Ricardo Hernández Pereira
LOS DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN DOCENTE Y EL INFOD
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Hace unas semanas me invitaron a disertar sobre algunas situaciones que viven los estudiantes que realizan prácticas docentes en los centros educativos del país. Para quienes desconocen el proceso, lo explico: dichas prácticas son requisitos indispensables para egresar de la carrera de profesorado o licenciatura en educación. Muchos de estos practicantes (jóvenes en su mayoría), les son asignados a maestros tutores que, lejos de instruirles como orientadores en su formación, los toman como «auxiliares», designándoles tareas que no les competen en su condición de aprendientes.
La organización de las prácticas docentes les corresponde a las universidades que ofertan carreras de educación. Las escuelas brindan el espacio educativo y, previo convenio, garantizan que dichas prácticas se desarrollen bajo los términos y exigencias acordados por las Instituciones de Educación Superior (IES) y el Ministerio de Educación (MINED) (Art. 7 del Reglamento para las carreras que habilitan para el ejercicio de la docencia en El Salvador). Este es el deber ser, por supuesto, pero en la práctica da la sensación de que no existe la supervisión adecuada de estas instituciones ni de los responsables del centro escolar, abriendo así la posibilidad para que se desarrollen prácticas antipedagógicas, actitudes irresponsables y poco éticas de muchos tutores.
En realidad, el problema es complejo y básicamente radica en: a) la deficiente o poca regulación del sistema de formación inicial docente, b) en los mecanismos actuales de nombramiento de plazas por parte del Tribunal Calificador y c) la poca profesionalización de los maestros en servicio.
Para dimensionar un poco la situación, nombraré algunas de las falencias existentes en nuestro sistema educativo que ilustrarán la situación real en la que nos encontramos:
1) Tendríamos que cuestionarnos la efectividad de los filtros de las universidades que ofertan las carreras de educación, si estas realmente garantizan que se reciban a las personas con las aptitudes y actitudes adecuadas para el ejercicio docente. Hoy en día, podría pensarse que cualquier candidato tendría la posibilidad de recibirse como profesor, sin importar si tiene o no una vocación de servicio. Muestra de ello es la masiva cantidad de docentes que se gradúan anualmente en estas instituciones.
2) El sistema educativo absorbe, a través del Tribunal Calificador de la Carrera Docente, a cualquier persona con el título de profesor o licenciado basándose primordialmente en la antigüedad y la especialidad de estudio (Art. 18, Ley de la Carrera Docente), sin tomar en cuenta otros requisitos como la experiencia laboral, el nivel de estudios y la formación de los candidatos. Es decir, no existe una rigurosa selección para integrar a los mejores elementos a las escuelas públicas, y como consecuencia, nos encontramos con maestros que aún no parecen entender su rol trascendental en la transformación de nuestro país. Algunas políticas han sido propuestas con respecto a este tema por parte de instituciones como Fusades y el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero, ¿se está atrayendo, incorporando e incentivando a los buenos maestros en El Salvador?
3) Hasta el momento, no existe un incentivo que permita la profesionalización docente que haga «mover las aguas estancadas» de nuestro sistema educativo. No existe ningún aliciente para que los maestros del sistema público quieran seguir formándose y exista una retribución por ello. Por ejemplo, un profesor y un máster en educación poseen casi el mismo salario en el sistema público. Aunque existe un aumento salarial por categorías (es decir, por tiempo), este no responde a rendimiento o formación profesional.
Hace menos de un año se creó, por Decreto Legislativo, el Instituto Nacional de Formación Docente (Infod), institución destinada a “regular el sistema de formación inicial de maestros y la permanente formación de los docentes en servicio”. Probablemente una valoración de sus logros hasta el momento sería demasiado anticipada, pero no cabe duda que mientras no se lleve a cabo una reforma a estas leyes que contribuyan a atraer, seleccionar y retener a los mejores maestros, los esfuerzos que lidera el Instituto serán insuficientes. Dicho de otro modo: es necesario un ajuste legal que coadyuve a alcanzar el objetivo de contar con un magisterio comprometido, motivado y actualizado, y dicho desafío deberá llevarse a cabo, irremediablemente, desde el órgano legislativo.
Sin ninguna duda, la oportunidad de la profesionalización y actualización docente es valiosa, pero mientras no exista un respaldo legal que toque los problemas de raíz, las contrariedades en el sistema educativo seguirán en un círculo vicioso: maestros desmotivados, tutores poco comprometidos, experiencias negativas en las prácticas docentes, y por ende, grandes deficiencias en la formación inicial para maestros.
Creo que este es un tema prioritario y del que todas las fuerzas vivas de la academia deberíamos comenzar a demandar cambios, cambios que creo que el Infod también debería comenzar a discutir y liderar.
Ricardo Hernández Pereira es Máster en Política y evaluación educativa de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Docente universitario.