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Iván Gómez Trejo

Iván Gómez Trejo

El hambre que supera decretos y cuarentenas

Cuando el Presidente Bukele anunció la noche del sábado 14 de junio la apertura de la economía, ya días antes el secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Kattán, había adelantado acuerdos con el sector privado en la Mesa de Reactivación Económica.

Sin embargo, desde hace más de quince días, y frente a la necesidad de llevar alimento a sus hogares, cientos de personas se arriesgaron a salir de sus casas pese a la amenaza de ser retenidos y llevados a un “centro de contención” por incumplir la cuarentena mientras se “rebuscaban” por trabajar casi de forma clandestina.

Pedro Hernández, directivo de la Coordinadora Nacional de Vendedores, ya lo había adelantado a finales del mes de mayo, que, con o sin cuarentena, sus agremiados saldrían a las calles a buscar el sustento, por lo que se habían organizado para hacerlo los más ordenado posible. “Mi temor será el interés que tengan las personas por comprar en la calle porque el temor del virus continuará por varios meses”, sostuvo Hernández.

El pasado viernes 12 de junio, el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, anunció acuerdos y protocolos a seguir con los vendedores informales, uno de los sectores más golpeados económicamente. No obstante, mientras esas reuniones se concretaban, muchas personas ya habían tomado sus propias medidas para buscar su sustento.

Kevin M., un joven peluquero quien alquilaba un local en el centro de Soyapango, se vio obligado a migrar hasta Sensuntepeque, Cabañas, tras mes y medio de haber cerrado el establecimiento debido a la cuarentena; a la falta de ingresos se le sumaba el alquiler de $75 que ya no podía pagar.

“Un tío que tiene un negocio de perecederos, en Sensuntepeque, me dijo que me fuera, que me iba a conectar con clientes y que trabajaría por citas visitando las casas”, explica. También utilizó el local para cortar el cabello, a puertas cerradas, por temor a que se enterara la autoridad. “No era cómodo porque había que soportar el calor ya que ni una ventana podía abrir”.

En el local de Soyapango, cobraba $1.50, el precio promedio que pide una peluquería pequeña a clientes, en su mayoría trabajadores o estudiantes. Pero, debido al riesgo por las restricciones de movilidad, aumentó la tarifa a $2.50. El joven también utilizaba los días que tenía habilitados por DUI para salir, los aprovechaba para atender al mayor número de personas que lo contactaban por medio de aplicaciones como Whatsapp.

Aunque según Pedro Hernández, los primeros en abrir en esta semana serán los comerciantes de frutas, verduras y granos básicos. Este rubro igualmente ya estaba en las calles, generalmente sobre vías principales como la carretera de Oro y en las afueras de los centros comerciales. Muchas de estas personas han sorteado su seguridad en fincas privadas en donde entraban en busca de árboles frutales.

Omar es otro joven quien perdió su trabajo luego de que cerrara uno de los restaurantes ubicado en la llamada Zona Real de la colonia Miramonte. Tenía cuatro años de laborar por lo que invirtió su último pago en la compra de verduras, mascarillas y otros productos de primera necesidad. Su improvisado local se ubica en una de las aceras del bulevar del Ejercito, cercano a los centros comerciales y le ha ayudado a cubrir los gastos de su compañera de vida y sus dos pequeños hijos.

“La policía me ha dejado vender en la calle, pero solo verduras me dijeron. Hay mucha gente vendiendo lo mismo, por lo que me he rebuscado para ofrecer otras cositas, pero eso tengo que venderlo a escondidas ya que si me agarra la policía capaz me decomisan la mercadería porque algunos entran por puntos ciegos en las fonteras”, explica. Omar comenta que mucho de lo que se vende en la calle ha subido de precio, ya sea por la dificultad para encontrar el producto o por el riesgo de moverlo. “Es que hay que rebuscarse de alguna manera o simplemente te quedas en la calle con un trapo blanco pidiendo la compasión de los automovilistas”, dice el joven quien espera en algún momento regresar a su antiguo trabajo.

No solo el sector informal ha tenido dificultades, también el área del servicio odontológico tuvo que cerrar operaciones en marzo. Irene C., es una profesional con más de quince años en la atención odontológica y la emergencia la obligó a cerras sus dos clínicas de atención y quedarse literalmente sin ningún ingreso para su hogar. Sin embargo, y ante sus limitaciones y deudas, ha tenido que abrir desde hace 21 días, pero manteniendo la discreción con sus clientes.

“He buscado en internet algunas recomendaciones de protección que deberíamos agregar más a la seguridad, ya que este tipo de servicio por naturaleza exige mucha seguridad e higiene. Los pacientes han sido atendidos por cita, ahora se les pide ser puntuales, dejase tomar la temperatura, llegar solo, no llegar con pendientes, anillos, pulseras o relojes”, comenta la especialista.

La doctora explica que comenzó a trabajar porque tenía tratamientos a medias y algunos de sus pacientes necesitaban segumiento para evitar infeciones, además de ayudar a sus dos asistentes, quienes son cabeza de hogar. La profesional también se ha visto en la necesidad de aumentar sus servicios en un diez por ciento para salir con los gastos de su clínica y su familia.

Aunque la primera fase incluye el servicio de peluquería en la modalidad de citas, Marta S. sigue con incertidumbre. La peluquera tiene dudas de abrir, ya que no sabe si volverá todo con cierta tranquilidad o tendrá que enfrentarse al asedio de las pandillas. “Mi local está ubicado en Ciudad Delgado y desde que lo puse, hace más de un año, me visitaron las pandillas y me dijeron que debía de darles la renta. Gracias a Dios, la dueña del local nos permitió que, debido al cierre, solo le diéramos la mitad de la mensualidad”.

Gloria empezó a atender a sus clientes por cita y a puertas cerradas desde hace un mes, pero sabe que todos sus movimientos siempre son vigilados. “A las semana de abrir se me acercaron y me dijeron que no había problema con el salón, que no tendría que pagarles por un tiempo la renta, pero que la gente que llegue al negocio solo puede ser de la zona. Mis amistades o familiares no pueden venir, por vivir en zonas donde opera la pandilla contraria”, comenta. Esta restricción la hace valorar si vale la pena o no mantener su negocio en el mismo lugar.

Habrá que esperar si la llamada nueva normalidad de vida social, también incluya las medidas de seguridad que los salvadoreños por décadas han demandado y que aparentemente no se detuvieron por la pandemia.

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