Parte VI: Deliberación y participación para una América Latina inclusiva

Ahora bien, si para alcanzar una buena vida humana se requiere, como ya previamente se mencionó, de una participación de la ciudadanía en la determinación de las políticas públicas, es decir, que la democracia en ese sentido debe generar políticas que mejoren las posibilidades de justicia y participación, esto eleva el debate a cuestionar la capacidad de la democracia actual de incluir a los ciudadanos en América Latina. 

Es elemental aclarar, que el debate no está centrado en una crítica destructiva de la democracia procedimental, después de todo los mecanismos y procedimientos que esta encierra han planteado avances en la región en lo que respecta por ejemplo a despojarse de regímenes dictatoriales o militares que fueron parte de la historia de la región previo a los años noventa, sin embargo su capacidad se ve disminuida y entredicho en cuanto se busca dentro de la misma respuestas a problemas como la pobreza, la desigualdad, la violencia, etc. 

Más adelante, se ha de retomar este punto nuevamente, ya que ahora conviene considerar la percepción de la ciudadanía sobre la democracia procedimental, de manera que pueda identificarse su estado actual, tomando en cuenta para ello diversas variables que ofrece el Latinobarómetro (2017), las cuales son: niveles de apoyo y satisfacción con la democracia.

En cuanto al apoyo a la democracia en la región de América Latina existen dos datos importantes a destacar. El primero de ellos, relativo a la indiferencia al tipo de régimen, específicamente entre un tipo de régimen democrático y uno no democrático. Así, se tiene que uno de cada 4 latinoamericanos es indiferente al tipo de régimen, siendo para el año 2016 un 25 % la indiferencia, aumentando 2 puntos porcentuales con relación al año 2015 (Latinobarómetro 2017). 

El otro dato de importancia es que desde el año 2010 es visible un proceso lento de deterioro en el apoyo a la democracia en la región, cayendo 8 puntos porcentuales en el año 2017 en comparación con el año 2010 y reportando una caída de 1 punto porcentual entre los años 2015 y 2016, lo que lleva a encontrar que, por quinto año consecutivo, el apoyo a la democracia no mejora. A continuación, puede apreciarse el registro histórico de apoyo a la democracia en la región, en el periodo comprendido entre el año 1995 y el año 2017.

La segunda variable, expuesta en la figura anterior, es con relación a la satisfacción con la democracia. En el año 2017, solo un 30 % de latinoamericanos se encontró satisfecho con la democracia, con una caída de 4 puntos porcentuales en comparación con el año 2016, que reportó un 34 %. De igual forma, entre los años 2013 al 2017, la insatisfacción de los latinoamericanos con la democracia tuvo un incremento de 8 puntos porcentuales, reportándose para el año 2013 un 57 % de insatisfacción y un 65 % en 2017 (Latinobarómetro 2017).

Los datos antes presentados, no dejan lugar a duda: la democracia se encuentra ante un declive. Esta problemática, si bien no es percibida de manera urgente por el propio modelo o sistema político es una realidad como a nivel cuantitativo se puede percibir. A esto debe asociarse que la democracia, en especial la liberal y en su versión procedimental pareciera no tener un oponente que pueda hacerle frente, quedando entonces en una posición de ganadora absoluta: “La democracia liberal no tiene, pues, verdadero rival. A partir de ahora un solo y único modelo de poder democrático, la democracia representativa moderna, constitucional y laica, anclada firmemente en una economía esencialmente de mercado domina la vida política del mundo moderno” (Benéton, 1995: 82).

Visto todo lo anterior, es posible esgrimir dos conclusiones. La primera es que la democracia procedimental predominante en la región es entendida como un mero método que no ha brindado respuestas a la búsqueda del bienestar más allá de la libertad individual (Quiroga, 2000). La segunda es que la democracia, una vez agotada en cuanto a sus reglas y procedimientos, no determina mayor procedimiento que implique alcanzar una idea sustantiva del bien común que contemple la inclusión de los ciudadanos en la decisión de los asuntos públicos, mediante la apertura de espacios para la deliberación y participación.

De esta forma, la democracia procedimental parece constituirse paradójicamente como un obstáculo para la inclusión de la ciudadanía, dando así lugar a una exclusión en la toma de decisiones políticas que puedan apuntar a sobreponerse a la privación de los medios que limitan el alcance de una buena vida humana. Esta exclusión es reducida y contraargumentada por los liberales a nivel teórico, bajo la existencia de la participación a través el voto como ya hartamente se indicó. La situación se puede describir así: “La paradoja que envuelve a las democracias en América Latina, entre otros ejemplos, es que pueden tolerar, sin derrumbarse, el acceso desigual al poder, la distribución desigual de la riqueza, así como también la existencia de ciudadanos privados de los medios que igualan las posiciones de partida, es decir, privados de la igualdad de oportunidades. Estas formas tan cuestionadas de democracia pueden convivir con la miseria de más de un tercio de los ciudadanos que son ostensiblemente apartados de la sociedad” (Quiroga, 2000: 367).

La segunda de las conclusiones es que la democracia hoy por hoy es concebida por los ciudadanos como lejana a los intereses colectivos, cuestión que queda evidenciada en con los bajos niveles de confianza y a la vez queda por sentada una visión de que la forma de gobernar tampoco corresponde con las mayorías, cuestión que apunta al descrédito y sostenibilidad. De esta forma “la euforia por el triunfo democrático no ha durado demasiado y de una democracia sin enemigos se ha pasado a una democracia sin seguidores y a la generalización del descrédito de la política, que, al parecer, ha extraviado su identidad. Al carecer de rivales y pesar sobre los mismos una responsabilidad universal, los actuales regímenes democráticos soportan un aluvión de críticas por lo que no saben hacer (crisis de incompetencia), por lo que no pueden hacer (crisis de impotencia) y por lo que aun sabiendo o pudiendo hacer no hacen (crisis de inobservancia)” (Vargas-Machuca, 2016: 63).

La exclusión entonces, anclada a la arquitectura democracia, representa el primer Desafío a superar con miras a proponer un modelo inclusivo, que apunte a lograr la libertad sin que nadie quede fuera, tal como se propuso al inicio de este escrito. Lidiar con esta exclusión implica entonces un abordaje de la arquitectura de una democracia que rehúsa en su esencia hablar sobre participación y deliberación desde la ciudadanía en la toma de decisiones políticas y, por otra parte, una democracia que se encuentra ante un descalabro silencioso que podría apuntar a la ingobernabilidad y que refleja una desconexión con la ciudadanía ante la incapacidad de reproducir un orden justo que apunte a la satisfacción de demandas sociales e inclusión.