Nueva Ley de Educación Superior 2024: ¿qué desafíos presenta para la formación docente?

La nueva Ley de Educación Superior (LES), dada a conocer este 15 de mayo de 2024 presenta algunos cambios respecto a las funciones de las universidades e institutos especializados, el (des)encaje de la Universidad de El Salvador en la educación superior, el sistema de créditos académicos. Además, define algunos parámetros por primera vez en una legislación similar para salarios docentes para financiamiento de institutos de investigación y para la formación docente. Todos estos ya comienzan a tener reacciones, sin embargo, de lo que quiero hablar en los párrafos siguientes es de las implicaciones esta nueva de legislación en la formación docente.

Son seis los artículos que la nueva LES destina a la formación del profesorado. El principal cambio es que ahora el profesorado se equiparará, en términos de exigencias de horas de formación, a las licenciaturas, ingenierías y arquitectura (artículo 31). Hasta hoy, la LES de 2004 establecía, grosso modo, que el profesorado y las licenciaturas, ingenierías y arquitectura tenían una duración de tres y cinco años respectivamente. Ahora, bajo el nuevo esquema de créditos académicos, las carreras dejarán de medirse por años y estas carreras de pregrado ahora tendrán que cumplir 240 créditos académicos. Este cambio es un paso positivo porque presenta un nuevo nivel de exigencia para las carreas que dan acceso al ejercicio de la docencia. Sin embargo, presenta otros desafíos.

Uno relacionado al marco legal y es que, una vez aprobada esta nueva ley, será necesario armonizar toda la legislación relacionada, es decir, se vuelve necesaria una nueva Ley General de Educación y una nueva Ley de la Carrera Docente, ambas vigentes desde 1996. Al presentar mayores requisitos para el ejercicio de la docencia, es necesario, por ejemplo, un nuevo esquema de desarrollo profesional docente, un nuevo sistema escalafonario y nuevo mecanismo de concurso de plazas docentes.

Otro desafío, más a corto plazo, es que será necesario un nuevo marco de formación de profesores. La misma iniciativa de Ley presentada da un plazo de tres años (lo que dura el profesorado actualmente) para presentar nuevos planes de formación de profesores acordes a las exigencias emitidas. Nuevamente, como sigue siendo reconocido constitucionalmente y en la legislación vigente, es el Ministerio de Educación el ente rector de la formación docente y quien tiene la responsabilidad del diseño de estos planes, a esta cabrá definir “estándares de formación inicial docente y los programas de estudio que habiliten para el ejercicio de la docencia en los niveles de Educación Inicial, Parvularia, Básica, Media y Superior” (artículo 44). Con ello, aprovechando esta oportunidad de elevar los tiempos de formación del profesorado, caben unas preguntas a los diseñadores de los nuevos planes de estudio y a los tomadores de decisiones: ¿qué nuevo modelo de formación presentarán?, ¿qué estándares serán considerados?, ¿con quién se discutirá?, ¿qué competencias, habilidades y saberes van a priorizarse?, ¿se presentarán planes únicos o habrá espacio para que las universidades aporten de su experiencia?, ¿qué requisitos pondrán a los formadores?, ¿qué planes de formación darán a estos formadores?, ¿qué se hará con los egresados del profesorado hoy?, ¿cómo se armonizará el nuevo esquema al actual en términos de acceso al sistema educativo?

Sin tener claridad en estos puntos, lo único que tendremos es una formación más larga, en términos de tiempo, y más cara, respecto a la inversión que se hará desde el MINED y las universidades, pero igual de intrascendente para las necesidades de nuestros niñas, niños y adolescentes. No siempre más años de formación equivalen a más calidad. No se puede desperdiciar esta oportunidad.

Dije que presenta un nuevo esquema de desarrollo profesional docente porque al igualar los años de formación, esto implicará que los nuevos profesores estarán formados en cuatro o cinco años más tarde. Sin embargo, de nada serviría diseñar el “mejor” plan de formación inicial docente si estos profesores no van a ejercer en la escuela sino que tendrán que esperar diez o quince años para una plaza docente en el sector público que representa más del 85% de la matrícula de estudiantes del país, tal como sucede con los egresados hoy. Mirar a otro lado la crisis de empleabilidad del magisterio salvadoreño sería un tremendo error y volvería todos estos esfuerzos en vano.

Por lo tanto, el MINED debe, de una vez por todas, tomar acciones proponiendo un nuevo marco de desarrollo profesional docente que implica: cambios en la asignación de plazas docentes, permitiendo el ingreso de los nuevos; dignificación docente, en el sentido de permitir que los docentes en edad de jubilación puedan retirarse con una pensión digna; sistema escalafonario con un salario base que crezca en términos de tiempo de trabajo, pero que premie a quien haga estudios de posgrados; becas de formación de grado, para los docentes que actualmente están con grado de profesor en el sector público y becas de posgrados que incentiven la investigación en el aula, por decir algunos.

Todo esto, claro, no es responsabilidad únicamente del MINED, el peor error que puede cometerse es hacer las adecuaciones que implica la nueva LES a escondidas, en secreto y sin incluir otros agentes educativos recordando especialmente que si esto no se discute con los docentes (agremiados o no), nada va a cambiar en las escuelas. Por ello, me gustaría ver foros en las universidades, discusiones en los sindicatos docentes, con las asociaciones relacionadas, profesores en sus escuelas que permitan dibujar trazos que marquen posibles puntos de vista sobre los cambios necesarios.

¿Los escucharán? No lo sabemos, pero al menos debe construirse un marco cultural entorno a estos desafíos.