo, porque ha disminuido la cobertura de la educación básica, ha aumentado la tasa de repetición escolar en la educación media y los promedios anuales en la PAES siguen siendo bajos.  

Si nos enfocamos en el primer problema, el pago en remuneraciones como porcentaje total del presupuesto del MINEDUCYT, se observa una evolución alarmante. En el 2007 el rubro pasó del 56.5 % al 67.5 % en el 2014. Entre el 2014-2015 el porcentaje aumentó al 73 %. En el 2017 el porcentaje se redujo a 65.34 %.  

Al considerar el porcentaje destinado a salario docente como parte del total en las remuneraciones por períodos presidenciales, el investigador Jeser C. Candray, concluyó que durante la presidencia de Francisco Flores se destinó al sector docente el 37 % de 58 %, con Elías Antonio Saca fue 34 % de 57 %, con Mauricio Funes, el porcentaje aumentó a 42 % de 66 %, producto de la incorporación de los docentes EDUCO. En los primeros años de la presidencia de Salvador Sánchez Cerén, el porcentaje se mantuvo igual, 42 % de 62 %.   

Aunque a primera vista se puede afirmar que del total del rubro remuneraciones se destina un buen porcentaje al salario docente. La cantidad de administrativos y de docentes no es la misma y tampoco el salario devengado por cada uno. En el 2014, se registraron 43 mil 562 docentes frente a 3 mil 656 empleados de personal de gobierno, de ejecutivo, técnicos, administración, de obra y de servicio en la cartera de educación.  

Al revisar el dictamen favorable no. 385 (de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, de la Asamblea Legislativa; para reformar la Ley de Salarios en la parte correspondiente al ramo de Educación en el 2015) que hizo efectivo el incremento de un 5 % a las plazas docentes y administrativas y un 10 % a las horas clase. Se refleja que salarialmente la labor docente es similar a la labor de un funcionario/a de mantenimiento o de alguien con funciones administrativas intermedias.  

En general los docentes nivel 1 y nivel 2 del sector público reciben salarios, contemplando el escalafón, desde los $500 a los $1000 mensuales. Además, los ingresos aumentan con el aguinaldo y con el bono al desempeño docente.  

Desde la labor administrativa y de mantenimiento, contemplando el sueldo base y el sueldo máximo con escalafón, se descubre que un ordenanza recibe un sueldo mensual base de $412.36 y con el escalafón llegará a ganar $634.80. Un encargado de mantenimiento recibe $468.46 y alcanzará a recibir $721.17. Un bodeguero recibe $619.49 y llegará a recibir $953.68… los salarios en otros cargos como vigilantes, auxiliares de servicio o secretarias no varían mucho.  

La estimación es más abismal si se compara el salario docente con funcionarios de alto rango. Un Jefe de Departamento recibe $1200.15 y con el escalafón llegará a ganar $1847.58. Un Director Departamental recibe $2,625 y con el escalafón $4,041.07. Un Colaborador Jurídico I recibe $1575 y con el escalafón llegará a obtener $2424,64… 

La estimación salarial docente es aún más preocupante si observan los salarios en el sector privado. Un estudio publicado por USAID, estimó que los pagos mensuales arrojan cifras iguales o menores al salario mínimo. En parte, porque muchos colegios privados no reciben el apoyo del MINEDUCYT, de las ONG’s u organismos internacionales y porque ofrecen sus servicios a familias de bajos ingresos.  

Lo anterior amerita solventar problemas. Si el nuevo gobierno quiere reforzar la cultura de transparencia, es necesario estipular un rango realista en el porcentaje del gasto en educación como porcentaje del PIB en la normativa nacional; a manera de eliminar la práctica discursiva de prometer un gasto muy lejos de realizarse.  

Asimismo, se debe transformar la lógica presupuestaria que ha imperado desde hace más de dos décadas. El destinar más de la mitad de dinero al rubro de remuneraciones ha generado un presupuesto demasiado rígido. Bajo ese esquema, será difícil implementar nuevas políticas educativas o intervenir en áreas olvidadas como la infraestructura escolar.  

Por otra parte, es fundamental valorizar la función docente. Ahora bien, la valorización no debe involucrar equiparar el salario docente público con los funcionarios de alto rango, sino en reestructurar los salarios entre el profesorado y los administrativos porque las condiciones laborales y el impacto social de uno no son iguales a las del otro.  

Finalmente, al grupo que si se debe apoyar económicamente es al sector docente privado. A pesar de que es un grupo porcentualmente menor, su función es fundamental y su continua marginación provocará grandes consecuencias para cientos de niños y niñas que asisten a los colegios privados de bajo costo por las condiciones actuales de violencia. 

Si el nuevo gobierno no considera el aumento de la efectividad y la eficiencia en la inversión en educación con las medidas contempladas, y muchas más, no será posible mejorar el panorama educativo nacional.