El Salvador: Covid-19 y la recuperación económica

La pandemia del Covid-19, C19 en adelante, ha llegado a convertirse en uno de los fenómenos más adversos que haya enfrentado jamás la humanidad. Sus referentes en el ámbito económico reciente serían la Gran Recesión de 2008 y la Gran Depresión de los 1930. En el ámbito sanitario, la Gripe Española de 1918 podría ser el referente. Hay diferencias importantes, sin embargo. 

Mientras en el campo de la salud la comparación con la Gripe Española puede alegarse como sin fundamento, por el hecho de que aquella mató más de 20 millones de personas, y el C19 solo unos cuantos miles hasta ahora, puede decirse que la comparación es valiosa porque permite diferenciar no solo los métodos con que los gobiernos y las autoridades sanitarias encararon el problema en uno y otro caso, sino que también permite distinguir la severidad de los impactos socioeconómicos. Es en el campo económico precisamente donde se encuentra uno de los aspectos más perniciosos del C19.  

Esto, porque en todo el mundo las medidas para contrarrestar las consecuencias del C19 han obligado a una paralización de la actividad económica como no se ha visto nunca. Ni siquiera en las dos guerras mundiales. Para muestra un botón; los medios han mostrado grandes desplegados indicando lo insólito: los precios de los futuros del petróleo han sido en algún momento de abril/2020 negativos, alrededor de $ -37.0 el barril de cierta clase de petróleo estadounidense. En este momento, un número grande de tanqueros se halla distribuido en los océanos, y repletos de petróleo que no se vende por la baja demanda. 

En este escrito se plantean algunas reflexiones sobre el impacto económico del C19 y sobre la manera en que se ha abordado su tratamiento en El Salvador. Después se ofrecen unas sugerencias para abordar el problema. 

1. El C19 en El Salvador 

A nivel macroeconómico, el impacto derivado de la paralización de la economía por más de un mes incluye un aumento marcado en el desempleo, que ya era un problema serio, y un descenso en la producción de bienes y servicios para 2020, que el Banco Mundial estima en -4.5 % y el Fondo Monetario Internacional estima en -6.7 %. Además, se espera una reducción en el flujo de remesas derivado de la paralización temporal de la economía estadounidense. Estos impactos han de traducirse inevitablemente en aumentos en las tasas de pobreza y desigualdad, contrarrestando, al menos en parte, las mejoras que en estas áreas se han registrado en el país en lo que va de los 2000.  

En el país la respuesta de las autoridades se ha enmarcado en lo que puede verse como un  lugar común en el mundo, al menos en el período inmediato del muy corto plazo; es decir, que 1) se ha establecido una cuarentena o confinamiento de la población que ya dura más de un mes; 2) se ha entregado una ayuda monetaria de $300 a la población de menos recursos que se presume desempleada por el confinamiento obligatorio, y 3) se ha decretado un diferimiento en una variedad de pagos de toda la población, como en los servicios de agua, energía y comunicaciones, y en los pagos de préstamos y tarjetas de crédito con el sistema bancario; y también se han diferido en el tiempo los pagos de algunos impuestos de personas y empresas. 

También se han tomado decisiones para un horizonte más amplio, digamos el de mediano plazo, unos cinco años. Estas se refieren a la autorización por la Asamblea Legislativa al Ejecutivo para contratar deuda externa por un monto de $2000 millones; un préstamo de $20 millones con el Banco Mundial, y otro préstamo de $389 millones con el FMI para enfrentar problemas de balanza de pagos. 

2. Sobre la efectividad de las medidas tomadas en el mediano plazo y el crecimiento

En su Comunicado de Prensa No. 20/155, sobre el préstamo de $389 millones a El Salvador, el FMI señala que:  

«Es necesario ampliar temporalmente el déficit fiscal para preservar la salud pública y contener el impacto económico de la pandemia. La estabilidad macroeconómica debe preservarse al permitir que estas medidas temporales concluyan el año entrante—una vez que la pandemia haya concluido—y al comprometerse a un ajuste fiscal gradual a partir del 2021. Dicha estrategia debería tener como objetivo un equilibrio fiscal primario del 3½ por ciento del PIB para finales de 2024 y colocar a la deuda pública sobre una trayectoria firmemente decreciente para alcanzar el 60 por ciento del PIB en 2030, asegurando el cumplimiento con la Ley de Responsabilidad Fiscal”. 

Esta declaración es típica de las operaciones de préstamo del FMI, en cuanto que pone un énfasis en un régimen de austeridad que ha de situar la deuda pública en “una trayectoria firmemente decreciente para alcanzar el 60 por ciento del PIB en 2030 …”; incluso en este caso en que se trata de una operación en el nuevo marco del Instrumento de Financiamiento Rápido, que el FMI está aplicando a un número de países en desarrollo que han solicitado recursos para las necesidades provocadas por el C19. 

