Investigación educativa sin datos, ¿es posible…?

Wood y Smith (2018) establecen que la investigación educativa tiene como principal característica fomentar la práctica reflexiva en torno al proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual permite a su vez la mejora de este proceso y por ende la mejora de la calidad de la educación. Cuando en junio del 2021 la Universidad Francisco Gavidia (UFG) me ofreció la oportunidad de dedicarme exclusivamente a la investigación educativa dentro del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), me sentí especialmente motivado por contribuir a la mejora de la calidad educativa salvadoreña; pero no podría haber imaginado el reto que esto representaría en función del acceso a la información oficial sobre los diferentes problemas que aquejan a la realidad de la educación nacional. 

Con el estallido de la pandemia por COVID-19 y la implementación de políticas educativas orientadas a la ejecución de un ambicioso plan educativo multimodal que combinaba elementos de la educación virtual, la televisión y la radio educativa, parecía que se abría un abanico de oportunidades para que los investigadores pudiéramos dedicarnos al estudio de esta nueva realidad educativa. Lamentablemente sucedió todo lo contrario: el abanico no solamente nunca se abrió, sino que fue sujetado cada vez con más fuerza por el Estado para negar el acceso a la información sobre los planes, programas y políticas educativas de la administración del presidente Bukele.  

El bloqueo sistemático al acceso de la información pública ha sido una crisis que se ha encrudecido en los últimos años y que ha afectado la percepción y la confianza de la población; esto queda evidenciado en un compendio de investigaciones especializadas en materia de transparencia y anticorrupción, publicado por el Observatorio de Políticas Públicas de la UFG. La confianza que la población siente por la transparencia de instituciones como el MINEDUCYT es bastante precaria, ya que solamente un 28% de la población encuestada percibe que durante la pandemia del COVID-19 no se ha cometido ningún acto de corrupción, mientras que el 60% percibe que se ha cometido poca o mucha corrupción durante este período de tiempo (Morán Argueta, 2021, pág. 151) 

Otros aportes a este tema los podemos encontrar en los escritos del investigador Jeser Candray, quien denunció esta nociva práctica gubernamental de negar acceso a la información pública por parte del MINEDUCYT; primero en una publicación realizada en esta misma revista en julio del 2020 (Una regresión en el acceso a la información en el MINED), de nuevo con otro escrito en febrero de 2021 (Las “políticas de uso y privacidad” de la información pública han cambiado), y luego con una nota en El Diario de Hoy, publicada el 19 de mayo de 2021 en el sitio www.elsalvador.com (Educación pone en reserva datos que investigadores usan para realizar análisis). El 22 de abril de 2022, Raúl Benítez brindó un informe sobre el actuar del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y de cómo han mal utilizado la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para declarar 281 reservas de información desde el 1 de junio de 2019 a mayo de 2021. Según el último reporte sobre el índice de información reservada por el MINEDUCYT, obtenido en el sitio www.transparencia.gob.sv, actualmente existen 78 declaraciones de información reservada por esta cartera de Estado. 

Por sí solo, el número de declaraciones de información reservada por el MINEDUCYT es preocupante, no solamente por la cantidad, sino por la naturaleza de esta información que ya no puede ser conocida ni por la población, ni por los investigadores al menos en un período de siete años. Si esto no fuera suficientemente malo, el bloqueo de acceso a la información no solamente se limita a las vías “legales” utilizadas por las instituciones del Estado, sino también a la aplicación de otro tipo de tácticas utilizadas que procederé a explicar con base a una experiencia profesional con una propuesta de proyecto de investigación internacional. 

En abril de 2021, los investigadores postdoctorales Daniel Teodoro Morales y Suzanne Marselis de la Universitiet Leiden de Los Países Bajos (UL), establecieron contacto con el director del ICTI para proponer una investigación interinstitucional sobre el efecto que las políticas educativas orientadas a cerrar la brecha digital estaban teniendo sobre los niños y jóvenes salvadoreños. En junio de 2021, cuando me involucré en el proceso como investigador del ICTI-UFG, comenzamos a trabajar de forma conjunta los primeros elementos del plan de trabajo y la metodología que se emplearía. Si bien por la coyuntura política de aquellos días se intuía que sería un reto, se procedió a la elaboración de una nota técnica para presentarla a las autoridades salvadoreñas competentes, a fin de solicitar formalmente el acceso a la información sobre la aplicación de los programas educativos gubernamentales relacionados a este tema (entrega de computadoras y recursos tecnológicos). 

