Movimiento de Trabajadores Despedidos: «Se está criminalizando la labor de los sindicatos en El Salvador”

Mientras dirigentes de sindicatos de varias instituciones del gobierno y alcaldías enfrentan procesos de despidos, el representante del Movimiento de Trabajadores Despedidos, Héctor Rodríguez, afirmó que en El Salvador “se está criminalizando la defensa de los derechos laborales, se está criminalizando la labor de los sindicatos”. 

En una entrevista con Disruptiva, Rodríguez explicó que todos los sindicatos que el gobierno considera que se oponen a su gestión, por denunciar falta de recursos en las instituciones o despidos de trabajadores, son desarticulados con diferentes estrategias, pasando a la destitución de sus dirigentes y/o el encarcelamiento de los mismos aprovechando el régimen de excepción. 

Sin embargo, tal como describe Rodríguez, los sindicatos han venido siendo frenados por el gobierno bajo otra estrategia, nada más y nada menos que una vieja práctica de retrasar la entrega de credenciales, pero en este caso hasta alcanzar el tiempo de vencimiento de las mismas, lo cual impide que estos puedan ejercer sus funciones en el marco de la lucha por hacer cumplir los derechos laborales de sus compañeros. 

“Hay un registro de alrededor de 900 sindicatos que existen en todo nuestro país, de dependencias públicas y privadas. De esos cerca de 500 credenciales no han sido entregadas año con año por el Ministerio de Trabajo”, indicó. Esto implica que mientras no cuenten con las credenciales los líderes no pueden pronunciarse ni auxiliar a los compañeros trabajadores. 

El dirigente del Movimiento de Trabajadores Despedidos, organización que la semana anterior cumplió cuatro años de creación, señaló que desde hace cuatro años que el presidente Nayib Bukele asumió la presidencia de la República, más de 21,000 empleados de distintas instituciones del gobierno y alcaldías han sido cesados y en la mayoría de los casos sin un debido proceso, situación que ha movido la denuncia pública de los sindicatos. 

Según indica, algunos despidos han venido con los cierres de instituciones llevados a cabo por el gobierno, pero en otros no ha sido el caso. Rodríguez comentó que el primer bloque de despidos en el sector gubernamental inició en varias, ya desaparecidas, secretarias; en donde unas 700 personas quedaron cesantes. Él, quien fue uno de los afectados, asegura que no se cumplió el debido proceso y tampoco recibieron la respectiva indemnización.    

Los despidos que empezaron a llegar

Luego llegaron despidos en la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Educación, el mismo Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) que está en camino de ser disuelto, el Ministerio de Salud, 25 alcaldías, el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados (FOPROLYD) en donde el 60 % perdieron sus puestos de trabajo cuando este fue sustituido por el Instituto de Veteranos; lo mismo ocurrió en la Dirección Nacional de Estadística y Censos (DIGESTYC) al pasar a manos del Banco Central de Reserva. 

Otras instituciones que realizaron despidos por cierre fueron el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) y el parque Zoológico. 

Según las cuentas del Movimiento, solo en la Alcaldía de Soyapango alrededor de 600 trabajadores fueron notificados de despido y pese a que dos gremios de trabajadores de esa comuna realizaron acciones en demanda del reinstalo, es el caso del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango (SITRASOYA)y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Soyapango (SITMUSOY), a la fecha aún no han logrado que sus compañeros vuelvan a sus puestos. La Alcaldía Municipal de Mejicanos también está entre las que llevaron adelante despidos. 

Más reciente, se denunció los despidos de dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Salud (SITRASALUD), del SITRASOYA, de 3 sindicatos del Ministerio de Obras Públicas (SIETMOP, SITMOP y SIPROMOP), también del Ministerio de Cultura y de la Procuraduría General de la República, con lo cual quedarían descabezados. 

Los procesos en contra los sindicalistas se han producido no solo por denunciar despidos arbitrarios y demandar reinstalo de personal, sino también por exigir cumplimiento de beneficios pactados en el contrato colectivo de trabajo, por ejemplo, en los casos de SITRASALUD, SITRASOYA, la Procuraduría; otros se han dado en el marco de negociación del contrato colectivo, como ocurrió a los sindicalistas de Obras Públicas y del Ministerio de Cultura. 

Miedo al régimen de excepción

“Hemos tenido casos de alrededor de 16 sindicalistas que han sido encarcelados en el marco del régimen de excepción”, afirmó, al tiempo de detallar que en la actualidad 3 de ellos aún están en prisión y 13 son mantenidos con medidas sustitutivas. Estos últimos fueron detenidos en el marco de una protesta para que a sus compañeros del área de aseo les entregaran los aperos para recolectar la basura. 

