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Reformar la educación superior: Quien pueda y quiera estudiar es bienvenido

El Director Nacional de Educación Superior Christian Aparicio se está planteando importantes desafíos en lo que respecta a la reforma del nivel educativo terciario; este aggiornamento implica: actualizar la Ley de Educación Superior que data de 1995-1997; revisar y mejorar el sistema de la Comisión de Acreditación; impulsar la internacionalización e innovación en el sistema; generar más y mejor investigación, entre otros aspectos. 

Michael Crow y William Dabars en el libro “Designing the New American University: A Review” han propuesto un modelo revolucionario para una nueva universidad estadounidense. Este enfoque, ahora incorporado al estatuto de Arizona State University (ASU), promueve un diseño universitario que es inclusivo en la admisión de estudiantes, realiza investigaciones con valor público y asume una mayor responsabilidad por el bienestar de la comunidad. Es un modelo que ofrece mejores resultados para los estudiantes y las comunidades y logra una mejor tasa de retorno. Por muchos años, la discriminación académica y la exclusión en base a pruebas estandarizadas meritocráticas ha sido un factor asociado a la “excelencia académica”; Crow y Dabars desafían el estándar y proponen eliminar estas barreras. Quien pueda y quiera estudiar es bienvenido, sin más obstáculos que desafiarse a sí mismo. En un escenario como el nuestro, eliminar barreras es clave, pero hay otros aspectos que se deben discutir. 

El proyecto de USAID “Educación Superior para el crecimiento económico” realizó diagnósticos, diseñó una política específica, equipó laboratorios y dejó las bases para un importante proceso de reforma; estos antecedentes y recursos deben aprovecharse. 

Hay una serie de tópicos que demandan un urgente tratamiento de cara a la internacionalización y actualización del sistema superior; por ejemplo: pasar de la métrica académica de Unidades Valorativas al Crédito académico; actualizar el diseño de planes de carrera con esquemas más flexibles, pero con mejor calidad (pregrado de 4 años y maestrías de 12 a 18 meses); impulsar un verdadero desarrollo científico basado en evidencia; revisar y mejorar el sistema de acreditación por programas; entre otros. 

Otros aspectos que son relevantes para la reforma y se deben discutir son los siguientes: Crear una nueva gobernanza y rediseñar el mapa institucional, estableciendo nuevos criterios más exigentes para “universidades” y redefiniendo el rol de instituciones que no puedan cumplirlos como Institutos Comunitarios de Certificación o Centros de Técnicas Superiores para la habilitación laboral (community college). 

Por ejemplo: Para enseñar en las universidades se debe ostentar como mínimo el grado de máster; al menos un diez por ciento de la planta docente debe poseer doctorado (en un plazo de cinco años medible); un cinco por ciento del presupuesto se debe dedicar a investigación y un cinco por ciento se debe destinar al desarrollo de laboratorios y equipamiento; todas las universidades para acreditarse deberán presentar un informe de logros verificables, que al menos proyecten alguno de estos parámetros: patentes, diseños industriales, publicaciones, artículos arbitrados en journals, grants, movilidad académica, proyectos de impacto comunitario con indicadores, entre otros. Cada universidad debe tener al menos un programa de doctorado; además debe contar con patrimonio y campus adecuado para cumplir con las funciones universitarias.  

Las instituciones que no puedan cumplir estos estándares podrían dedicarse a una función sustantiva para la sociedad, formando técnicos y profesionales para la habilitación laboral. Existe una gran demanda de certificación de competencias para ciertos sectores. Con este esquema, imitando el modelo terciario de Japón, habría instituciones dedicadas a las ciencias formando profesionales-científicos y otras dedicadas a la formación profesional para el trabajo. 

Actualmente hay 24 universidades, 11 institutos especializados y cinco institutos tecnológicos; de estas 40 instituciones sólo hay 13 acreditadas. La matrícula del nivel es de 189,117 estudiantes. De los 77,207 estudiantes que realizaron la prueba AVANZO, menos del 25% ingresarán a las universidades. No debemos olvidar en el análisis que la Universidad de El Salvador necesita un presupuesto adecuado. Nuestros indicadores de eficiencia son muy limitados, sólo un 10% de los matriculados logran graduarse en el tiempo estipulado por el programa, no tenemos patentes universitarias, pocas publicaciones en bases de datos, la tasa de colocación laboral es incierta, la matrícula es muy baja, muchos profesionales se refugian en la docencia como un simple medio de complemento salarial, la vinculación universidad-empresa es limitada, las relaciones con el gobierno van empeorando, muchas universidades privadas funcionan como empresas familiares, entre otros problemas.  

Las universidades no deben verse como “ascensores sociales” (Martín-Baró) para emitir títulos; son centros de conocimiento para dinamizar y transformar un país, en dónde se deben diseñar soluciones a los grandes problemas que nos aquejan.  

Ninguna sociedad es superior a sus universidades…; si seguimos haciendo lo mismo, nada va a cambiar; y la transformación de una nación depende de su sistema educativo superior, evidencia hay de sobra.  

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