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María de los Ángeles Juárez de Henríquez

María de los Ángeles Juárez de Henríquez

Maestría en Administración de Negocios con Especialidad en Comercio Electrónico

Caso El Mozote: el Estado debe promover la memoria histórica

Las acciones que realizamos como individuos dentro de una sociedad están ligadas a los criterios éticos, morales y en algunos casos religiosos que cada uno ha adoptado y aprendido a lo largo de su vida. Día con día, dichos criterios forman parte de nuestras decisiones al enfrentarnos a un sinfín de situaciones para nuestro interés y para con las demás personas. 

Por otra parte, las leyes de cada país buscan establecer un marco jurídico para el bien común a través de la imposición de condiciones para regir las acciones de las personas naturales y jurídicas y las mismas se convierten en un condicionante adicional de nuestras decisiones. 

Debido a la injusticia, la desatención de problemas sociales, las condiciones y leyes estatales que desprotegían los derechos de las mayorías y otros factores más se pueden presentar disputas para la búsqueda de acuerdos. Tales fueron los problemas sociales que afectaron a El Salvador, que desencadenaron el conflicto armado que sufrió el país desde el año 1980 hasta el 16 de enero de 1992, cuando finalmente se firmaron los Acuerdos de Paz. 

El conflicto armado en El Salvador causó un aproximado de 75,000 muertes y otras tantas más desaparecidas. Uno de los sucesos más representativos, sin duda fue la masacre de “El Mozote”, que sucedió en diciembre de 1981 y de la cual, aún en estos días, se busca el reparo a las víctimas y sus familiares por los daños causados. 

Antes de la guerra civil, El Salvador se vio envuelto en un ambiente de represión, injusticia social y económica. Los antivalores éticos y morales de los gobernantes de esa época eran evidentes, lo cual hizo que estallará un conflicto armado entre organizaciones y agrupaciones civiles, obreras y campesinas y la Fuerza Armada del país. 

De acuerdo a múltiples investigaciones, como la de la Comisión de la Verdad, retomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; desde inicios del año 1981 la Fuerza Armada de El Salvador recibió asistencia económica y adiestramiento militar por parte de los Estados Unidos para realizar acciones en contra de la guerrilla y a personas que a su juicio eran colaboradores de esta, cuya nación se desligó de la participación en los hechos. Uno de los primeros grupos adiestrados fue el Batallón Atlacatl bajo el comando del Teniente Coronel Domingo Monterrosa Barrios. 

Siguiendo un falso patriotismo y una despiadada estrategia de “tierra arrasada”, la cual consistía en el exterminio masivo de personas sin distinción de género ni edad, y la destrucción de cualquier recurso que podría ocupar la guerrilla, el Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada llegó al poblado de El Mozote y a otros lugares aledaños y dio muerte a la mayoría de sus pobladores entre el 9 y 11 de diciembre de 1981. 

Según fue aceptado por el Estado Salvadoreño, en la masacre murieron 986 personas, de las cuales 558 eran niños, niñas y adolescentes, la mayoría entre las edades de 0 a 12 años. Hubo ejecuciones extremadamente violentas, violaciones, torturas y otros que atentaron contra la dignidad humana de estas personas. Sin duda, la justificación que podrían pertenecer a la guerrilla era poco creíble y no era vinculante con las atrocidades cometidas. 

Aún bajo este contexto, las autoridades del país negaron los hechos y no realizaron investigaciones, la prensa local cayó y no se pronunció ni investigó, a pesar de reportajes de periódicos en el extranjero como el New York Times y The Washington Post que exponían testimonios de sobrevivientes. Lo anterior contribuyó a la impunidad de los hechos y persistencia de los valores antiéticos de las acciones de los altos dirigentes del gobierno de ese entonces. 

Estos hechos demuestran que la libertad humana y la de las entidades no es del todo cierta, porque está sesgada y sujeta ante el autoritarismo de otros, a la presión social, política y económica, en este caso de entes que pretendían que los hechos no fueran investigados y continuar con sus perversos y amorales intereses. 