No obstante, en la austeridad es en lo que menos se ha pensado en la mayoría de países grandes que están padeciendo la plaga; una preocupación marcada por la magnitud que alcanzarán los déficits fiscales en los próximos 5 o 10 años no se encuentra tampoco. Con EE. UU. a la cabeza y con un gasto adicional estimado en unos $3 billones, con clara tendencia a aumentar en el muy corto plazo, llevando la deuda del  % del PIB hasta el  %. Y lo mismo puede decirse de otros países como Australia, Japón, y Reino Unido; mientras, la Unión Europea todavía debate un plan billonario de rescate. De hecho, las autoridades fiscales en el mundo desarrollado están diciendo que el nivel del gasto “debe llevarse hasta lo que sea necesario” para la recuperación económica. 

¿Qué puede decirse del mundo en desarrollo? Un número de voces calificadas del primer mundo, como Carmen Reinhart, Maurice Obstfeld, Joseph Stiglitz y Kenneth Rogoff,  ha advertido que estos países han de sufrir de manera desproporcionada, llevando al traste sus planes de recuperación y crecimiento, en vista de sus escasos espacios fiscales; han ido al punto de clamar por una respuesta conjunta y solidaria por parte del G20 para hacer disponibles los recursos en los montos “que sean necesarios” para no dejar abandonados a su suerte a estos países; es como dijo la Directora Gerente del FMI: «El problema es gigante, tenemos que movernos con rapidez. Es una emergencia como ninguna otra».  

Se nota entonces que los países industrializados no están encarando sus problemas con el C19 con la misma perspectiva que el FMI aplica a El Salvador. De hecho, para algunos observadores, este sería un proceso en el que “una mano deshace lo que hizo la otra”. Sí, se trata de pasar de una deuda pública (bruta) que por ahora es de casi 85 % del PIB a una de 60 % en un período de 10 años. Sin duda, para algunos países pobres este sería un logro posible; pero para El Salvador es claramente un problema abrumador; aunque se disponga de 10 años para alcanzarlo. Esto, porque el problema de la deuda publica bruta es uno que ha venido desde 2000, cuando era de solo un 35 %, 50 puntos porcentuales menos que ahora.  

El problema de la deuda ha llegado a ser de carácter estructural, provocado en su mayor parte por la falta de crecimiento económico, y en este momento no se conoce en el país un plan para su reanudación. Se sabe que un grupo de expertos de la universidad de Harvard, con el Profesor Ricardo Hausmann a la cabeza, se encuentra trabajando al respecto; se esperaría que inserten el impacto del C19 para un tratamiento en su estrategia; es decir, se espera que en la estrategia de desarrollo que se elabora se incluya un capitulo al menos en el que se indique la manera en que se recupera la economía y luego tenga lugar un crecimiento económico elevado, a “tasas asiáticas”, digamos de no menos de un 7 % anual ininterrumpidamente en un período de unas tres décadas. 

¿Es esto pedir mucho? Claro que sí. Pero no hay otra manera de salir de la pobreza de una forma sostenida, y adelante presentamos un par de acciones que no pueden estar ausentes de una estrategia que pretenda hacer que el país deje de ser pobre. Mientras tanto, es obvio que las acciones que hasta ahora se han tomado en relación con el C19 -no obstante su éxito relativo en cuanto a minimizar el impacto sanitario- no ofrecen una expectativa razonable de que los impactos en el empleo y la producción se vayan a superar. 

Por esto, no nos parece exagerado decir que el país está a la deriva en este momento. Y es que prácticamente todo el tercer mundo se encuentra en esta situación; hay un consenso en cuanto que mientras el primer mundo sufre una contracción aun mayor que la ocurrida en la Gran Depresión, dispone de los medios para contrarrestar en gran parte sus estragos, especialmente en lo que al empleo se refiere. La mala noticia es que esto no es cierto para países pobres como El Salvador. Esto explica a su vez el clamor para que los países grandes muestren solidaridad hacia países como el nuestro. Esta solidaridad puede mostrarse de varias formas, desde el perdón de la deuda externa hasta la provisión de los montos que se necesiten para la recuperación. A veces se ha hablado de una especie de “Plan Marshall para el tercer mundo”, en referencia al programa súper millonario que activaron los Estados Unidos para el financiamiento de la recuperación de Europa inmediatamente después de la 2GM. 

3. ¿Qué se puede hacer?

