“Si la meta es llegar a cero embarazos en niñas y adolescentes tenemos que empezar por evitar que la violencia sexual ocurra”, Silvia Juárez de Ormusa

El último Mapa de Embarazos en niñas y adolescentes, El Salvador 2023, publicado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), señala que en los últimos años se ha dado un avance en la reducción de esta problemática, pero sigue advirtiendo que aún existen desafíos para eliminarlo. 

El documento, titulado “Llegar a cero embarazos en niñas y adolescentes: cada día más cerca”, precisa que la tasa de embarazos en niñas y adolescentes ha bajado en más de un 50 % entre 2015 y 2022; no obstante, el organismo matiza que aún no se puede cantar victoria en momentos en que El Salvador continúa en la lista de los 50 países del mundo con mayores tasas de fecundidad en niñas de 10 a 14 años, tal como indican los datos del Departamento de Asuntos Económicos y sociales de Naciones Unidas. 

Este Mapa de Embarazos, que va acompañado de una campaña de sensibilización, se realiza en coordinación y con datos oficiales generados por instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Instituto de Medicina Legal, el Consejo Nacional de la Primera Infancia y la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos. 

A través del estudio, el UNFPA plantea que el país, a partir de los avances alcanzados, se encuentra en posición de llevar a cero la incidencia de embarazos en niñas y adolescentes, aunque para lograr esa meta se necesita hacer esfuerzos para contar con una cobertura educativa universal; tener acceso a servicios integrales en salud con énfasis en anticonceptivos modernos y efectivos; lograr un cambio cultural favorable impulsado por diferentes actores; disponer de un set de datos altamente desagregados y actualizados que permita monitorear de manera continua la situación. 

Silvia Juárez, coordinadora del programa Derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, de Ormusa, ve con cuidado el avance expuesto por el organismo internacional porque considera que la disminución, si bien existe, por el momento no es significativa.  

“Es decir, 496 (embarazos de niñas y adolescentes menores de 14 años reportados en 2022) frente al dato de 2019 que fue de 543 apenas es alrededor un punto porcentual de diferencia, es decir no me parece que debamos tener un discurso triunfalista sobre esta realidad”, dice Juárez. 

Aunque no deja de considerar que “sí es relevante porque significan menos niñas en situación de embarazo y que también pasamos de un dato donde se registraban por ejemplo 68 embarazos por día en 2015, ya en 2022 se redujo a 28 embarazos en niñas y adolescentes por día”. 

La representante de Ormusa afirma que eso significa un cambio, pero sigue siendo un reto erradicar el problema, sobre todo porque hay sitios de la zona occidental, oriental y el litoral en donde hay más incidencia, algo en lo que, a su criterio, puede estar incidiendo algunos temas como el de la centralidad, acceso a la información, acceso a salud y acceso a programas de salud sexual reproductiva. 

“Estos datos también están evidenciando que esos 78 municipios que se mantienen por encima de la tasa nacional de embarazo, es decir que la superan, estamos hablando de una cultura de la violación que se mantiene inalterada”, precisó en alusión a los datos arrojados por el estudio. 

El Fondo de Población enumera tres situaciones en que las niñas están vulnerables al embarazo, una de ellas es que muchas se ven inmersas en uniones conyugales tempranas bajo la figura de cohabitación no matrimonial, que ocurren con aval de las familias. 

“En 2021, el 74.7 % de las adolescentes de 15-19 años con experiencia de embarazo ya contaban con experiencia de unión conyugal, o sea, está casada o acompañada o lo había estado en su vida. En el área rural, es el 81.6 %, mientras que, en el área urbana, el 70.1 %. Asimismo, supera el umbral del 80% en 6 de los 14 departamentos del país: Ahuachapán, Cuscatlán, San Miguel, La Paz, Cabañas y Usulután”, indica el informe.  

Cuando las adolescentes entran en uniones tempranas tienen dificultad para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en forma autónoma, es decir, están lejos de poder decidir por sí mismas sobre el uso de anticonceptivos, cuidado de su salud, mientras otras lo hacen con intervención de su pareja. 

“La incidencia de embarazos en adolescentes nunca unidas conyugalmente es más alta en el área urbana que en la rural (29.9 % en contra de 18.4 %). Asimismo, supera el umbral del 25 % solo en 2 de los 14 departamentos: San Salvador y La Unión”, observa el Fondo de Población. 

Otra situación de vulnerabilidad, que muestran los datos de la Encuesta de Salud 2021, se relaciona con el hecho de que las adolescentes de 15 A 19 años con experiencia de embarazo nunca han estado casadas o acompañadas, pero en su mayoría han tenido relaciones sexuales durante el noviazgo; y una tercera situación de vulnerabilidad a los embarazos está relacionada con la violencia sexual. 

