Las “políticas de uso y privacidad” de la información pública han cambiado

Enero comenzó con una noticia que aún sigue dando de qué hablar a los usuarios de las redes sociales. La aplicación de mensajería “WhatsApp” informaba a sus usuarios los cambios de su política de privacidad de uso de datos. Esta alteración de las condiciones de uso de la app advertía, entre otras cosas, que a partir del 8 de febrero la compañía podría compartir información de sus usuarios a terceros. Este hecho fue considerado por muchos usuarios como una violación a la privacidad y un uso antiético de los datos personales. 

Esta situación de WhatsApp la ejemplifico para mostrar la relevencia que viene ganando el uso de los datos en la sociedad del momento. Los mercados hoy más que nunca entienden la importancia de tener y usar los datos para sus negocios. Hoy más que nunca, montar un negocio sin conocer tu población objetivo, sus gustos e intereses es un riesgo que pocos quieren pasar. Los datos y la información definen tus estrategias. Esto no pasa solo en el mercado, también sucede en otros ámbitos de la vida social y las políticas públicas tampoco están exentas.  

El derecho al acceso a la información pública en El Salvador se logró por medio de una ley publicada en 2011. Este derecho está íntimamente ligado a la democracia puesto que permite la participación activa de los ciudadanos y refuerza la legitimidad democrática de una institución (OEA, 2013). Antes de eso, los ciudadanos estaban a la buena voluntad de lo funcionarios si querían o no compartir información. La importancia de estos datos en la esfera pública supera a la del mercado. Aquí no se habla de negocios, se habla de uso de un derecho reconocido internacionalmente. Para describir la importancia de esta ley no bastarían los párrafos que esta columna tiene, solo basta decir que sin esta ley habría sido difícil conocer el entramado de corrupción que se escondió en gobiernos pasados y posiblemente en este. Lamentablemente algunos ciudadanos nos enfrentamos a otra realidad desde la entrada de esta administración, algo así como lo que pasaron los usuarios de la red social y recibimos no uno sino varios mensajes que nos decían que las “políticas de uso” de la información pública habían cambiado. 

Es lamentable la posición de la administración que se instaló en Plan Maestro desde junio de 2019. Desde esa fecha la información, en algunos elementos, ha ido desapareciendo de los portales institucionales. Para información del lector, hasta esta fecha no tenemos información oficial de la matrícula final 2019 y la matrícula inicial y final 2020 y la deserción escolar 2019 y 2020. Desde esa fecha tampoco se siguió publicando boletines estadísticos, ni los observatorios educativos que habían sido impulsados por la administración Canjura. 

Esta situación ha sido verificada recientemente por este ciudadano quien, con el genuino interés académico, buscaba conocer los resultados en bruto de la prueba Avanzo realizada en 2020. Sin embargo, fui notificado que esta información fue reservada por razones no expuestas ni el tiempo de la duración de la misma. Es decir, los ciudadanos no podemos saber los resultados de esta prueba ni estudiarlos. Esta decisión entorpece el estudio de las políticas pública relacionadas a la evaluación educativa: ¿Cómo se pueden tomar medidas si ni siquiera se saben los datos reales?, ¿qué impacto real tuvo la pandemia en el aprendizaje de los egresados de educación media?, ¿qué se hará al futuro? A esto no se puede responder. 

Whatsapp, ante el escándalo mundial, parece haber reconsiderado la decisión. Quizás esperen el momento adecuado para impulsarlo nuevamente. Aquí, ante esta decisión ministerial solo se escucha un silencio preocupante. Lo que parecía ser al principio unos casos aislados, con el paso del tiempo parece haberse convertido en una política del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Quizás la única política que exista.