Primero, conviene establecer un escenario para basar una propuesta: se supone que la plaga termina este año o, a más tardar en la primera mitad de 2021. No tenemos ninguna certeza de que esto llegue a ser así. De hecho, “lo peor está por venir” en relación con el C19, como ha mencionado la canciller de Alemania, en referencia a la posibilidad de rebrotes, como ha sucedido en algunos países que creían superado el problema. 

Una idea principal en lo que se puede hacer es la de integrar las medidas para reparar los estragos del C19 con las medidas relativas a una estrategia de crecimiento económico. En otros estudios hemos hecho la siguiente propuesta: una medida de choque, dada por la puesta en marcha de un programa del tipo de Empleador de Ultima Instancia, EUI, y una medida de mayor duración, dada por la desdolarización con vistas al establecimiento de un régimen de tipo de cambio real competitivo, en los términos de Frenkel (2012), en combinación con una política industrial en los términos de Astorga et al (2014). Esta propuesta se examina con detenimiento en González (2018), (2019) y (2020). 

En relación con el EUI hay que decir que de la misma forma en que un banco central desempeña la función de prestamista de última instancia para salvaguardar el funcionamiento y la salud financiera del sistema bancario, un EUI tiene las mismas características para asegurar la vigencia del pleno empleo o al menos un desempleo mínimo. La lógica del programa EUI se nota de la siguiente cita del estudio que el Profesor Hausmann lideró para FUSADES en 2003: 

Un elemento que actualmente hace falta en los programas sociales es alguna forma de atacar las vulnerabilidades de corto plazo de las personas que pasan por períodos adversos causados por shocks locales o macroeconómicos. Proteger a las familias ante estos shocks requiere de programas que puedan identificar a las personas afectadas y le puedan transferir los recursos sin crear estímulos perversos. … 

Una solución … consistiría en desarrollar programas que ofrezcan un empleo provisional con un salario por debajo del mínimo, para aquellos dispuestos a trabajar en esas condiciones. Estos programas han sido más efectivos para hacerle frente a la vulnerabilidad de corto plazo, pues tienen incorporado un elemento de autoselección: solo aquellas personas en condiciones de verdadera necesidad solicitan participar en tales programas. Ejemplos de este tipo de programas son el TRABAJAR en Argentina, los planes de empleo mínimo en Chile en los ochenta y los programas similares en Indonesia luego de la crisis de 1997. (Pg. 38) 

Aunque en FUSADES (2003) no se toca la figura del EUI, la lógica en cuanto a su necesidad y oportunidad es básicamente la misma: atender las necesidades de empleo entre los trabajadores vulnerables que resulten de un shock local o macroeconómico. Un examen más detenido del EUI, su probable costo para El Salvador, su superioridad sobre otros programas parecidos como el de un Ingreso Básico Universal, etc.,  se encuentra en González (2018). A su vez, la necesidad de un régimen cambiario de tipo de cambio real competitivo se discute en González (2020). 

Nótese que la necesidad de un programa de empleo ante shocks ya se daba en 2003; el agudizamiento de los fenómenos de la migración y la delincuencia en lo que va de los 2000 lo ha vuelto más necesario todavía. El shock producido por el C19 ha empeorado el problema del empleo y la postergación de un programa como los mencionados sería sin ninguna duda muy costosa. 

Referencias  

Astorga, Rodrigo, Mario Cimoli and Gabriel Porcile (2014), “The role of industrial and exchange rate policies in promoting structural change, productivity and employment”. Contenido como capítulo 3 de Salazar-Xirinachs et al (2014). 

Frenkel, Roberto (2012), “Lecciones de política macroeconómica para el desarrollo, a la luz de la experiencia del pasado decenio”. Trimestre Económico, Vol. LXXIX (1) No. 313, enero-marzo. Fondo de Cultura Económica.  

FUSADES (2003), Estrategia económica y social 2004-2009. “Oportunidades, seguridad y legitimidad: bases para el desarrollo”. 

González O., Mauricio (2020), El Salvador: Macroeconomía de la Pobreza, la Desigualdad, y el Crecimiento. Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades, CICH, Universidad Dr. José Matías Delgado. (No publicado). 

González O., Mauricio (2019), El Salvador: Desigualdad, Clase Media, y Crecimiento. Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, ICTI. Universidad Francisco Gavidia. (No publicado). 

González O., Mauricio (2018), El Salvador: Empleo y Crecimiento. Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, ICTI. Universidad Francisco Gavidia. 

Salazar-Xirinachs, José Manuel; Irmgard Nübler, and Richard Kozul-Wright (2014),  Transforming economies: Making industrial policy work for growth, jobs and development. International Labor Organization. Geneva.