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Óscar Picardo

Óscar Picardo

Director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Movimiento Universitario de El Salvador: Los números cuentan…

A inicios de los años 90 entrevisté al Dr. Fabio Castillo Figueroa, insigne rector y científico, para redactar el libro la Educación Superior en El Salvador, de la colección “En el camino de la Transformación Educativa” (MINED, 1999). En esa conversación, en su casa en la Col. Flor Blanca, hablamos de todo, inclusive de un movimiento anarquista de origen argentino que había llegado a El Salvador y que buscaba en aquellos tiempos aniquilar a la Universidad de El Salvador, ya que era parte del aparato del Estado. Esta anécdota se me vino a la mente cuando leí los planteamientos del reciente “Movimiento Universitario de El Salvador”, el cual busca disminuir al 50 % las colegiaturas debido a la crisis por COVID19. 

Estamos conscientes de la crisis generada por esta pandemia; sabemos que el aplanamiento de la curva y las cuarentenas están teniendo un impacto significativo en la economía salvadoreña. Menos remesas, menos impuestos, cierre de empresas, desempleo, están ocasionando un ambiente tenebroso y ya se habla de una profunda recesión económica. 

En el “Primer foro virtual de rectores sobre Educación Superior ante el COVID19: Desafíos y oportunidades” organizado por CILAC 2020 (Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe) e IESALC-UNESCO (Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe), Francesc Pedró, director de ISEALC-UNESCO, presentó uno de los principales efectos de la pandemia en Latinoamérica: “Descenso en la demanda (10 y 25 %); reducción de aranceles; cierre de universidades; despido de profesorado; disminución de gasto público en el nivel. 

La estructura financiera de la Educación Superior privada salvadoreña no está diversificada; depende sustancialmente de las cuotas de los estudiantes. Como se sabe, el nivel terciario por Constitución es de “utilidad pública y sin fines de lucro”. De los 176,268 estudiantes universitarios matriculados a nivel nacional, la Universidad de El Salvador atiende a 49,493, la Escuela Militar registra 465, en la Academia Nacional de Seguridad Pública hay 1,059 y en los Institutos Tecnológicos 6,261, el saldo, 119,230 se forman en las universidades privadas, concretamente en treinta y tres instituciones; que dicho sea de paso colaboran con el Estado para formar profesionales. La matrícula del nivel es baja: 24 %, y el sector privado cubre el 67.6 % de la demanda. 

Hablemos de números ahora; la UES tiene un presupuesto (2019) de US$99,607, 472; para tener una idea, el costo global de estudiante por año es de US$1,992.42. Ahora veamos en el mundo privado, por espacio solo voy a presentar algunas instituciones (2018): Universidad Católica de El Salvador US$1,214.21; UCA US$1,572.87; Universidad de Oriente US$974.91; UDB US$1,037.58; UJMD US$1,623.60; UEES US$1,585.74; UFG US$1,301.04; USAM US$1,366.64; UTEC US$922.12. ¿Vamos entendiendo…? La educación en la UES no es gratis o de bajo costo, la pagan los impuestos…; pero el costo real es superior a las privadas. 

Sigamos con los números: Los costos universitarios se dividen, en términos generales, en cuatro áreas: investigación, proyección social, docencia y administración; de cada US$ 100 dólares que ingresan a una universidad promedio: 10 % se va para actividades científicas; 10 % para proyección social; 30 % para docencia; y 50 % para administración. ¿Por qué es mayor lo administrativo?: Pago de infraestructura, personal administrativo y académico, mantenimiento, comunicaciones, servicios básicos de agua, luz, telefonía, internet, impuestos, movilidad, compromisos financieros, becas, transporte, compra de equipo, pago de bases de datos, etcétera. Ahora disminuya en 50 % los ingresos y calcule qué sucede… Sepamos, además, que los salarios del sector académico a nivel regional no son los más competitivos en función del mercado.  

La posibilidad descabellada de reducir las cuotas al 50 %, no sólo afectaría al desarrollo científico, a la proyección social y a la contracción docente, sino que pondría en riesgo la operación de muchas universidades, sobre todo las más pequeñas. A la fecha, con tres meses de crisis, la matricula ya ha descendido no menos del 15 %, teniendo un impacto presupuestario en la operación universitaria. 

En promedio, las universidades grandes entre 5,000 y 15,000 estudiantes- tienen una planta administrativa-académica equivalente al 5 % de la población estudiantil; digamos, en promedio unas 400 personas, entre decanos, directores, coordinadores, gerentes, docentes, investigadores, personal administrativo y mantenimiento. Así, la planilla mensual ocupa no menos del 60 % del presupuesto general. 

Las universidades más potentes, financieramente hablando, tienen una reserva, pero ésta ya se ha afectado con éstos tres meses de crisis. También, se pagan cuotas en algunos casos- no menores a US$ 100,000 mensuales, asociadas al desarrollo de la infraestructura. Se trata de compromisos financieros bancarios. 

