El Salvador: seguridad y delincuencia (Parte II)

La violencia es un fenómeno tan abarcante y gravitante que se encaja por todos los intersticios de la realidad social. Sin duda el tema de seguridad ha sido el reto y el desafío más trascendental de todos los gobiernos. Sin el abordaje de la solución a este problema, de nada valdrá la economía, la política de salud o la educación. La seguridad es un problema sentido por la población, un 56.8 % considera que la delincuencia ha aumentado, y un 32.4 % sostiene que sigue igual (CEC-UFG, 2019).   

El problema de la seguridad en El Salvador es histórico. Reparemos brevemente para justificar esta afirmación. Según informes de la Policía Nacional Civil (PNC), el Instituto de Medicina Legal (IML) y la Fiscalía General de la República (FGR) después de la firma de los acuerdos de paz en 1992, hasta diciembre de 2018, se registran 93,933 homicidios. Sólo en los últimos 10 años, 2009 al 2018, se registraron 33,688 homicidios en el país.  

Un estudio realizado por PNUD-AECID de 2015, titulado “Entre Esperanzas y Miedo, La Juventud y la violencia en El Salvador”, revela que la situación de violencia en El Salvador ha alcanzado niveles epidémicos; la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes era de 70 en el 2011, disminuyó a 40 en el 2013. En el 2014 se incrementó a 61 y el país es calificado como uno de los más violentos del mundo. La tasa de homicidios de jóvenes por cada 100,000 habitantes aumentó de 114.9 en el 2010 a 165.2 en el 2015 y descendió a 105.9 en el 2017 (PNC, 2018).  

Un informe reciente brindado por la Oficina de Acceso a la Información Pública de la PNC, publicado por el periódico elsalvador.com, el 31 de octubre de 2019 revela que del 1 de junio al 15 de septiembre ocurrieron 589 homicidios, 5.6 homicidios diario.  

Respecto a los desaparecidos, según informes de la PNC, de los años 2013 al 2018, se reportaron 11,766 personas desaparecidas. La FGR reporta que 22,767 personas han sido víctimas del delito de Privación de Libertad del año 2013 al 2018, la FGR cataloga bajo este concepto las desapariciones de personas (Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH). disponible en: https://oudh.uca.edu.sv/cms/acerca-de.  

Otro informe de la Unidad Especializada de Desaparecidos de la Fiscalía salvadoreña, sostiene que de enero a noviembre del 2019, habían recibido 2 mil 900 denuncias de desaparecidos, lo que significa un promedio de nueve casos por día. No se sabe cuántos de estos desaparecidos son reencontrados. Sin duda los datos son espeluznantes y aterradores.  

Por otra parte, cuando se examinan los planes de seguridad implementados por los últimos gobiernos reparamos que todos han fracasado. Por ejemplo: según datos del Instituto de Medicina Legal, con el plan ‘Mano Dura’ del expresidente Francisco Flores se aumentó de 2,544 homicidios en el 1999 a 2,932 en el 2004. Con el plan ‘Super Mano Dura’ del expresidente Antonio Saca aumentó de 2,932 en el 2004 a 4,367 en el 2009. La famosa tregua de Mauricio Funes pasó de 4,367, en el 2009, a 3,912, en el 2014. Por su parte, el plan del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CSCC), del expresidente Sánchez Cerén, según PNC obtuvo una leve mejora en los homicidios de 3,912 en el 2014 a 3,340 en el 2018. 

Esta violencia social que se vive está produciendo desplazamientos forzados, deserción escolar, está afectando la economía, la inversión y la salud mental de los habitantes. Según una encuesta realizada en el 2017 por la Universidad Centroamericana (UCA) el 5,1 % de la población adulta, aproximadamente 225.822 personas, tuvieron que desplazarse por la violencia. En el área educativa, muchas escuelas están situadas en entornos de alta peligrosidad, afectando los centros educativos en su interior y el nivel de aprendizaje de los estudiantes, además, afecta la permanencia, pues una de las causas de deserción escolar registradas por el MINED es la violencia.  

En el nivel económico la inseguridad afecta directamente a los empresarios y a los emprendedores, la violencia produce inseguridad en la inversión empresarial, tanto interna como externa. El asedio por la llamada renta es un fenómeno constante, directo y efectivo, esta táctica no solamente despoja de dinero a los comerciantes, también produce incertidumbre y miedo de abrir nuevos negocios.   

Asimismo, afecta la economía del Estado. La asignación al rubro de seguridad y justicia es más del triple que se invierte en educación y constituye más del 7 % del presupuesto anual de la nación. En el 2019 fueron asignados $426 millones y la propuesta para el 2020 asciende a $474 millones de dólares, 48 millones más que en el 2019. ¿Hacia dónde va un país que invierte más en seguridad que es educación?  

Las causas de la violencia e inseguridad en El Salvador son variadas y estructurales. Sin embargo, hay consenso de que la principal causa generadora de violencia hoy son las pandillas y maras. Estos grupos son productos de múltiples causas, la guerra que vivimos, familias desintegradas, migración, exclusión social, desempleo, etc. Asimismo, las pandillas son la expresión del sistema económico vigente, nacen en sus entrañas, la forma como acumulan y consumen está enmarcada dentro del modelo. Esta tesis permite formular la pregunta: ¿se puede erradicar las pandillas sin cambiar el modelo económico vigente?  

El presidente Bukele, consiente de la gravedad de la problemática de seguridad, anunció en los primeros días de su gobierno un plan contra el crimen organizado, especialmente contra las pandillas. Este plan incluye tres componentes: recuperar los territorios controlados por pandillas y maras, tener el control de las cárceles, desde donde según reportes de inteligencia emanan el 80 % de las órdenes de homicidios y extorsiones, y por último pretenden atacar las finanzas de las pandillas, pues este financiamiento les permite comprar armas y delinquir.  

En sus seis meses de gestión, el Gobierno se ha concentrado en reducir los homicidios a través de un aumento de la presencia policial y militar en el territorio. Un dato interesante es el descenso de choques armados entre la PNC, FFAA versus pandillas y la caída de homicidios es innegable.  Por supuesto, es prioritario que desciendan los asesinatos, pero las causas estructurales de los mismos continúan presentes. La extorción y las fronteras de los territorios con las pandillas aún se mantienen. Es necesario trabajar con miras a una justicia intergeneracional y trabajar en los problemas estructurales generadores de violencia para que el índice de homicidios sea sostenido.  

En definitiva, a la par de la represión debe ir la inversión y el desarrollo humano, incluir todos los entes del Estado, el sector productivo, el sistema de justicia, superar la contradicción entre órganos y la población en general. Sin el abordaje de la solución a este problema complejo de nada valdrá la economía, la política de salud o la educación.