En agosto de 2021, los investigadores postdoctorales de la UL, con ayuda de la embajada de El Salvador en los Países Bajos, contactaron a Karla Eugenia Majano de Palma, Directora General de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), y a Fabrizio Mena, Subsecretario de Innovación ad honorem, para presentarles el proyecto de investigación y evaluar la viabilidad del mismo. En el mes de septiembre del mismo año, se agendó una primera reunión por video conferencia con todas las instituciones involucradas; por parte de la ESCO participaron Cecilia Gabriela Lemus Romero, Ana Yolanda Arévalo Santos, Carlos Martín Maceda Martínez y Christopher Daniel Meléndez Bertrand. El propósito de esta reunión era principalmente que el equipo de investigadores de la UL y el ICTI-UFG pudieran presentar la nota técnica del estudio y sentar las bases de una colaboración interinstitucional con el Gobierno de El Salvador para llevar a cabo la investigación en cuestión. 

A los pocos días de haber realizado esta primera reunión, los investigadores postdoctorales de la UL notificaron al equipo de investigadores del ICTI-UFG que Cecilia Gabriela Lemus Romero de la ESCO los había convocado solamente a ellos dos para una segunda reunión el día 8 de octubre. En esta reunión los representantes de la ESCO ofrecieron a los investigadores postdoctorales de la UL acceso a la información solicitada, pero con la condición de sacar a los investigadores del ICTI-UFG del proyecto de investigación. Como resultado de esta maniobra cuestionable los investigadores de la UL, indignados por este atentado a la libertad académica, decidieron abandonar el proyecto y trabajar en un eje temático diferente. Como consecuencia directa de las prácticas gubernamentales para bloquear el acceso a la información pública a los investigadores nacionales se perdió irrevocablemente una excelente oportunidad para estudiar el fenómeno de la educación multimodal en El Salvador.  

Cabe la pena mencionar que desde el 1 de febrero de 2021 la información sobre estudiantes y docentes que han recibido recursos tecnológicos, plan de datos para acceso a internet, cantidades de equipos adquiridos, precios de estos equipos, procesos de adquisición, asignaciones presupuestarias para la adquisición de recursos tecnológicos y contratos de adquisiciones fue declarada como reservada según el índice de reserva modificado por última vez en marzo de 2022.1 

Es innegable que a nivel nacional existe un bloqueo en el acceso a la información pública, pero al parecer el problema podría estar afectando incluso a organismos internacionales. En marzo de 2022, UNICEF América Latina y El Caribe publicó un informe con datos sobre el número de semanas que las escuelas estuvieron cerradas durante la pandemia del COVID-19 en la región y su posible relación con el porcentaje de niños que muestran la capacidad de leer un texto sencillo.  

Me llamó poderosamente la atención que en el ya mencionado informe no figura ningún dato sobre El Salvador. Ante esto surgió inevitablemente la siguiente interrogante: ¿por qué un organismo internacional como UNICEF no publica datos sobre la realidad educativa salvadoreña en un tiempo tan importante como lo ha sido la pandemia por COVID-19? En dicho informe, la UNICEF cita tres fuentes de información: 1) el informe “Respuesta Educativa de UNICEF en ALC frente al COVID-19 2; 2) el Módulo de Habilidades Fundamentales de Aprendizaje de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS por sus siglas en inglés) de UNICEF3; 3) y el Índice de Pobreza de Aprendizaje de la UNESCO y el Banco Mundial4. Al consultar estas fuentes solo se pudo encontrar referencias a algunas declaraciones realizadas por Magdalena Bendini con respecto a las proyecciones del Banco Mundial sobre el Índice de Pobreza de Aprendizaje para El Salvador en el periódico “El Economista”5 

Aunque en las diferentes actualizaciones del informe LACRO de la UNICEF se incluyen datos del cierre de los centros escolares y otros datos sobre la vacunación de menores niños, niñas y profesores en El Salvador, no se refleja ningún otro dato relacionado a la calidad de la educación o la adquisición de habilidades y/o competencias por parte de los alumnos. En la actualización 28, publicada el 15 de septiembre de 2021 se menciona que UNICEF ha apoya al gobierno de El Salvador en la compra de laptops para maestros y estudiantes, pero no se especifican los detalles de la inversión ni la cantidad de equipos a adquirir. (UNICEF, 2021, págs. 9-10). También se encontró que en la actualización 31 publicada el 16 de diciembre de 2021, el único dato de El Salvador con respecto a su realidad educativa es que el país estaba en “receso académico”. 