Antes de presentar iniciativas “populistas” o que pretendan resolver el problema serio y delicado de algunas familias, debemos considerar todas las aristas. De aplicarse el 50 % de descuento –sin subsidio del Estado- lo que hacemos es agudizar el problema, llevar a la quiebra a la mayoría de universidades y generar más desempleo. Definitivamente ésta no es la solución. Sabemos que la mayoría de instituciones de educación superior ya han flexibilizado medidas, han suspendido cobros recurrentes, multas y a muchos estudiantes se las ha ofrecido becas, medias becas u opciones de pago; esto, a pesar de que las universidades funcionan con una lógica privada, y que por ley tienen libertad en sus decisiones administrativas (Art. 25). 

Que puede haber desequilibrios, universidades con matrículas o cuotas más caras que otras, enfoques más “empresariales” y hasta alguna universidad que disfrace su institucionalidad de “utilidad pública sin fines de lucro” con prácticas menos transparentes, es posible. Ante esto, cada quién tiene también libertad de cambiarse a otros centro privado o público.  

Las universidades, gracias al Sistema de Supervisión y Mejoramiento de la Calidad (Arts. 45 y 46, LES), y a los Subsistemas de Información, Evaluación y Acreditación (CdA), más otras herramientas de control externo –Normas, Agencia Centroamericana de Acreditación (ACAAI), Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrado (ACAP), Hcéres de Francia, etcétera- están muy vigiladas; además de los controles fiscales del Ministerio de Hacienda. 

Hace unas semanas, también se desató una campaña por los costos de graduación en la UFG; el debate se mezcló entre necesidades reales y politiquería, ya que ésta universidad fue invitada a asumir un rol fiscalizador de cara a los gastos del gobierno. Las cuentas de twitter más beligerantes de esta campaña se crearon el mismo día del anuncio de la Asamblea Legislativa. Muchos confundieron los gastos de graduación con los “costos de hotel”; no obstante, este arancel implica trámites administrativos, documentos, exámenes, títulos, etcétera. Obviamente al ser virtual la graduación por la situación de la pandemia, algunos creyeron que no había gastos. El problema escaló hasta el MINED y lamentablemente la Ministra de Educación intervino desconociendo la libertad administrativa de las universidades. Al final la propia universidad gestionó consultas y acuerdos.  

Durante la pandemia las universidades han seguido funcionando y pagando salarios, al momento no sabemos de despidos, recortes ni otras medidas posibles ante esta crisis. Aún más, muchas instituciones han desplegado una capacidad creativa increíble; y antes que se nos olvide: Las plataformas onlineSakai, BlackBoard, Moodle, etcétera- se pagan; el ancho de banda para operar dichas plataformas, se paga; el equipo, servidores, laptop, simuladores, se pagan; y a los docentes tutores, también se les paga. 

La Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa ha recibido varias notas del Movimiento Universitario de El Salvador y también ha recibido a rectores y directores de colegios; ambos grupos han sostenido sus discursos: El Movimiento Universitario rebajar las cuotas un 50 %; los rectores y directores: si se reducen habrá quiebra y despidos. Algunas voces han sugerido que se reduzcan las cuotas y que el gobierno subsidie la diferencia, aunque sabemos que las finanzas públicas están demasiado complicadas para asumir este compromiso. 

¿Cuál es la solución?: a) Recurrir, en primer lugar, a las soluciones que ofrecen las propias universidades; b) Si no está de acuerdo o no puede pagar, valorar la opción de cambiarse de institución a una menos costosa o pública; c) Buscar un crédito estudiantil de bajo interés; d) Detener momentáneamente los estudios mientras se soluciona la situación económica. Las universidades son las más interesadas en retener a su población estudiantil, a ninguna le interesa el abandono o deserción.  

Educación siempre será un “factor de negociación del presupuesto familiar”; la mora es alta –cerca del 20 %- (hay que tomarlo en cuenta también) ya que la gente primero paga los gastos se supermercado o mercado, los gastos básicos del hogar, luego las tarjetas de crédito, las cuotas del banco, la casa, el vehículo y si alcanza la matricula. 

Mientras algunos protestan y proponen descuentos; en la UFG, de modo particular y en el marco de los tres meses que llevamos de cuarentena: creamos un MOOC y capacitamos a 400 docentes; publicamos dos libros sobre COVID19 y decenas de artículos en www.disruptiva.media; creamos el www.observatoriocovid19.sv  y la plataforma www.Centraleaks.org; diseñamos un prototipo de respirador y su registro industrial en el CNR; desarrollamos cinco modelos matemáticos; creamos una calculadora epidemiológica; desarrollamos dos encuestas; ofrecimos asistencia psicológica y jurídica online; sostuvimos no menos de 40 sesiones de trabajo de Universidad Digital y del Centro Universitario de Monitoreo Anticorrupción; preparamos un proyecto para obtener fondos de USAID en Paraguay; creamos la app www.5vid.sv; y no dejamos de dar clases gracias a las plataformas Uvirtual, Microsoft Teams, Skype, AnyDesky, Moodle, Sakai y del potente ancho de banda de 870 Mbps e internet2 que posee la UFG ¿Es algo, no? 

Esperamos que con estos datos el Movimiento Universitario de El Salvador pueda revisar sus planteamientos; los números cuentan, y el remedio puede ser peor que la enfermedad…  

 

Para saber más: 

https://observatoriocovid19.sv/doc/biblioteca/nac/El_aporte_UFG_frente_COVID19.pdf 

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