Raúl H. Velis
La interpretación presidencial de los Derechos Humanos: ¿Debemos preocuparnos?
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El 15 de octubre de 2022, el presidente Bukele sostuvo una reunión de trabajo con su gabinete de seguridad y la recién electa procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara. En dicha reunión, la cual fue televisada en vivo y ahora está disponible en varios canales de YouTube[1], se abordaron puntos de agenda en donde el presidente “dictó” órdenes a los funcionarios del gabinete de seguridad, para poder integrar de mejor manera el trabajo de la nueva procuradora; pero también aprovechó para expresar a la población algunas ideas sobre su visión sobre el tema de Derechos Humanos en el contexto social salvadoreño que me parecen dignas de analizar.
Una defensa mal nutrida en contra de las críticas al estado de excepción.
Avanzada la reunión de trabajo anteriormente mencionada, el presidente Bukele afirmó que nadie duda que los reos o privados de libertad que actualmente abarrotan el sistema penitenciario salvadoreño tienen Derechos Humanos; pero luego se quejó amargamente del trabajo de los anteriores procuradores: dijo que él no recuerda que ninguno de estos funcionarios hayan defendido los Derechos Humanos de la gente honrada (víctimas) y que su enfoque, al igual que el de las ONGs y los otros organismos internacionales de Derechos Humanos con presencia en El Salvador, ha estado en defender los derechos únicamente de los delincuentes, acotando que al parecer en nuestro país a nadie le interesan los Derechos Humanos de la gente honrada.
Frente a las declaraciones del presidente Bukele, las numerosas ONGs y organismos internacionales con presencia en El Salvador, que trabajan directa o indirectamente en el tema de los Derechos Humanos, deberían buscar mecanismos para difundir información sobre el trabajo que ellos realizan en favor de todos aquellos ciudadanos que ven sus derechos humanos pisoteados, sobre todo en durante los sucesivos regímenes de excepción en donde hemos visto varios casos de personas inocentes que han sido encarcelados injustamente. No es ético permitir que se desvirtúe de esta forma tan cínica la labor que estas asociaciones realizan para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos de la población salvadoreña.
Este argumento quejumbroso y populista del presidente Bukele sobre los Derechos Humanos, quiere hacerse pasar por la vox populi de un país hastiado en donde la injusticia es el pan de cada día. ¿Acaso olvida el presidente que el principal responsable de garantizar el respeto de los derechos de la población debería ser el Estado, y que el papel de las ONGs y demás organismos internacionales es asistencial? Si la percepción de la población sobre el atropello a los Derechos Humanos ha cambiado en los últimos años, no es por culpa del enfoque de las ONGs, las cuales hacen todo lo posible por asistir a las minorías y a la gente honrada (como los llama el presidente) y también para denunciar las atrocidades que se están cometiendo actualmente en El Salvador contra los derechos humanos de personas encarceladas injustamente; es más bien responsabilidad del Estado que no ha tenido la capacidad o la voluntad de trabajar para que la población vea plenamente garantizados sus derechos humanos.
La queja presidencial cumple también otro propósito: es una respuesta directa las críticas que su gobierno ha recibido por parte de numerosas ONGs y organismos internacionales, en la implementación sucesiva de varios estados de excepción en los que se han encarcelado a unas 55,000 personas; también a las múltiples denuncias por detenciones arbitrarias de ciudadanos inocentes que le han costado la vida al menos a 80 reos debido a las condiciones infrahumanas que tuvieron que soportar dentro de los centros penitenciarios.
¿Los derechos de las víctimas son más importantes que los derechos de los delincuentes?
El presidente Bukele continuó su “disertación” afirmando que los derechos de las víctimas son más importantes que los derechos de los delincuentes, llegando incluso a aseverar que al hablar de Derechos Humanos y derechos de delincuentes es hablar de cosas diferentes. Lamentablemente esta forma de pensar no es novedosa en el contexto latinoamericano, y de hecho es una noción social y antropológica bastante dañina.
El Dr. Roberto Gargarella (2017), profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, afirma que hacer la distinción entre los Derechos Humanos de las víctimas y los derechos humanos de los delincuentes, y sobre todo pensar que los primeros son ignorados y los últimos son favorecidos, es una idea “groseramente falsa”: al afirmar que no se protegen los Derechos Humanos de las víctimas en favor de la protección de los Derechos Humanos de los delincuentes, implica una “imposibilidad material” aparente de hacer ambas cosas al mismo tiempo; es decir, se presenta falsamente la disyuntiva “¿debemos proteger los Derechos Humanos de las víctimas o a los Derechos Humanos de los delincuentes?”, cuando en realidad esta disyuntiva nunca ha existido
El Consejo de Europa ha establecido que el núcleo de los Derechos Humanos son la dignidad y la igualdad. Es precisamente debido a estos dos elementos que los Derechos Humanos son inalienables, esto significa que no se pueden perder, porque efectivamente están relacionados íntimamente con el “valor” de la persona humana y no con la valoración que podemos tener de ella. Kant nos advierte que no hay que confundir estos dos conceptos, sobre todo porque la dignidad de la persona es intrínseca, es decir, radica en sí misma y no en asuntos externos a ella.
Tanto la dignidad humana como la igualdad entre todos los seres humanos han sido reconocidas y ratificadas a nivel internacional y, como lo hemos dicho anteriormente, a ellas se debe la inalienabilidad de nuestros derechos. Ahora bien, el hecho de no poder perder nuestros derechos no quiere decir que no puedan ser suspendidos o restringidos, y esto está ligado específicamente con el tema de la dignidad humana.