En una nota aclaratoria, el informe LACRO establece que UNICEF América Latina y El Caribe solo ha incluido información sobre los países de la región de los que se han recibido datos a través de las oficinas nacionales de UNICEF sobre el número de escuelas abiertas y el número de niños y niñas beneficiados por la reapertura de escuelas. 

Con esta información, escribí un correo a UNICEF El Salvador el 7 de abril de 2022, para consultar sobre la falta de información sobre la realidad educativa salvadoreña en el informe de UNICEF América Latina y El Caribe publicado en marzo 2022. Luego de un breve intercambio de correos electrónicos, la última respuesta oficial recibida el día ocho de abril fue la siguiente: “le sugerimos que contacte al equipo de educación de la oficina regional quienes ha desarrollado este informe y le pueden dar más detalle de las fuentes de información.” De esto podemos inferir que UNICEF El Salvador no envió o no posee datos estadísticos sobre los temas tratados en los informes de UNICEF América Latina y El Caribe anteriormente mencionados.  

Tomando en cuenta la última respuesta recibida por UNICEF El Salvador, el 8 de abril envié un correo electrónico a Laurent Duvillier y a Vincenzo Placco, jefe de comunicaciones y Education Manager de UNICEF América Latina y El Caribe respectivamente, para continuar indagando sobre este vacío de información sobre El Salvador en los informes anteriormente mencionados, pero no se obtuvo ninguna respuesta. Un último correo electrónico fue enviado al señor Vicenzo Placco el día 3 de mayo insistiendo en el particular, pero al cierre de este artículo no se ha recibido respuesta alguna a ninguna de las interrogantes planteadas. ¿Es acaso UNICEF víctima también del nocivo bloqueo de acceso a la información tan habitual en la administración del presidente Bukele? Dejo esta pregunta abierta para que pueda ser contestada por aquellos funcionarios que quieran y puedan hacerlo. 

Retomando el planteamiento inicial de mi escrito, si entendemos que la investigación educativa tiene como principal propósito mejorar la calidad de la educación mediante la práctica reflexiva en torno al proceso de enseñanza y aprendizaje, pero los investigadores e incluso los organismos internacionales no tenemos acceso a ningún tipo de datos oficiales de lo que pasa en la realidad educativa; ¿cómo podremos fomentar cambios significativos de mejora en la educación?, ¿debemos resignarnos a este divorcio entre la academia y las instituciones gubernamentales? La respuesta a esta última pregunta es un rotundo no. Los académicos e investigadores debemos encontrar formas de obtener datos e indagar sobre la realidad educativa actual para fomentar la investigación, con o sin ayuda de las instituciones gubernamentales, y a pesar de los bloqueos y prácticas cuestionables que estas utilicen para bloquear y ocultar de forma “legal” la información de lo que está aconteciendo en las escuelas de El Salvador.  

Como académicos e investigadores nuestra mayor responsabilidad con los niños y las niñas salvadoreñas es precisamente fomentar cambios de paradigmas que contribuyan directamente a construir una educación de calidad para ellos; pero esta responsabilidad también la compartimos con el gobierno salvadoreño. El Estado debe reconocer que necesita de la ayuda de los investigadores y de la academia para poder ofrecer a la población una educación que pueda responder a las exigencias del mundo de hoy y es precisamente por esto que el bloqueo de información pública para la academia y los investigadores debe terminar lo más pronto posible. 

Referencias 

Candray, J. (2 de Julio de 2020). Una regresión en el acceso a la información en el MINED. Recuperado el 29 de 4 de 2022, de Disruptiva: https://www.disruptiva.media/una-regresion-en-el-acceso-a-la-informacion-en-el-mined/ 

Candray, J. (3 de Febrero de 2021). Las “políticas de uso y privacidad” de la información pública han cambiado. Obtenido de Disruptiva: https://www.disruptiva.media/las-politicas-de-uso-y-privacidad-de-la-informacion-publica-han-cambiado/ 

Joma, S. (19 de Mayo de 2021). Educación pone en reserva datos que investigadores usan para realizar análisis. Obtenido de elsalvador.com: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/ministerio-de-educacion-reserva-informacion-estadistica-prueba-avanzo-oscar-picardo/839894/2021/ 

Morán Argueta, R. (2021). Compendio de investigaciones especializadas en materia de transparencia y anticorrupción. San Salvador: UFG Editores-Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia. 

UNICEF. (2021). LACRO COVID19 EDUCATION RESPONSE: UPDATE 28 STATUS OF SCHOOLS’ REOPENING. New York: UNICEF. 

Wood, P., & Smith, J. (2018). Investigar en Educación. Madrid: NARCEA, S.A. DE EDICIONES.