Esta lista de sindicalistas afectados es mayor si suma el caso de José Leonidas Bonilla, de la Alcaldía de Mejicanos, quien murió cuando estaba encarcelado, e, irónicamente, la juez que llevaba el caso lo exonera de cargos y emitió la carta de libertad el día que fue sepultado. 

“Esas son las cosas inhumanas que están ocurriendo con este gobierno. Hay una situación de violaciones que atentan contra toda dignidad y que pues tarde o temprano este régimen va a tener que dar cuenta de todo el daño que está causando y tarde o temprano la clase trabajadora también va a ir despertando frente a todos estos atropellos que están ocurriendo”, aseveró Héctor Rodríguez, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Despedidos. 

Según manifestó, en este momento “hay trabajadores que el temor al régimen de excepción, a ser criminalizados por protestar por sus derechos, por demandar el debido proceso, por demandar el derecho al trabajo que constitucionalmente tenemos no se pronuncian tal cual debería de ocurrir”. 

Eso es algo que recientemente evidenciaron los secretarios generales del sindicato del INJUVE cuando sus compañeros, en el marco de la disolución de esa institución, se resistieron a participar en una conferencia argumentando temor de que si hacen alguna denuncia pública no les darán su indemnización o no serán llamados para formar parte de la Dirección de Integración que sustituirá. 

Los representantes del Colegio Médico de El Salvador (Colmedes), en distintas entrevistas brindadas a medios de comunicación, han dejado claro que el personal de salud que labora en distintos hospitales públicos pese a vivir un sin fin de carencias que afectan su labor y la atención al paciente se resisten a denunciar por temor a represalias. 

“Hay un terror infundado por el régimen a través de toda su maquinaria propagandística que pone en una situación digamos de inmovilización de la clase trabajadora, que también es delicado en nuestro país porque a la larga lo que está ocurriendo es generar una bomba de tiempo que pronto puede explotar”, agregó Rodríguez. 

Silvia Navarrete, la secretaria general del SITRASALUD, dijo a Disruptiva que cada día se suman más líderes sindicales “suspendidos” para iniciarles proceso de destitución o despido; además de eso les niegan el ingreso a sus centros de trabajo porque los han calificado de “personas peligrosas para la administración pública”, sin tener ningún fundamento legal. 

Navarrete detalló que hasta la fecha tienen contabilizados 100 líderes sindicales afectados, entre ellos los de las instituciones arriba citadas. 

“Esta situación es un grave retroceso en materia laboral, una flagrante violación a la libertad sindical, que se encuentra protegida por nuestra Constitución (Art. 47), leyes especiales (Código de Trabajo, Ley del Servicio Civil, Ley de la Carrera Municipal) y convenios internacionales ratificados por el gobierno de El Salvador, 87 y 89 relativos a la Libertad Sindical”, sostuvo Navarrete, quien también es una de las líderes sindicales afectadas. 

Este contexto advierte que es algo muy preocupante porque a su criterio “pretenden terminar con las organizaciones sindicales que continuamos en la línea de la defensa de los intereses de la clase trabajadora, para que no haya oposición y arrebatar las conquistas históricas de la clase trabajadora, como la jornada laboral de 8 horas, seguridad social, vacaciones, pago de horas extra, nocturnidades, etc. y tener un ejército de esclavos modernos a su servicio, sin ningún derecho, sólo obligaciones…” 

La dirigente sindical aseguró que si la situación de los trabajadores a nivel institucional se puede deteriorar tanto que puede llegar a estar bajo las condiciones de explotación que prevalecían antes de la lucha de los Mártires de Chicago y todos los héroes anónimos que incluso ofrendaron sus vidas para conquistar mejores condiciones laborales, mejor calidad de vida para los trabajadores y trabajadoras.  

Preocupación por confrontación

En medio de esta situación también se alzan voces de académicos, como el padre José María Tojeira, quien el pasado 1 de septiembre en su espacio de reflexión “Al filo de la semana”, expuso su preocupación sobre la confrontación entre gobierno y sindicatos, cuando estos últimos demandan cumplimiento de beneficios. 

“Otro problema endémico es que cada vez se están volviendo más frecuentes los enfrentamientos con sindicatos y con dirigentes sindicales, especialmente cuando reclaman por atrasos en los salarios”, advirtió el padre Tojeira. 

Para el religioso es lógico que un sindicato se preocupe por sus afiliados, es parte de su razón de ser y dentro de ello es normal que salgan a luz cuando hay atrasos en el pago de sus sueldos.  

“Evidentemente reclamar por salarios en mora es una obligación del sindicato. Es decir, atacarlos, presionarlos, amenazarlos, quitarles el trabajo por hacer eso es ya tener una posición antisindical dentro del país”, agregó. 