José María Barrio Maestre (2016) en su libro Homo Adulescens explica como la dignidad humana puede ser considerada como dos realidades distintas, una ontológica y otra moral. La dignidad ontológica es innata, se desprende del valor mismo de la persona y por lo tanto nunca puede perderse; es precisamente por este tipo de dignidad que los Derechos Humanos no pueden perderse. La dignidad moral, en cambio, es adquirida y es consecuencia del valor ético de nuestras decisiones y nuestros actos, por lo tanto, puede ser perdida si nuestros actos no son morales.
Por ejemplo: por medio de nuestra dignidad ontológica tenemos el derecho innato de ser libres, pero esto no quiere decir que todo uso que hagamos de nuestra libertad es “digno” de una persona humana. Un delincuente es una persona que ha utilizado inmoralmente su libertad para dañar a otra persona o incluso a la sociedad; la gravedad de sus actos se determina en función de su misma humanidad, tanto más indignos de una persona sean sus actos más graves serán sus crímenes. Ahora bien, aunque la gravedad de la inmoralidad de los actos de un delincuente puede ser aberrante, esto jamás le hará perder su dignidad ontológica. El delincuente no por haber utilizado mal su libertad ha dejado de ser una persona, pero mediante la inmoralidad de sus actos ha perdido su dignidad moral y por ende se ha hecho merecedor del castigo que la respectiva ley le imponga.
La pérdida de la dignidad moral implica que el Estado puede efectivamente suspender o restringir algunos de los derechos del delincuente para que deje de ser una amenaza para sus víctimas, la sociedad y para él mismo; pero incluso en este caso la restricción de derechos del delincuente no es anulativa sino correctiva y, si el caso lo amerita, también deberá ser compensatoria para la víctima del delincuente.
Es por todo esto que debemos reafirmar una respuesta contundente a los comentarios del presidente Bukele, aunque dicha respuesta pueda ser chocante y polémica: tanto la víctima como el delincuente tienen Derechos Humanos, si, y aunque algunos de los derechos del delincuente deban ser restringidos por el Estado en función de la gravedad de su crimen, tanto los derechos de la víctima como los derechos del delincuente son igualmente importantes. No es cierto que debemos disminuir los derechos del delincuente para hacer valer los derechos de la víctima: es obligación del Estado restringir los derechos del delincuente cuando pierde su dignidad moral, pero también debe garantizar los Derechos Humanos de todo ciudadano (víctima o delincuente), dado que todos poseemos una dignidad humana ontológica que no podemos perder nunca.
¿Debemos preocuparnos por lo que el presidente opina sobre los Derechos Humanos?
En este escrito hemos querido arrojar un poco de conocimiento a dos falacias pronunciadas por el presidente Bukele a nivel nacional:
1) Primero: desmentir la supuesta preferencia que las ONGs y los organismos internacionales por defender los Derechos Humanos de los delincuentes. Parafraseando a Gargarella (2017) es una grosera mentira que las ONGs y organismos internacionales hayan defendido únicamente los derechos de los delincuentes y hayan ignorado sistemáticamente los derechos de las víctimas. Que las ONGs y los organismos internacionales critiquen las medidas tomadas durante los sucesivos estados de excepción y que denuncien las detenciones arbitrarias de personas inocentes, tampoco implican que estén del lado de los delincuentes. La disyuntiva de tener que escoger entre defender los Derechos Humanos de las víctimas o de los delincuentes no existe, porque la defensa de los Derechos Humanos solamente hace distinción entre víctimas y victimarios para determinar qué derechos debe exigir y defender en cada caso.
2) Segundo: con base a la opinión de dos expertos hemos desmentido también el falso supuesto de que los Derechos Humanos de las víctimas son más importantes que los derechos de los delincuentes. Si el presidente conociera un poco más, o le interesara conocer un poco más, sobre temas de igualdad y dignidad humana, jamás se le hubiera ocurrido decir a nivel nacional que no solo es necesaria una distinción tajante entre los derechos de unos y otros, sino que los derechos de las víctimas deberían ser más importantes que los derechos de los delincuentes. Esto es una falacia populista. Por mera igualdad y dignidad ontológica, la persona humana no pierde sus derechos, aunque algunos de ellos le puedan ser restringidos cuando sus actos sean inmorales para dañar a otros o a la sociedad.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, vale la pena preguntarse “¿Es importante la interpretación del presidente Bukele en materia de Derechos Humanos?”, la subsecuente respuesta debería ser un rotundo “sí”, sobre todo en un país como el nuestro en donde el Ejecutivo ha secuestrado el poder Legislativo y Judicial, para poder suspender desde el pasado 27 de marzo nuestras libertades constitucionales de reunión, asociación, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, además del derecho a la defensa. Recordemos que por antojo de un presidente que ha demostrado una peligrosa ignorancia sobre Derechos Humanos, cualquier ciudadano puede ser tratado como un delincuente, con derechos menos importantes, hasta que no se demuestre lo contrario.
[1] Obtenido de: https://www.youtube.com/watch?v=v05iYwOs0iw
Bibliografía
Barrio, J. M. (2016). Homo Adulescens. Buenos Aires: Universidad Austral.
Gargarella, R. (9 de Marzo de 2017). Universidad Torcuato di Tella. Obtenido de Di Tella en los medios: https://www.utdt.edu/ver_nota_prensa.php?id_nota_prensa=2804&id_item_menu=6