Sin embargo, los sobrevivientes de la masacre como Dorila Márquez de Márquez, Rosario López Sánchez y María Margarita Chica Márquez, entre otros más, principalmente por el testimonio de Rufina Amaya, así como presión de otras instituciones como la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador y Cristosal, lucharon enérgicamente por la justicia, el reparo de los daños ocasionados y la determinación de responsabilidades por parte del Estado y de los participantes. 

El convencimiento moral de la búsqueda de la justicia fue la principal motivación de la divulgación de la verdad de los hechos. Sin embargo, esta justicia fue restringida por el establecimiento de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, en 1993, que evitaba el proceso penal por los hechos ocurridos durante el conflicto armado. 

No obstante, ante la insistencia de la justicia por las familias de las víctimas y por la ayuda de organizaciones sociales, los hechos y evidencias fueron llevados a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuyo dictamen de fecha 25 de octubre de 2012 se estableció la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos humanos a la vida, la integridad y la propiedad privada, y manda al Estado a realizar acciones de reparación de los daños a las familias afectadas, así como tomar medidas para evitar este tipo de hechos tan lamentables, entre otros complementarias. 

Asimismo, la Ley de Amnistía fue derogada en julio de 2016 y actualmente se llevan acciones legales que buscan la determinación de responsabilidades y la posible justicia deseada por los afectados, así como medidas de reparación social a causa esta masacre y de las causas y consecuencias del conflicto armado en general. 

Entre la ejecución de una orden y el deber moral y ético 

Desde nuestro proceso de formación en los primeros años de vida, aprendemos valores morales y éticos que nos marcan el resto de nuestras vidas para la toma de decisiones. Posteriormente, en nuestra formación como profesionales, en los trabajos mismos y en las relaciones con la sociedad, desarrollamos y adquirimos la formación de conductas éticas para el desempeño de nuestras labores y acciones, las cuales no deberían estar alejadas a los valores ya aprendidos, sino únicamente matizados al plano profesional y social. 

Asimismo, para el bienestar común, el respeto a los derechos humanos y para evitar conflictos entre las personas, el Estado dicta leyes para definir las responsabilidades, lineamientos y derechos de los entes que participan en la sociedad. La determinación de dichas leyes y la administración de las mismas deberían estar basados en argumentos de personas expertas y morales que buscan el bien común y la justicia, tal como lo proponía Sócrates en tiempos de la antigua Grecia. 

Sin embargo, en cualquier momento de la historia, las relaciones humanas siempre han sido conflictivas y esto parte de su misma naturaleza de expresar sus ideas y luchar por sus ideales, debiendo tener como referencias los valores que fueron inculcados; no obstante, ya sea por persuasión externa o decisión propia, dichos valores aprendidos son dejados a un lado para lograr el resultado a costa de cualquier cosa, aún por encima de la integridad de otras personas, haciéndose más evidente que el fin no justifica los medios y generando el repudio de terceros. 

En ese sentido, cada vez que conocemos sobre hechos delictivos, como homicidios, violaciones y agresiones, nos preguntamos cómo el responsable de los actos fue capaz de realizarlos: “¿No tiene valores morales? ¿No tiene sentimientos de culpabilidad?, ¿Qué valores antiéticos lo llevaron a cometer el delito?” Y llegamos a concluir que seguramente tendrá el alma vacía o perversa por el mal realizado, tal como lo expresaba Sócrates por la importancia del alma. 

Sin duda, es por ello que cuando se recuerda el caso de la masacre de El Mozote, quienes guardamos valores como empatía, solidaridad y sentido de justicia, no dejamos de sentirnos perturbados y entristecidos por tales hechos oscuros que marcaron la historia de El Salvador y de toda Latinoamérica. 