De acuerdo con sus palabras el sindicato es necesario en la relación obrero patronal, tanto en la empresa privada como en el Estado: “Es decir, si empezamos a pelear contra los sindicatos tenemos un error serio y estamos cayendo en una especie de autoritarismo estatista, que no es justo ni es adecuado, ni conveniente para la política del país”. 

Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Despedidos, que en medio de esta situación ni siquiera se han salvado sindicatos que durante la campaña le dieron su respaldo al presidente Bukele, puesto que se les ha ido terminando la luna de miel, como ocurrió durante los primeros despidos cuando una organización de la Presidencia de la República no apoyó a los trabajadores despedidos de las secretarías y al final, al igual que estas, también terminó por desaparecer.  

Rodríguez recordó que también se da el caso de que las instituciones, como lo ocurrió en la Asamblea Legislativa, desarticulan a los sindicatos que consideran obstaculizan su gestión y crean otros paralelos que forman parte del “comité de aplausos”. 

El camino para los trabajadores y dirigentes sindicales sancionados y en proceso de despido transcurre sobre piedras, debido a que, según explica Rodríguez, las instancias a las que deben acudir en busca de garantizar que se haga valer sus derechos no están respondiendo en tiempo, de ahí que muchos casos están sin resolución. 

Detalló que los trabajadores gubernamentales, que están bajo la carrera administrativa, la primera instancia a la que deben avocarse son las comisiones del Servicio Civil que hay en cada institución, pero estas les están retrasando los casos y luego se declaran incompetentes de conocer las demandas; la segunda instancia a la que pueden acudir es el Tribunal del Servicio Civil, pero en este caso los magistrados están alineados al oficialismo; y la tercera instancia que es el Tribunal del Servicio Civil también dilata en procesar las demandas y resolver. 

“Nosotros tenemos una mora de resolución de casos en el Tribunal del Servicio Civil de cerca del 80 % de las demandas de nulidad. Es decir, el Tribunal no está actuando con la celeridad del caso que demandan los derechos de la clase trabajadora”, puntualizó Rodríguez. 

Afirmó que la misma historia se repite en la Corte Suprema de Justicia a la cual recurren los trabajadores que no son parte de la carrea administrativa. Según indica que, si bien ellos tienen que presentar las demandas de amparo ante la Sala de lo Constitucional, o ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo, resulta que estas también tienen una mora del 80 % de las demandas de reinstalo que han sido interpuestas, pese a que el 60 % de esos casos corresponden a madres jefas de hogar que se ven afectadas por el retraso en la aplicación de la justicia. 

Suma en esto que: “La PDDH (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos) tiene (también) una mora judicial de los despedidos por cerca del 50 %, pero también hemos tenido otras situaciones complicadas tanto con el procurador anterior como con la actual de no ser diligentes en la densa de los derechos de la clase trabajadora”.  

Tras señalar el poco eco que tienen en la PDDH, Rodríguez lamentó que a pesar de que esta instancia surgió de los Acuerdos de Paz, para velar por los derechos humanos, incluyendo los de los trabajadores, “no está cumpliendo el rol y pues también está alineándose al oficialismo para atentar contra el derecho que tenemos miles y miles de trabajadores que estamos siendo vulnerados”. 

Una de las últimas puertas que han tocado es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en donde han puesto una serie de avisos sobre la situación de los lideres sindicales y el incumplimiento de los tratados internacionales que El Salvador ha suscrito con ese organismo y que el Estado debe respetar. 

En el caso de Rodríguez y sus compañeros, que fueron despedidos hace cuatro años, han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a demandar al Estado salvadoreño por violación a sus derechos laborales, incumplimiento al debido proceso, porque no se les indemnizó de acuerdo a la ley. 

Navarrete, al igual que Rodríguez, no descartan que a corto plazo el gobierno logre debilitar el movimiento sindical, bajo lo que ella califica como “la campaña de terror” que lleva a cabo el gobierno en las instituciones para evitar que los trabajadores denuncien fallas. Sin embargo, también externa confianza en que los trabajadores salvadoreños, a los que considera valientes, luchadores “al salir de shock van a retomar la lucha por la defensa de los derechos de la clase trabajadora”. 

“Creo en la gente, especialmente en nuestra gente que tiene dignidad y no se va a dejar pisotear. Venimos de una historia de lucha, desde la conquista de los españoles, donde nuestros ancestros lucharon contra el poderío de esa época. Los salvadoreños no toleramos la represión por mucho tiempo y ya casi llega al límite, con toda esa realidad que vivimos, donde se pretende hacer creer que vivimos en un paraíso a pura publicidad pagada por los impuestos del pueblo salvadoreño”, enfatizó Navarrete.