“La Encuesta Nacional de Salud 2021 indica que 18.2 de cada mil adolescentes de 15 – 19 años tuvo su primera relación sexual por un acto de violencia sexual; es decir, la tuvo sin dar su consentimiento», expone el documento del UNFPA. 

 Según el ranking departamental de la incidencia de embarazo en niñas de 10 a 14 años, del año 2022, el 17.1 % que enfrentó esta situación fue resultado de un hecho de violencia sexual. 

Sin embargo, hay departamentos en que los valores incluso estuvieron por arriba de la tasa nacional de embarazos, como el caso de Cabañas que fue del 37.5 %; La Paz 29.3 %; Cuscatlán y San Salvador de 21.7 %, y en Santa Ana fue 19.2 %. 

Silvia Juárez sostiene que en el informe está evidenciando que hay 78 municipios que se mantienen por arriba de la tasa nacional de embarazos, lo que implica que hay una cultura de la violación que se mantiene inalterada. 

“Si esa realidad no cambia, es decir, esas reglas del juego en las cuales se considera los cuerpos de las mujeres, especialmente las niñas y adolescentes, como algo apropiado, deshumanizado y sobre lo cual se puede ejercer violencia con total impunidad, el mapa de embarazos no va a cambiar significativamente, incluso teniendo campañas. Si la meta es llegar a cero tenemos que empezar por evitar que la violencia sexual ocurra”, expresó Juárez. 

Frente a esta situación considera que las niñas y adolescentes de los 78 municipios son las que deben tener mayores intervenciones a partir de la política de educación sexual y reproductiva, en aras de prevenir embarazos, por ejemplo, motivando un cambio cultural, que va más allá de dar acceso a consulta preconcepcional, sino que también incluya la transformación de la visión que los hombres, desde la juventud, tienen sobre la sexualidad y el relacionamiento con las niñas, adolescentes y mujeres. 

La especialista de la Ormusa detalló que las niñas y adolescentes siguen siendo el grupo etario más afectado tanto en lo urbano como rural, pero en este último caso tienen menos condiciones de acceso a la salud, vinculado a que en el país hay un debilitamiento en el primer nivel de atención de salud, lo cual puede estar afectando de mantera negativa la realidad que viven y que se ve reflejada en el Mapa de Embarazos. 

El estudio del organismo coincide con lo expuesto por la representante del Ormusa, al señalar, entre otras cosas, que “los datos evidencian la necesidad de dar información científica y adecuada a la edad, para superar mitos y prejuicios sobre el uso de los diferentes métodos anticonceptivos y sobre la importancia de prevenir embarazos durante los noviazgos (aun cuando se tengan relaciones sexuales con poca frecuencia)”. 

Consultada sobre cómo define la situación de las niñas a partir del Mapa de Embarazos 2022, Juárez afirmó: “Creo que sigue siendo una situación crítica; es decir no estamos garantizando a las niñas una vida libre de violencia, un proyecto de vida, una identidad sexual y que sea considerada sujeto de derecho…”. 

La especialista subrayó que si existe una disminución en los índices de embarazos en niñas y adolescentes se debe de estudiar cuáles han sido los actores que han contribuido a ello, aunque la disminución sea leve, y cómo es posible mejorar los sistemas de detección y alerta temprana ante la violencia sexual, además de atender todos los programas y políticas de salud sexual y reproductivas, no prohibirlas, como ocurrió el año pasado cuando se eliminó de la educación pública todos los temas que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos, con educación integral de la sexualidad y la afectividad. Estos, según detalla, tienen que ser la apuesta más importante para la erradicación de los embarazos en este grupo poblacional. 

“También creemos que es importante una mirada sobre la intervención del sistema de salud como uno de los mecanismos de alerta temprana ante la violencia sexual», advirtió. 

A su criterio si hay una política de Crecer Juntos es de apostarle a estar junto a las niñas. “Creo que (llegar a cero embarazos como plantea el UNFPA) es una meta posible y obligatoria. Erradicar la violencia contra las niñas y adolescentes es obligatorio”, puntualizó. 

Según lo expuesto en el estudio: “El embarazo a temprana edad es una barrera multidimensional para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia que puede tener efectos sociales a lo largo del tiempo. En primer lugar, puede afectar la trayectoria de vida de las madres, desde la perspectiva de los riesgos a la salud, las dificultades para cursar la educación secundaria y terciaria, los problemas para acceder a un empleo decente”, entre otros aspectos.