Ante estos crímenes de guerra y de lesa humanidad, es difícil imaginar que las personas que participaron en el operativo no pudieron detener la ejecución de una orden proveniente de un rango superior cuando es evidente que los resultados atentarían contra los derechos e integridad de terceros y ejecutarlos con lujo de barbarie. Las autoridades participantes, tanto autores intelectuales como materiales, no tuvieron la convicción, valentía y disentimiento de la consecuencia de sus acciones contra la vida humana de muchas personas inocentes. 

Considero que la lucha del poder, el falso patriotismo, la adopción de antivalores, la baja moral y la injusticia fueron determinantes para que los hechos fueron llevados a cabo sin remordimientos. Asimismo, el realizar lo correcto no debería ser una obligación moral, porque el reglamento de conducta así lo establece o porque existe una ley que así lo rige, sino por convicción propia y en base a la meditación de las consecuencias de los hechos traerán a nuestra vida y a la de terceros y que además la ejecución afectaría el alma, como esencia de la persona. 

Posteriormente, como resultado de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los presidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén pidieron perdón en representación del Estado; sin embargo, los verdaderos autores no se han pronunciado ni aceptado su responsabilidad en los hechos. Siempre han sido negados por el excomandante Juan Rafael Bustillo y el mismo coronel Domingo Monterrosa. 

En la mayoría de las guerras se pude afirmar que no hay vencedores, sino sobrevivientes. Tras años de luchas y enfrentamientos se lograron acuerdos entre las partes involucradas, se buscó entendimientos, la reparación económica y social por los daños ocasionados; sin embargo, el conflicto armado dejó atrás hogares vacíos por las pérdidas humanas, vidas marcadas por alguna incapacidad física o mental, personas que tuvieron que dejar sus propiedades porque fueron desplazados, vivir en la zozobra ante los enfrentamientos, la migración, el rebrote de la violencia, pérdidas de valores, compasión y empatía, entre otros que afectaron el progreso social del país. 

El caso de El Mozote es un triste ejemplo que se debe trabajar arduamente para que las autoridades juzguen por igual a las personas vinculadas, que no exista corrupción, que no haya influencia del poder de las altas autoridades locales y extranjeras, que no existe la evasión de las responsabilidades, que se edifiquen las condiciones para la reparación de los daños. 

Asimismo, el Estado y como sociedad en general tenemos la responsabilidad de cubrir la brecha de educación, la cimentación de valores éticos y morales, evitar actos de corrupción, persecución y establecimiento de penas y sanciones por delitos, buscar la igualdad de derechos humanos, el establecimiento y cumplimiento de leyes para el bienestar común y la búsqueda y reparación de la verdad y la justicia. 

Conclusiones 

  • La formación de la ética y la moral deben ser cimentada desde nuestro hogar y el Estado debe ser garante de ofrecer un ambiente justo y armonioso para la sociedad en general.
  • La sociedad debe de buscar la fomentación de valores éticos y morales y como ciudadanos y profesionales de este país debemos generar los ambientes idóneos para evitar actos de corrupción y de violación de derechos humanos que atenten la integridad propia y de terceros.
  • Como personas y ciudadanos de un lugar en común debemos discernir y tomar decisiones propias bajo valores morales y éticos que busque el alimento del alma y el alcance de la felicidad común.
  • Tal como lo dice el lema del caso: “El Mozote, nunca más”, el Estado y la sociedad debe promover la memoria histórica para evitar olvidar y concientizar para que este tipo de hechos tan fatales no se repitan.
  • En un estado que encubre la justicia, la libertad y la verdad no puede ser justo, moral y ético. Por lo que el Estado debe enfrentar los hechos y establecer responsabilidades y compensaciones.
  • El Estado debe promover leyes que permitan el bienestar común, inversiones para la reparación de las vidas de las víctimas, así como dar seguimiento y resolución de los delitos que permitan la construcción de la paz y la obtención de la justicia para este y todos los hechos que atenten contra los derechos de las personas.

Bibliografía 

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